Entre rieles y silbatos.*

En un contexto de profundas desigualdades y de luchas contra el despojo de la tierra y el agua, a partir de las últimas décadas del siglo XIX, los yaquis se vieron obligados a abandonar parcialmente su territorio y desbandarse en distintos puntos del estado de Sonora. En ese sentido, su presencia dejó una amplia huella documental en lo relativo a los trabajos agrícolas, ganaderos, mineros y obreros, aunque por supuesto, los documentos surgidos en relación con su participación en la guerra, seguían siendo los más constantes.

En este artículo buscamos dar respuesta la interrogante sobre cuáles eran los procesos judiciales o prácticas criminales, y en qué medida se veían involucrados en éstos los indígenas de Sonora, especialmente los yaquis (en ocasiones, como víctimas; y, en otras, como victimarios). Nuestro periodo de estudio se inscribe durante el Porfiriato, pero la muestra trasciende este periodo, mediante la consulta de las fuentes documentales en el acervo histórico del Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Hermosillo, que nos permitió adentrarnos en un periodo mayor que abarcó los años de 1833 hasta 1926. La muestra que utilizamos consiste de 2,339 expedientes, de los cuales 54 son sobre indígenas.

Asimismo, para poner los datos duros en un contexto más amplio y cualitativo, complementaremos la información con fuentes bibliográficas, orales y hemerográficas. Las primeras, son abundantes, pues los yaquis han sido el grupo indígena de Sonora más estudiado desde varias disciplinas. Es por eso que resulta imprescindible destacar las investigaciones de Raquel Padilla Ramos, Edward H. Spicer, José Luis Moctezuma Zamarrón, entre otros; así como la historia documentada por militares y médicos contemporáneos a la guerra del Yaqui, como lo son Francisco P. Troncoso, Manuel Balbás y Fortunato Hernández.

Recordemos que los yaquis conforman un pueblo originario que desarrolla una cultura propia en ocho pueblos ubicados en la parte baja del río Yaqui, los cuales se localizan en el sur de Sonora, entre el puerto de Guaymas y Ciudad Obregón. Son hablantes de jiak nooki o yo’emnooki, una variante de la lengua cahita de la familia yuto-azteca, y aunque en 2010 el INEGI los reconoció apenas en número de 16,508¹ ellos afirman que son más de 40 mil.² Los yaquis se han distinguido por la prolongada resistencia que han sostenido en aras de la defensa de su territorio y de su patrimonio biocultural, misma que hasta la fecha se lleva a cabo, expresada en la lucha contra el gasoducto Aguaprieta que se les ha tratado de imponer, así como contra la operación del Acueducto Independencia, que trasvasa agua del alto río Yaqui a la ciudad de Hermosillo.

Como ya hemos afirmado, conforme se intensificaban los niveles de violencia por la guerra suscitada contra los yaquis, estos indígenas fueron saliendo de los pueblos del río del mismo nombre, tanto para extender su radio de acción bélica, de saqueo o pillaje, como para asalariarse en ranchos, haciendas y minas de Sonora, y allende el estado, cruzando de hecho la frontera para refugiarse en el vecino territorio de Arizona.³ Esto explica la diversidad geográfica que acusan los expedientes que hemos empleado.

Los documentos más persistentes recabados en el Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Hermosillo⁴ son los que siguen el curso de las vías férreas, como veremos más adelante. De los datos empíricos que nos arrojaron, realizamos los siguientes cuadros sobre delincuencia, discriminando los expedientes en los que un indígena no estuviera involucrado. De esta manera, de la población originaria dispersa en Sonora, tenemos que fueron los yaquis quienes cometieron más delitos en relación con el resto de los grupos étnicos:

Esto correspondería de manera proporcional con el universo de los grupos, ya que eran los yo’eme yaqui y yoreme mayo los que conformaban el más grande. Son estos los resultados que se pueden observar en el cuadro 2, desprendidos del censo de 1895, en el cual, sin distinguir entre yaquis y mayos, demuestra que la lengua cahita era la lengua nativa más hablada en todos los municipios del estado de Sonora:

En cuanto a los crímenes cometidos por los mismos yaquis, fue el robo el más común, teniendo en cuenta también su modalidad de asalto. Se percibe una diferencia sustancial respecto de las siguientes transgresiones. En este cuadro (3), es pertinente aclarar, que se presentan los delitos en los que los yaquis estuvieron involucrados, ya sea como victimarios o como víctimas (esto último en el caso de accidentes relacionados con el ferrocarril).

Llama la atención que el delito de rebelión no encabece la lista. Las sutilezas conceptuales dicen mucho. En ese sentido, ya existía una preocupación en torno a la terminología jurídica y política para referirse a los yaquis en guerra, como nos lo prueba este comunicado de 1890 que alude al caso de extradición de un yaqui en Arizona, y es el que sigue:

Si la respuesta era la de “simples bandidos”, no se podía solicitar la entrega del imputado,¹² mientras que, si era la de “rebeldes”, ésta sí procedía. La contestación del gobernador de Sonora fue que lo dejaba a criterio judicial, pero el criterio judicial era también político. Así lo demuestra el hecho de que, en 1892, es decir, dos años después del documento anterior, a los yaquis inmiscuidos en la toma de Nogales,¹³ el Consulado mexicano en Nogales, Arizona los calificó como “rebeldes”, tajantemente.¹⁴ Así, intentando responder a la observación de por qué el delito de rebelión no encabeza la lista, lo más factible es que el robo, el asalto, el saqueo o el pillaje, así como el contrabando y algunas de las lesiones y muertes, fueran derivados de las condiciones de guerra.

Como pudimos observar en el cuadro 1, es muy alto el porcentaje de procesos judiciales en los que los yaquis están implicados (72.7%). Si bien es cierto que era el grupo más populoso, y que entre 1875 y 1882, el coronel Francisco del Paso y Troncoso estimaba que era la población de yaquis de aproximadamente 20,000 a partir de “la cantidad de hombres de guerra que han puesto en campaña en sus últimos alzamientos generales” [Del Paso y Troncoso 1905: 23-4], también lo es que hay otros factores implícitos.

Como indica el cuadro referente a hablantes de lenguas indígenas (cuadro 2) emanado del primer censo formal del estado de Sonora, el de 1895, la población hablante de cahita (yaquis y mayos) era de 26,795 personas, lo que representaba 14.2% de la población total de la entidad.¹⁵ Para el mismo censo, por ejemplo, sólo se tiene registro, a partir del idioma habitual de la población, de 650 pápagos, 155 pimas, 73 ópatas y únicamente cuatro seris en todo Sonora.¹⁶ No hay que dejar de tener en consideración que la población yaqui fue disminuyendo debido a tantos años de guerra constante y también a enfermedades o epidemias, como la viruela [Del Paso y Troncoso 1905: 24].

Otro de los puntos que resaltan es que las lesiones y muertes ocasionadas por el ferrocarril representan 50% de los casos judiciales registrados durante los años que cubre este artículo, a pesar de que el ferrocarril de Guaymas a Nogales comenzó a construirse en 1880 bajo el gobierno de Luis Emeterio Torres [Tinker 2010: 244 y 245]. El expediente más antiguo relacionado con los accidentes del ferrocarril data, en efecto, de 1885. A medida que la construcción del ferrocarril avanzaba rumbo al sur, los eventos en dichos lugares, evidentemente fueron aumentando.

La información encontrada y presentada hasta este momento nos fue modificando la pregunta inicial, la cual se interesaba por los índices delictivos de los indígenas de Sonora durante el Porfiriato, y nos llevó a las siguientes: en términos cuantitativos, ¿cómo los yaquis están relacionados con accidentes de ferrocarril?; y en términos cualitativos, ¿por qué ellos?

A continuación, presentamos un cuadro que muestra todos los casos de accidentes en el ferrocarril en Sonora, de 1885 a 1909 encontrados en los expedientes del ACCJH.

Resulta intrigante que casi cien por ciento de los casos presentados es sobre yaquis, excepto dos, en los cuales los implicados eran indígenas mayos, y otros dos en los que no se especifica el origen étnico. En ocasiones, aunque no estuviera explícito en el expediente, la etnicidad del implicado se podía inferir por el apellido; si era Buitimea, por ejemplo, seguramente era yaqui, aunque también podía ser mayo. Por esa razón en algunas ocasiones fue difícil establecer la distinción.

No está de más repetir que la población yaqui era la más numerosa (seguida de la mayo) respecto a los otros pueblos originarios del estado. Recordemos asimismo que, según los censos consultados de 1895 a los más actuales, los yaquis han habitado en distintos municipios del estado de Sonora, presentando una tendencia de movilidad que no es tan visible en los otros pueblos originarios. De esta manera, en el censo de 1895, por poner un ejemplo, yaquis y mayos están registrados en la totalidad de distritos que considera el padrón,¹⁷ siendo los únicos¹⁸ indígenas que presentan esta característica.

Francisco del Paso y Troncoso ha señalado que “por todos los distritos del Estado […]; en los inmediatos del Estado de Sinaloa; en la Baja California y en los minerales de Chihuahua […] hay diseminado un gran número de estos indígenas Yaquis y Mayos” [Del Paso y Troncoso 1905: 23]. Años después, debido al desplazamiento forzado, hasta en Estados Unidos se les vería; sin mencionar su trágico exilio a distintos puntos del sur del país, como Oaxaca y Yucatán.

Parte de esta movilidad y de los elevados números de yaquis accidentados en el ferrocarril, pudo deberse también a cuestiones laborales:¹⁹ John Kenneth Turner, en su famosa obra México bárbaro, refiere la manera en que era considerado… “un trabajador yaqui vale por dos norteamericanos y por tres mexicanos” [Turner 2010: 36]. Y esto se concebía así, no sólo en Sonora; lo que supone que eran los candidatos predilectos a la hora de contratar trabajadores en toda la entidad. El mismo Del Paso y Troncoso afirmaba de los yaquis que “ellos son los que componen las cuadrillas de trabajadores de las haciendas agrícolas; ellos son los operarios de las minas; son los mejores marinos de nuestra costa; son los que hacen la pesca de la perla en la Baja California […], ellos son el verdadero pueblo trabajador” [Del Paso y Troncoso 1905: 44]. Como estos empleados, suponemos que eran casi en su totalidad hombres, podemos en un primer momento explicar los resultados que arroja la siguiente gráfica:

Empero, siguiendo la ruta del tren y contrastándola con los mapas que presentan Alejandro Aguilar Zéleny y José Luis Moctezuma Zamarrón [2013: 11] en Los pueblos indígenas del noroeste. Atlas etnográfico, se muestran las regiones etnográficas de la entidad, y es allí en donde se puede observar claramente que había otros pueblos nativos cuyos territorios no quedaban lejos de la línea férrea. Esto entonces descarta la posibilidad de que yaquis y mayos fueran los únicos accidentados en el tren por el hecho de tenerlo presente en su entorno cotidiano.

Para ilustrar un poco la idea, se presenta este mapa elaborado a partir de los mismos casos revisados en el ACCJH:

Lo que el mapa nos muestra es que la mayoría de los accidentes causados por el ferrocarril y sufridos por indígenas, se generaban en el municipio de Guaymas, al que pertenecen las estaciones de Las Batuecas, Ortiz, Moreno, Guaymas y Batamotal, siendo esta última la que más incidentes reportó. Sin embargo, también hace visible que dichos accidentes se presentaban a lo largo de todo el estado, desde Nogales hasta Álamos. Los expedientes que tratan sobre Navojoa y Álamos, no obstante, no son numerosos y son tardíos debido a que el ferrocarril de la compañía Southern Pacific R.R. Co. llegó al pueblo de Navojoa en 1907 y, posteriormente, ese mismo año, a Álamos [Gracida Romo 2014: 122] rumbo a Guadalajara.²⁰

Huelga aclarar que El Batamotal es una ranchería antigua con muy pocos habitantes, entre los que posiblemente hay yaquis o descendientes de yaquis. Se halla situada en la salida de Empalme rumbo a Maytorena.

De acuerdo con la información recabada por el testimonio de un hombre de la cercana localidad de Vícam, pudimos saber que: “no muy lejos de ese lugar [El Batamotal], he escuchado que el lugar conocido como El Águila, funcionaba como un campo de concentración de yaquis en tiempos de exilio forzado porfirista”.²¹

El municipio de Guaymas era sede de uno de los puertos marítimos más importantes del estado y, a decir de Alfonso Guillén Vicente, en algún momento lo fue del país [Guillén 2001: 129-143], siendo entonces sinónimo de flujo de dinero y empleos, lo que puede explicar la inmigración de indígenas yaquis a la zona, cuyo territorio se encuentra colindante hacia el sur. Las travesías hacia Guaymas por parte de los yaquis podían ser frecuentes, sobre todo durante períodos de hostilidad por parte del gobierno, ya que, según afirmaciones del ya citado Del Paso y Troncoso, era en dicho puerto donde los rebeldes conseguían sus municiones, comprándolas clandestinamente y en pequeñas cantidades [Del Paso y Troncoso 1905: 21], lo que significaría viajes constantes al sitio para adquirir pertrecho. La casa comercial de Juan Zenizo era una de las que más abastecía de armas a los yaquis y el gobierno se vio obligado a ejercer un control férreo sobre las entradas y salidas de sus mercancías para que las armas y municiones no fueran a parar a manos de los rebeldes [Padilla Ramos 2006].

En las estaciones ubicadas más hacia el norte en las que hubo casos de accidentes de indígenas en el ferrocarril o por el ferrocarril, como Ímuris, Magdalena y Nogales, podemos considerar como causa detonante la ampliación del radio de acción durante la guerra, pero también apelar nuevamente a la fama que tenían como buenos trabajadores. Así, mientras que desde el ámbito castrense el coronel Troncoso decía que los yaquis se dedicaban prácticamente a cualquier actividad laboral y constituían el “verdadero pueblo trabajador”[Del Paso y Troncoso 1905: 23], desde la academia antropológica el holandés Herman ten Kate reconocía también en los yaquis “[…] a la verdadera clase trabajadora de Guaymas”, lugar donde se contrataban como cargadores, sirvientes y jornaleros, “[…] y con su ropa blanca y holgada y sus grandes sombreros de paja son todo un espectáculo en los muelles y calles” [Ten Kate 2004: 86]. De hecho, podemos afirmar que una y otra razón no son excluyentes entre sí, ya que muchas veces la inserción laboral posibilitaba el refugio de guerra, situación que permitía a los alzados recuperarse y pertrecharse para acometer de nuevo [Padilla Ramos 1995]. Este es un tema que ha sido abordado por Raquel Padilla Ramos en Yucatán, fin del sueño yaqui. El tráfico de los yaquis y el otro triunvirato [1995].

Algunas de las causas que generaron los accidentes sufridos por indígenas en el ferrocarril, según los expedientes, estaban relacionadas con el consumo del alcohol, por haberse quedado dormidos en las vías o por haber querido cruzar mientras el tren se acercaba. Sorprende que no se considerara la posibilidad de asesinato (incluso, relacionado con el odio de guerra), así como el suicidio. Lo cierto es que las consecuencias muchas veces eran fatales y en ocasiones, los documentos, detallados, como este que daba cuenta de:

Huelga añadir que cuando el cadáver de Juan Asensio fue descubierto, la autopsia nunca se realizó ni tampoco se definió la culpabilidad de los compañeros de pesca o de alguien más. Al menos eso se percibe en la serie documental del expediente judicial titulado “Muerte de Ynocencio Jurinaguamea”. En él se hacía hincapié de que en el puente de Batamotal se encontró el cadáver:

En última instancia, Juan Asensio o Inocencio fue declarado “muerto por faltarle los espiritus vitales y tener otros signos cadavéricos”. El documento nos dice que era “como [de] cincuenta y cinco años de edad, de color cobrizo, complecsion robusta, estatura baja, nariz abultada, labios id, ojos saltados frente regular pelo negro ente cano, lampiño desnudo”. Para identificarlo “se presentó Francisco Batozani diciendo ser hermano del occiso”, natural del pueblo de Belem, Río Yaqui, de 60 años. Se hizo uso del intérprete Anselmo Matus, gobernador de la Tribu Yaqui.

Abundaba el documento en la declaración del doliente Francisco, de la siguiente manera:

Hasta aquí la descripción de la defunción del yaqui Juan Asensio. Como su accidente, muchos devinieron en muerte y otros en lesiones, de modo que elaboramos la siguiente gráfica para dar cuenta de estas consecuencias para el afectado:

Como se aprecia en la gráfica, la diferencia que existe entre las muertes y las lesiones reportadas no es amplia, habiendo únicamente dos casos más de lesiones que de fallecimientos. El caballo de hierro, aún en nuestros días sigue siendo un monstruo temido y respetado, tanto por su volumen y la velocidad que alcanza, características que le impiden frenar de inmediato ante un imprevisto. Podemos suponer que, a menos de que el tren estuviera detenido a la hora de presentarse el accidente, las implicaciones serían fatales para los afectados.

Es importante subrayar que existe un número elevado de expedientes que tratan sobre los accidentes en el ferrocarril en Sonora y en los que los indígenas no están implicados, o, por lo menos, no se especifica la “raza”, como entonces se asentaba. No obstante, en esos expedientes entra el resto de la población sonorense, y toda la población no indígena (mal llamada blanca), en la que están incluidos ciudadanos norteamericanos, súbditos chinos y otros. Aquí lo que despierta suspicacias es que, habiendo otros grupos indígenas en la entidad y abarcando nuestra periodización en casi 50 años, sean los denominados cahitas los únicos presentes en estos reportes.

Hay que recordar que el Porfiriato trajo muchos avances tecnológicos al estado, como lo fue la llegada del ferrocarril y sus servicios derivados. Sin embargo, para otros no significó más que guerra y exterminio, particularmente para los pueblos yaqui y mayo, cuyos conflictos con el Estado a partir de la década de los años 60 del siglo XIX, tomaron un carácter más grave y dieron inicio a una campaña de exterminio sin precedentes. No sólo incrementó el número y la brutalidad de las represiones armadas, sino que inició una campaña que ya no buscaba llegar a acuerdos con los nativos, sino que buscaba acabar con ellos por considerarlos una “plaga” [Del Paso y Troncoso 1905: 57] y porque habitaban una zona fértil e “inexplorada” [Padilla Ramos, 1995: 27]. Contradictorio era que se les considerase una plaga cuando representaban la mayor fuerza de trabajo de la entidad.

La situación se complicó para los yaquis cuando su jefe militar, José María Leyva Cajeme, fue pasado por las armas en 1887, y cuando, trece años después, se llevó a cabo la masacre del cañón del Mazocoba. Este evento de guerra inició la práctica de repartir niños yaquis entre familias pudientes de Sonora y detonó la campaña de deportación, siendo las mujeres las primeras en ser desterradas rumbo a la península yucateca [Padilla Ramos, 1995: 46].

Como medio de transporte novedoso y colosal, el tren propició accidentes generalizados. A continuación, presentamos una gráfica con el número de accidentes de indígenas por año en el ferrocarril en Sonora. Hay que tener en cuenta que se hizo sólo con base en los registros disponibles en el Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica. La gráfica llega hasta el año de 1909 porque es el último año en el que se consignó un accidente de las características señaladas.²⁶ De la misma manera, no se incluyen los años anteriores a 1885, pues si bien el ferrocarril ya existía en Sonora, los registros judiciales comienzan en dicho año.

En la gráfica se puede apreciar que el número de registros de accidentes por año es oscilatorio, llegando únicamente en tres ocasiones al máximo número detectado a partir de los expedientes revisados, que es tres, e incluso presentándose años en los que no se registró ni un solo caso. El primer pico importante que muestra este instrumento se da entre 1888 y 1889, años inmediatamente posteriores a la ejecución del líder yaqui Cajeme, evento que creó en la clase gobernante una idea de que la guerra había culminado [Del Paso y Troncoso 1905: 152]. No fue así, pronto surgió la figura del jefe Tetabiate, con quien la ofensiva tomó un sentido diferente,²⁷ pero tuvo la continuidad necesaria [Padilla Ramos, 1995: 22-23].

De cualquier modo, es innegable que la captura y fusilamiento de Cajeme (en realidad se le aplicó la ley fuga) significó para los yaquis un desbalance en la lucha, derivada también, en parte, del agotamiento que un conflicto de esta índole y duración genera. Los indígenas capturados en este periodo, suponemos, fueron puestos a trabajar en varias partes, incluyendo el ferrocarril. La deportación a lugares lejanos apenas se esbozaba como opción durante esos años, cuando el general Ángel Martínez, el Machetero, sugirió al presidente Porfirio Díaz esa posibilidad en 1886. El mandatario respondió con una negativa, pues consideraba que bastaba con “entresacar” a los “capitancillos”, “cabecillas” y “caciques” para controlar la situación.²⁸ Pronto cambiaría de opinión.

En torno a la deportación de yaquis al Sureste de México, el transporte ferroviario jugó un papel importante. Pocos indígenas quedaban en los pueblos del río, así que, durante las redadas llevadas a cabo en ranchos, caminos, campamentos, haciendas y minas, los prisioneros eran regularmente trasladados en tren hacia Hermosillo. En esta ciudad se les concentraba en la Penitenciaría estatal hasta reunir el número suficiente para ser deportado, que era alrededor de cuatrocientos. Al puerto de Guaymas arribaban en tren también y de allí partían en vapor rumbo a San Blas, Nayarit. Para llegar a Progreso, Yucatán, tuvieron que realizar tramos en tren, a pie y en buque de vapor [Turner 2010].

Doña Mercedes, una señora yaqui del pueblo de Loma de Guamúchil, contaba que su abuela fue aprehendida y encerrada junto con otras mujeres en la cárcel de Hermosillo. En su narrativa, comentaba con dolor y enojo que las subieron en furgones de ferrocarril y que los soldados las tuvieron que encadenar al vagón porque temían que se aventaran del tren andando. Este grupo de mujeres fue deportado a Yucatán.²⁹

En cuanto a la segunda gran elevación de los números, Raquel Padilla apunta a que, pese a las dificultades para estimar con precisión la fecha de la primera deportación (sobre todo por el temor inicial a la opinión pública), los años cúspide fueron 1902, 1904, 1906, 1907 y 1908 [Padilla Ramos 2006: 41]. En la gráfica es posible apreciar que en ellos el número de accidentes no fue constante, teniendo un incremento de tres accidentes por año en 1906, el máximo número que encontramos por año en nuestro periodo abordado. Consideremos también que entre 1900 y 1907 la producción minera en Sonora se vio afectada por una crisis económica mundial, llegando a quedar únicamente cinco minas abiertas en todo el estado [Gracida Romo 1997: 77-136] Lo anterior pudo haber llevado a los yaquis empleados en ese ámbito a asalariarse en otros rubros, como el ferrocarril. La información recabada muestra que sólo hubo en ese último año, un registro de accidente en el tren.

En 1909, preludio de la Revolución mexicana, se interrumpen los registros de indígenas accidentados en el ferrocarril. En la revolución también participarían los yaquis y los mayos en gran número, embaucados por los jefes revolucionarios con la promesa de que les serían devueltas las tierras. Pero, no casualmente, 1909 es el año en que terminan las deportaciones a la península de Yucatán [Padilla Ramos 2011]. Después, habría más a otros puntos de la República.

Lo anteriormente expuesto nos lleva a hipotetizar y concluir en varios puntos: