Bolivia en víspera del golpe de Estado de 1980

En noviembre de 1979, Lidia Gueiler Tejada asumía la presidencia de Bolivia en medio de una inestabilidad política que colocaba al país entre la instauración de un régimen democrático o el retorno de los militares al gobierno por la vía del golpe de Estado. Pero la designación de Gueiler como presidenta interina no aminoró el reclamo de partidos, sindicatos y Fuerzas Armadas de incidir en las decisiones de gobierno. Un cúmulo de reivindicaciones políticas y económicas, postergadas durante la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978), se encontraba fuera del alcance de la gestión que recién iniciaba. Las huelgas obreras, movilizaciones del magisterio y transportistas, así como el bloqueo de caminos y carreteras por parte de organizaciones campesinas se convirtieron en manifestaciones recurrentes durante los siguientes meses. La lectura de los acontecimientos políticos que se hizo desde la embajada de México mostraba los puntos de tensión entre los diferentes sectores polarizados en la lucha política:

Las circunstancias descritas empeoraron la situación del gobierno de la señora Gueiler Tejada, quien en varias ocasiones, se dijo, estuvo dispuesta a presentar su renuncia; pero el proyecto de llegar a las elecciones generales en junio próximo y el sostén del importante partido Movimiento Nacionalista Revolucionario Histórico (MNR-H), que dirige Víctor Paz Estenssoro, así como el apoyo de los militares de alta jerarquía (que prefieren una mujer que les conceda privilegios y no un político resentido) la hicieron desistir.[1]

Uno de los asuntos que ocupó la agenda de la presidenta Gueiler fue la realización de elecciones generales programadas para el 20 de junio de 1980. La premura con la que eran convocados los partidos políticos a participar en los comicios, junto con una ley electoral promulgada con cierta celeridad, auguraba un proceso electoral de altas complicaciones. Producto de siete años de gobierno militar, un conjunto de necesidades apareció en la agenda de los partidos políticos que aspiraban a tener representación en el gobierno: dotación de servicios de salud, acceso a la educación y apertura política. Adicionalmente, la gestión de Gueiler enfrentaba una crisis económica que limitaba las posibilidades de atención a los reclamos sociales:

La crisis económica que sufre Bolivia se complica más debido a su inestabilidad política; su incipiente industria que la obliga a exportar la mayor parte de sus materias primas a precios muy bajos y que tiene una agricultura muy atrasada; así como la existencia de intereses sectoriales o de grupos que casi siempre cuidan sus intereses personales y dan la espalda a los proyectos de beneficio nacional.[2]

Enmarcada en huelgas, bloqueos de vías de comunicación, enfrentamientos con armas de fuego, atentados dinamiteros y agresiones a funcionarios de gobierno, los comicios generales se efectuaron el 29 de junio de 1980. El cómputo de los votos estableció de manera temprana que cuatro de los 13 contendientes a la presidencia concentraban el mayor número de sufragios emitidos:

Hasta hoy viernes 4 de julio los cómputos oficiales de las elecciones generales han alcanzado aproximadamente el 60 por ciento del total. Continúa en primer lugar, con una gran ventaja, el candidato presidencial Hernán Siles Suazo. Le sigue muy de cerca Víctor Paz Estenssoro que sobrepasó a Hugo Banzer Suárez y continúa en cuarto lugar Marcelo Quiroga Santa Cruz.[3]

Durante los meses en que gobernó Lidia Gueiler, las Fuerzas Armadas se mantuvieron expectantes ante la representatividad que ganaban los partidos políticos en el Congreso. Al margen de las dificultades que mostraron las fuerzas políticas del país para construir alianzas duraderas en víspera de inaugurarse una nueva gestión presidencial, existía un desplazamiento de las Fuerzas Armadas de las decisiones de gobierno. Dado que ningún candidato a la presidencia logró más de 50% de los votos, el Congreso sería el encargado de designar al triunfador de los comicios, tal como había acontecido en las elecciones de julio de 1978. Esta situación colocaba al país frente a una crisis política y el probable retorno de las Fuerzas Armadas con un nuevo golpe de Estado:

El triunfo de un gobierno de izquierdista, ya que la UDP [Unidad Democrática Popular] comprende al Movimiento de Izquierda Revolucionaria sumamente activo, al Partido Comunista Boliviano, al Partido Revolucionario del Pueblo y otros, seguramente traerá de nueva cuenta intranquilidad en Santa Cruz, la extensa región baja de Bolivia de tierras ricas, con gas y petróleo, influenciada fuertemente por Argentina y Brasil, progresista y conservadora, en donde se han fraguado los últimos golpes militares y que ha mostrado tendencias separatistas.[4]

Bajo este panorama de división entre las fuerzas políticas, el 21 de julio de 1980 el general Luis García Meza encabezó un golpe de Estado con la pretensión de impedir que cualquiera de los cuatro contendientes asumiese la presidencia. Los enfrentamientos entre civiles y militares tuvieron sus momentos más cruentos en las zonas mineras de Oruro y Potosí. La reseña de los acontecimientos enviada desde la embajada mexicana en La Paz establecía que los militares avanzaban sobre el control de los medios de comunicación y el sometimiento de los civiles opositores al golpe de Estado:

La señora Lidia Gueiler Tejada se halla asilada en la Nunciatura Apostólica y aunque se le ha concedido salir del país, se dice que ella no ha aceptado y pone como condición para hacerlo que todos los miembros de su gabinete queden en libertad y sin persecución. Se rumora que hay dos exministros presos. En esta capital continúan los tiroteos intermitentes contra civiles y militares y por momentos aumenta su intensidad durante la noche. Ayer y hoy se publicó "El Diario" único periódico que ha salido a la circulación en esta capital desde que se efectuó el golpe militar. La comunicación por telex está censurada por las autoridades militares y mensajes sólo los trasmiten y reciben en oficina central de cablegramas.[5]

Progresivamente, los militares controlaron los centros mineros de Oruro y Potosí, lugares donde se concentraba un alto número de opositores al golpe de Estado. A través de cortar el abastecimiento de víveres transportados por vía terrestre lograron mermar a los mineros, mientras que en las ciudades las aprehensiones y allanamientos de domicilios complicó la permanencia en el país de militantes de partidos políticos, organizaciones obreras y líderes estudiantiles.[6]

Asilados en la embajada de México en Bolivia durante 1980

A partir del viernes 18 de julio, tres días antes de presentarse el golpe militar, el embajador mexicano, Plutarco Albarrán López, informaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que concedía asilo a tres ciudadanos bolivianos: Martha Ballón, Alcides Alvarado y Juan Alvarado.[7] El antecedente más próximo de salida de bolivianos a México a través de su embajada había acontecido nueve años atrás, a raíz del golpe de Estado de Hugo Banzer; sin embargo, la persecución política iniciada con Luis García Meza en mucho sobrepasó lo acontecido en la década anterior. Mientras 73 personas lograron ponerse a salvo en la embajada mexicana durante el gobierno de Banzer, con García Meza recibieron protección diplomática más de dos centenares de bolivianos.

Con el derrocamiento de la presidenta Gueiler el 21 de julio de 1980, el ingreso de bolivianos tanto a la residencia del embajador Albarrán como a la sede de la embajada mexicana creció significativamente. En menos de dos semanas el representante del gobierno mexicano había recibido a 46 bolivianos. Al terminar el mes de julio de 1980 la embajada tenía bajo protección a 49 perseguidos políticos; una cifra que incluía a familiares que padecían de igual forma persecución por parte del gobierno militar. Ante tal incremento en las solicitudes de protección diplomática, la SRE enviaba instrucciones a su embajador en Bolivia acerca de las prioridades que debían establecerse para gestionar la salida de los ciudadanos de ese país:

Deberá proceder, si no lo ha hecho, a solicitar los salvoconductos correspondientes en la forma acostumbrada y procurar sean concedidos a la brevedad posible. Para tal efecto ya sitúansele pasajes, se servirá usted tener presente el artículo diez de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, por lo que las gestiones que realice en torno a los asilados no serán contradictorias a las instrucciones que se le enviaron según mensaje AL/32013.[8]

Durante la primera semana de agosto, 11 bolivianos más fueron aceptados como asilados, destacaban en este grupo dos familiares del dirigente socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien había sido asesinado durante el golpe de Estado.[9] Una semana más tarde, para el 13 del mismo mes, 13 bolivianos más recibían protección del gobierno mexicano,[10] en tanto que el día 14 ingresaba un número mayor de personas: 19 bolivianos y un ciudadano argentino.[11]

La entrega de salvoconductos a embajadas que tenían asilados bolivianos en sus sedes aconteció a partir del 15 de agosto de ese mismo año. Correspondió a la embajada de Brasil la obtención de los permisos de salida para tres asilados que se encontraban bajo su resguardo; mientras que la atención de las solicitudes presentadas por la embajada de México sería atendida en días posteriores, así lo informaba el diplomático mexicano Plutarco Albarrán.[12]

Un mes después de presentado el golpe militar, gran parte de las embajadas asentadas en La Paz contaban con asilados en sus oficinas. La que mayor cantidad de bolivianos había aceptado hasta ese momento era la representación mexicana, seguida en segundo lugar por la de Venezuela:

Sabemos que las siguientes embajadas en esta capital tienen asilados: Brasil tres personas; Colombia cinco; Panamá cinco; Perú cuatro y Venezuela treinta y ocho. Además hay personas alojadas en condición de protegidos temporales en las siguientes embajadas: Alemania Federal quince personas; Bélgica cinco; España cuatro; Francia diez; Italia doce; U. R. S. S. dos; Yugoslavia tres y en la Nunciatura Apostólica dieciséis personas, inclusive la señora ex-presidente Lidia Gueiler Tejada; Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay no tienen asilados.[13]

El ingreso de asilados a la embajada mexicana fue variable en el trascurso del mes de agosto, luego de registrarse cantidades de entre 10 y 20 personas, el número de solicitudes por día descendió a menos de cinco. Así, el 18 de agosto se aceptaron tres ciudadanos de ese país como asilados.[14] De manera que para el 20 de agosto el embajador Albarrán reportaba a la SRE que tenía bajo su protección 93 personas distribuidas de la siguiente manera: 69 permanecían en la residencia del embajador y 24 en la sede de la embajada, en donde fue necesario realizar adecuaciones que permitieran la utilización de las oficinas durante el día y su habilitación como dormitorio en la noche.[15]

Para entonces, el gobierno mexicano consideraba imperativo resolver satisfactoriamente la salida de las personas que se encontraban bajo su cuidado. En un balance realizado desde México por las autoridades, las relaciones diplomáticas con el gobierno militar colocaban en primer orden de importancia lo acontecido con los asilados, por lo que la encomienda de Albarrán López debía tener en cuenta tres aspectos:

(1) Preocupación primordial nuestro gobierno en este momento respecto relaciones con Bolivia es protección asilados y obtención salvoconductos; (2) Derecho soberano que mencionase en telegrama abierto, o sea la decisión de mantener o retirar agentes diplomáticos puede ser ejercido por México en cualquier momento; (3) En consecuencia, sus tratos con gobierno de facto deberán limitarse gestionar activamente expedición salvoconductos.[16]

A partir de las recomendaciones recibidas desde México, hacia la última semana de agosto el embajador Plutarco Albarrán estableció comunicación directa con el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Javier Cerruto Calderón, para gestionar los salvoconductos de asilados de aquel país. Además de comprometerse a expedir la documentación necesaria para llevar adelante la gestión de Albarrán, existía la inquietud del ministro Cerruto respecto del lugar que guardaban las relaciones entre los dos gobiernos ante la instauración del régimen militar. Tal como aconteció en otros momentos en los que se había presentado un cambio intempestivo de gobierno, Albarrán se limitó a referirse a los principios de la Doctrina Estrada[17] que guiaban la postura del gobierno mexicano ante el reciente golpe de Estado.[18] La visita del embajador mexicano al canciller Cerruto recibió cierta cobertura en la prensa paceña, en especial se destacó que el encuentro tuvo como finalidad comunicar, por parte del diplomático mexicano, que las relaciones entre México y Bolivia se mantenían de manera normal y que en ningún momento habían sido interrumpidas. En lo referente a la solicitud de los salvoconductos, las autoridades militares procedieron a dar la siguiente indicación: "Según se supo posteriormente, en fuentes del Ministerio del Interior y Migración, se estaba procesando anoche la visación de pasaportes para los asilados de la embajada de México, como un acto de reciprocidad con aquel país, que aplicó la 'Doctrina Estrada' para el caso de Bolivia".[19]

Consideramos importante no pasar por alto dos aspectos del encuentro entre el embajador Albarrán y el canciller Cerruto. El primero de ellos estaba asociado al reconocimiento internacional que pretendía conseguir el gobierno del general García Meza luego del golpe militar. Mientras que el segundo se encontraba sujeto en cierta medida a la postura que asumiría el gobierno mexicano respecto de la instauración de un régimen militar en Bolivia. Si bien no existía de manera explícita el condicionamiento de otorgar los salvoconductos a los asilados de la embajada de México a cambio del reconocimiento del gobierno militar, la demora en la respuesta a los trámites que para tal efecto realizó el embajador Albarrán desde el 15 de agosto nos lleva a suponer que el canciller Cerruto necesitaba encontrarse previamente con el representante mexicano para dialogar acerca de los dos asuntos. En este sentido, es comprensible que las gestiones emprendidas con antelación por Albarrán para tramitar la salida de los bolivianos no tuvieran una respuesta favorable, tal como se reportó en ese momento: "Anteayer tuve entrevista con subsecretario de Relaciones Exteriores y Culto, quien díjome que en próximos días iniciará la concesión de salvoconductos para los asilados que se hallan en nuestra misión diplomática".[20]

En atención a los dos asuntos tratados por el diplomático mexicano y por el canciller de Bolivia, el encuentro resultó favorable para ambos gobiernos. Por una parte, mientras el ministro de Relaciones Exteriores asumía el compromiso de agilizar la entrega de los permisos de salida para los ciudadanos que estaban en la embajada de México; por la otra, el embajador Albarrán tuvo que pronunciarse con respecto al gobierno del general Luis García Meza. La versión que del encuentro emitiera el Ministerio de Relaciones Exteriores omitía como asunto de discusión entre Cerruto y Albarrán la situación de los asilados, resultaba más apremiante para los militares resaltar que el gobierno mexicano reconocía al régimen recién instaurado.[21] Tres días después de haberse realizado el encuentro entre Albarrán y Cerruto el gobierno boliviano emitía los primeros 18 salvoconductos.[22]

Al registrarse cierta demora en la entrega de la documentación de salida, la cantidad de bolivianos en la embajada de México se incrementaba aceleradamente. Antes de que concluyera el mes de agosto, nueve adultos más y dos menores se sumaban a la lista de personas bajo protección diplomática. En este grupo destacaba la presencia de dos exmilitantes del Ejército de Liberación Nacional, así como de profesionales de periodismo.[23] En consecuencia, la sumatoria del mes de agosto era de 60 bolivianos y un argentino que habían obtenido la protección del gobierno mexicano a través de su embajada en Bolivia. La cifra de extranjeros tendió a incrementarse hasta sumar 110, pues aunque eran recibidos, ningún ciudadano boliviano partía aún con destino a México.

El 28 de agosto el gobierno militar expedía los primeros 18 salvoconductos que permitían a la embajada mexicana avanzar en el traslado de los asilados. La salida de los bolivianos a México aconteció el 30 de agosto de 1980, el primer grupo lo integraron 21 personas, se trataba de 18 adultos y tres menores.[24] Los bolivianos que viajaban con menores de edad compartían el mismo salvoconducto para su traslado a México, por lo que se observa una cantidad menor de salvoconductos en relación con el número de bolivianos que salían de su país.

Al iniciar septiembre, la embajada de México mantenía como actividad principal el trámite de los documentos de salida de los bolivianos bajo su custodia. Así, un segundo grupo de personas se preparaba para abandonar su país luego de que el gobierno militar liberaba 10 salvoconductos más. El contingente estaba integrado por 10 adultos y tres menores de edad, por lo que en total fueron 13 personas las que salieron con dirección al D. F. el 5 del mismo mes.[25] Por su parte, 15 salvoconductos integraron la tercera entrega que hiciera el régimen el miércoles 10 de septiembre. A partir de ello, el tercer grupo de bolivianos estuvo integrado por 15 adultos y una menor que salió rumbo a México el 12 de septiembre.[26] Para la segunda quincena de ese mes las autoridades militares generaron 31 salvoconductos que autorizaban a salir a 30 adultos y cinco menores de edad que viajarían con sus padres.[27]

Es importante apuntar que a pesar de la protección concedida por el gobierno mexicano a través de su embajada, existían situaciones en las que el personal diplomático a cargo de la seguridad de los bolivianos se veía rebasado por los abusos de autoridades bolivianas: "Algunos asilados que han llegado a ésta han informado [que] fueron objeto de vejaciones al pasar por inmigración y aduana en [el] aeropuerto [de] La Paz y que les fueron confiscados documentos personales, tales como certificados de estudio, de estado civil, etcétera".[28] Las indicaciones de la SRE al embajador Albarrán, para evitar en lo sucesivo más casos de este tipo, consistían en que los asilados debían estar acompañados en todos sus trámites por empleados de la embajada; así como de prestarles auxilio hasta el momento en que abordaran el avión. En particular, para evitar el decomiso de documentación personal, había la posibilidad de que dichas pertenencias fueran enviadas a México a través de la valija diplomática y entregadas con posterioridad a sus propietarios.

Es probable que los incidentes presentados en el aeropuerto entre las autoridades bolivianas y los asilados carecieran de importancia para el personal de la embajada mexicana o que tal vez por algún descuido no hayan sido reportados en su momento al gobierno de México. Luego de recibir las recomendaciones de la SRE, con relación a los decomisos en el aeropuerto, el embajador Albarrán detallaba parte de los incidentes que se habían presentado con el primer grupo de bolivianos que abandonó el país el 28 de agosto:

Durante la revisión de equipaje del primer grupo de asilados que salió para nuestro país, las autoridades aduanales retuvieron libros, notas periodísticas y numerosas hojas escritas a máquina sobre diversos temas. Estos objetos, nos dijeron las autoridades aduanales fueron incautados temporalmente para examinarlas y posteriormente entregarlas a esta Misión Diplomática si no contiene propaganda subversiva.[29]

Al ser arbitraria la manera en que eran incautados los objetos de los bolivianos en el aeropuerto y no existir un registro de sus pertenencias a través del cual pudieran establecer algún reclamo, era prácticamente imposible que fueran recuperadas. A partir de esta contingencia la embajada de México consideró indispensable depurar los objetos que llevarían consigo los asilados que saldrían en días próximos:

Para evitar la repetición del caso anterior se instruyó a los componentes del segundo y tercer grupo de asilados que salieron recientemente a nuestro país que sólo llevaran en sus petacas prendas de vestir y que los títulos profesionales, los diplomas de técnicos o cualquier otro testimonio que les sirviera para acreditar su profesión u oficio nos lo entregaran en un sobre y al subir al avión lo pondríamos en sus manos junto con salvoconducto y su pasaje.[30]

Durante el traslado a México y ante las restricciones impuestas por la misma embajada para evitar altercados con las autoridades militares, seguramente se perdió información que daba cuenta del proceso político que estaba viviendo el país en esos momentos. En ese mismo sentido de prever dificultades por la transportación de documentación de los asilados a través de valija diplomática es que cinco días después de haber hecho el ofrecimiento de custodiarla y trasladarla a México, la embajada era informada de la cancelación del procedimiento.[31]

En lo concerniente al ingreso de más ciudadanos bolivianos a la embajada de México, la cantidad descendió ligeramente durante el mes de septiembre en comparación con la registrada en agosto. Mientras en agosto se habían concedido un total de 61 asilos, en septiembre el número fue de 35, una reducción de casi 50%. El mayor número de asilos concedidos en septiembre acontece durante la segunda quincena, con un total de 25 personas, el resto había ingresado a la embajada en las primeras dos semanas del mes.[32] Hasta septiembre, la embajada de México había otorgado 145 asilos.[33] En comparación con los salvoconductos emitidos por autoridades militares, que en agosto habían expedido 21 permisos de salida y en septiembre 56, aún permanecían en espera de abandonar su país alrededor de 50 personas.

El fuerte componente familiar que distinguía a quienes se encontraban asilados en la representación mexicana hizo necesario buscar la colaboración del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). A través del Asesor Legal Regional para el Sur de América Latina, el embajador Albarrán estableció contacto con el propósito de lograr la colaboración de ACNUR en la reunificación familiar. En ese mismo tenor se establecía comunicación con el representante en Bolivia del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME) para que mediante dicha entidad pudiera gestionarse un descuento de 40% en los pasajes de los asilados en espera de viajar a México.[34] Las gestiones realizadas ante el CIME posibilitó que el 26 de septiembre 15 asilados bolivianos salieran con destino a México con una reducción de un 25% en el monto de sus pasajes aéreos.[35]

Las circunstancias en que era tomada la decisión de asilarse en alguna embajada no siempre resultaron favorables para las familias de los perseguidos políticos. Los casos de menores de edad que terminaban bajo la custodia de otros familiares se convirtieron en un aspecto recurrente tras la expulsión de asilados hacia otro país. Además de hacerse cargo de la protección de los menores, las personas que tenían a su cuidado a los hijos de perseguidos políticos intentaron trasladarlos al lugar en el que se encontraban sus padres. A partir de la valoración de cada caso, la embajada de México requería del aval de la Secretaría de Gobernación (Segob) para determinar el tipo de visa que debía expedirse en atención de no ser perseguidos políticos aquellos menores que intentaban reunirse con sus familiares.[36]

En relación con la salida de bolivianos a México, se observa un sensible incremento a partir de octubre de 1980. Al iniciar ese mes, el gobierno militar expedía 15 salvoconductos, una característica en estos documentos de salida es que en su totalidad se trataba de varones, no incluía mujeres ni niños.[37] De los 15 boletos de avión requeridos para la salida de Bolivia, 14 eran cubiertos por el CIME, mientras que uno de ellos fue costeado por el gobierno de Los Países Bajos.[38] En el mes de octubre se registró la mayor cantidad de salvoconductos expedidos por el gobierno militar en comparación con los meses de agosto y septiembre. Los 137 permisos de salida correspondían a poco más del doble de los otorgados en el mes de septiembre.[39] Entre los bolivianos que abandonaron la embajada mexicana a finales de octubre se encontraron cinco adultos que junto con sus familias habían obtenido la aceptación del gobierno suizo para viajar a Zúrich en calidad de asilados.[40]

Ante el incremento de las peticiones de traslado a México de familiares de los asilados, la SRE emitía instrucciones para que su embajada en Bolivia indagara acerca de las condiciones en que se encontraban algunas familias de los perseguidos políticos.[41] Además de enviar a la SRE dicha información, la embajada mexicana mantenía su disposición a seguir con el otorgamiento de asilo durante el mes de octubre. Luego de haberse otorgado 35 asilos en septiembre, en octubre se dictaminaron positivamente 56 solicitudes. En comparación con los meses anteriores, el de agosto se mantenía como el mes con mayor cantidad de asilos otorgados por la embajada, con 61. En la tabla 1 se agrupan las cantidades de asilos concedidos por mes hasta ese momento:

Un corte quincenal de los 56 asilos concedidos en octubre de 1980 nos lleva a identificar que en la primera mitad del mes ingresan a la embajada mexicana 17 bolivianos,[42] en tanto que 39 lo hacen en las últimas dos semanas del mismo mes.[43] Con relación a las personas que renunciaron al asilo político, en el mes de octubre se reportaba que por decisión propia dos bolivianos habían abandonado la embajada; la primera partida tuvo lugar el 6 de octubre,[44] mientras que la segunda el 14,[45] en ambos casos no se notificaron las causas de dicha renuncia.

En lo que respecta a los salvoconductos, observamos que octubre es el mes con el mayor número de documentos de salida expedidos por el gobierno militar. Mientras en agosto un total de 21 personas obtenían la autorización para abandonar Bolivia, en septiembre la cifra casi se triplicaba hasta alcanzar 62, en tanto que en octubre llegó a 137 salvoconductos emitidos. Lo anterior es posible explicarlo si consideramos que en las semanas que siguieron al golpe de Estado, el nuevo régimen tenía como una de sus prioridades la obtención de reconocimiento internacional, por lo que la liberación de los permisos de salida estaba condicionada al reconocimiento del nuevo régimen o simplemente a la permanencia de las representaciones diplomáticas, aunque no hubiera un pronunciamiento oficial. A dos meses de establecerse como presidente el general García Meza, un total de 20 países mantenían su representación diplomática en ese país andino.[46]

A pesar de la evidente persecución política que padecían quienes buscaron asilo en las embajadas, el gobierno militar consideraba que dichos bolivianos en espera de salvoconductos no eran más que turistas que deseaban aprovechar el viaje gratuito al exterior; al indagar sobre los antecedentes políticos de las personas asiladas, el régimen señaló que ninguno de ellos ameritaba su apresamiento o persecución. Dicha argumentación resultaba insostenible tras conocerse, a través de las solicitudes de asilo a la embajada mexicana, que existía un evidente riesgo de perder la vida si muchos de ellos permanecían en Bolivia. En consecuencia, desde el punto de vista de las autoridades militares, era cuestionable la actitud asumida por aquellas representaciones diplomáticas que habían determinado conceder asilo político a personas desconocidas que sólo perseguían un interés económico.[47]

Para el mes de noviembre el número de asilos concedidos se mantuvo semejante al del mes anterior; mientras en octubre 56 personas recibieron protección, en noviembre se aceptaron 54 bolivianos en la embajada mexicana.[48] Noviembre fue el último mes de 1980 en el que la embajada concedió asilo durante el régimen militar, y la salida de los últimos bolivianos con destino a México ocurrió entonces. Un total de 39 salvoconductos fueron expedidos en noviembre, lo que permitió la salida de los últimos 47 bolivianos asilados en la embajada.[49] Es importante aclarar que los menores de edad eran registrados en los salvoconductos de alguno de los dos padres, por eso con un número menor de documentos de salida dejaron Bolivia una cantidad mayor de personas. Luego de abandonar su país este último grupo de asilados, la embajada de México informaba a la SRE que no había ningún otro boliviano bajo su protección.

Al iniciar el mes de diciembre, la SRE emitía un balance de las gestiones a favor de los perseguidos políticos que habían estado en su embajada en Bolivia. El total de personas a quienes el gobierno mexicano les concedió asilo diplomático era de 264; de esta cantidad, 219 adultos y 30 menores se encontraban en la Ciudad de México. Por otra parte, 15 personas renunciaron al asilo o salieron de Bolivia con destino a otros países que previamente aceptaron su internación. En la gráfica 1 expresamos tales cantidades:

Los gastos de trasportación aérea se habían logrado cubrir de manera parcial por parte del gobierno de México, es decir, a 157 personas les fue costeado íntegramente el viaje aéreo, mientras que 86 pasajes habían sido obtenidos con descuento gracias a las gestiones realizadas por el CIME. A la cantidad anterior habría que sumarle los cinco pasajes de adulto y el de un menor que fueron cubiertos en su totalidad por gobiernos europeos.[50]

Las gestiones que realizó durante los meses anteriores el CIME, si bien se concentraron en la reunificación de los familiares que por alguna circunstancia no habían viajado de manera conjunta, también atendió necesidades como la liberación de presos políticos en Bolivia. La relación establecida por CIME y la embajada de México fue benéfica para aminorar el impacto económico en el traslado de un número importante de asilados a territorio mexicano. En algún momento de esa gestión conjunta el CIME intentó —con poco éxito— la aceptación de un grupo de presos políticos que tenían el interés de viajar a México. De esta manera, al iniciar noviembre, el CIME se ocupaba de interceder ante el régimen militar para que fueran liberados 20 detenidos políticos. El deseo de trasladarse a México por parte de los bolivianos presos llevó al CIME a buscar ante la embajada mexicana su aceptación como refugiados.[51] Es probable que la demora en la respuesta a la solicitud hecha llevara al CIME a contemplar otras alternativas de salida aunque no fueran aquéllas sugeridas por los detenidos políticos. Por ello, hacia el 27 de noviembre las 20 personas que en un principio deseaban encontrar refugio en México terminaron por trasladarse a Bélgica, Noruega, Suecia y Francia.[52] A pesar de no haberse concretado el traslado de presos políticos a México, es importante destacar el trabajo conjunto entre la embajada mexicana en Bolivia y el CIME en beneficio de los asilados bolivianos. Al iniciar el mes de diciembre el gobierno mexicano, como se mencionó anteriormente, expresaba que a través del CIME se había conseguido un descuento en los boletos de avión de 86 bolivianos que viajaron a la Ciudad de México.[53]

Perfiles sociodemográficos de los asilados bolivianos

Entre julio y noviembre de 1980 la embajada de México en Bolivia concedió asilo diplomático a 264 personas de ese país andino. Un total de 15 personas renunciaron al asilo o salieron de Bolivia con destino a otros países que previamente aceptaron su internación, por lo que 249 bolivianos se trasladaron a México como asilados diplomáticos. A continuación presentamos un muestreo de 50% de los asilados diplomáticos que llegaron a México en 1980, con el propósito de analizar la información sociodemográfica de ese grupo poblacional. Los datos fueron obtenidos de la revisión de 124 expedientes migratorios de bolivianos que ingresaron a México. Lejos de representar la totalidad de los asilados que residieron en nuestro país, la muestra es un acercamiento cualitativo de esta emigración derivada de la persecución política.

El lugar de residencia de los bolivianos hasta antes de su expulsión nos aporta información relativa a este subgrupo de perseguidos políticos, que en un elevado número contaba con profesión universitaria. Encontramos que se trató de una emigración proveniente en general de la capital boliviana en 83%. En menor cantidad, le siguieron los residentes de Oruro, con 6%, y Cochabamba también con 6%. En comparación con el resto de los Departamentos, estos dos últimos son los de mayor cercanía con La Paz. Consideramos que la distancia que guardaban las embajadas de países extranjeros respecto del resto de los Departamentos tuvo una incidencia en la decisión de trasladarse a la capital para solicitar asilo. De manera que apenas 3% de la población que se asiló procedía del resto de los Departamentos de Bolivia. En la gráfica 2 exponemos las anteriores cantidades:

La relación entre el lugar de nacimiento y el lugar de residencia muestra una cierta correspondencia en sus porcentajes. Encontramos que 50% de los asilados habían nacido en La Paz, mientras que 11% en Cochabamba y otro 11% en Oruro. Los asilados no sólo procedían de estos tres departamentos hasta antes de su expulsión, sino que también predominaban las personas nacidas en esas ciudades bolivianas. Con un porcentaje similar a los de Oruro y Cochabamba se encontraron los nacidos en Potosí con 10%; en menor cantidad estaban aquellos nacidos en Sucre con 7%; mientras que el restante 5% se distribuía en otros departamentos. En la gráfica 3 expresamos los porcentajes.

La información relativa a las actividades políticas de los asilados nos lleva a establecer que 62% pertenecía a algún partido de izquierda, porcentaje que, sumado a 11% de simpatizantes con alguna de esas organizaciones políticas, incrementaba a más de 70% los bolivianos que militaban y compartían el proyecto político de alguno de los partidos de la izquierda boliviana. Por su parte, 15% se declaraba sin partido político, pero se desempeñaba en tareas sindicales, y sólo 10% expresó no tener militancia política. Al desglosar el 60% que dijo pertenecer a algún partido político de izquierda, encontramos que 17% de ellos procedía del Movimiento de Izquierda

Revolucionaria (MIR), 9% de la UDP; los militantes del Movimiento Popular de Liberación Nacional (MPLN), Partido Socialista-1 (PS-1) y el Partido Comunista de Bolivia (PCB) constituían, cada grupo, 6%. Tal información nos lleva a establecer que se trató principalmente de asilados que compartían el proyecto de alguno de los partidos políticos de izquierda. Expresamos lo anterior en la gráfica 4:

El análisis de esta emigración de acuerdo con el sexo nos lleva a establecer que se trató principalmente de hombres en 80% y de mujeres en 20%. En cuanto a su estado civil, casi 60% se trataba de personas casadas y 35% de solteras, en tanto que sólo 5% reportó ser divorciada, como muestra la gráfica 5. Los porcentajes anteriores los expresamos de la siguiente forma:

La distribución por edades nos muestra que casi 50% de los asilados tenía entre 20 y 29 años. Se trataba de personas que estaban por concluir estudios universitarios, así como profesionistas que recién se incorporaban al trabajo remunerado en su país. En segundo lugar, con 35% encontramos a adultos cuyas edades estuvieron comprendidas entre los 30 y 39 años. De manera que, si atendemos a los dos principales grupos poblacionales, establecemos que 80% de los emigrados estaba comprendido en un rango de edades entre los 20 y los 39 años. A partir de lo anterior, establecemos que la inestabilidad política derivada del golpe de Estado repercutió en la salida del país de un numeroso sector de la población en edad productiva. Encontramos que 7% de las personas tenían entre 40 y 49 años al momento de abandonar Bolivia, porcentaje idéntico al grupo de quienes tenían entre 50 y 59 años, con 7%. Los menores de edad representaron un número menor en comparación con los segmentos anteriores: 5%, que se distribuía entre los 0 a los 9 años. En menor cantidad se encontraron las personas entre 60 y 69 años de edad, que representan 2% del total. En la gráfica 6 presentamos la distribución:

La información que nos proporcionó la distribución por edades está relacionada con la formación profesional de los bolivianos. Así, encontramos que 52% de los asilados tenía una profesión universitaria, se trataba de personas productivas en su país hasta antes de la expulsión. En segundo lugar, identificamos que 25% de los asilados eran estudiantes universitarios y, de acuerdo con sus edades, se deduce que se encontraban próximos a egresar de su formación profesional. Si realizamos un conteo de ambos subgrupos tenemos que 77% de los emigrados eran universitarios, mientras que 16% tenía una carrera técnica y 6% no tenía profesión. Podemos señalar entonces que se trató principalmente de asilados con preparación universitaria y en edad productiva que buscaron retomar sus proyectos profesionales fuera de su país de origen. Las necesidades que requerían los emigrados se concentraban en la obtención de empleo y en la continuación de sus estudios universitarios. En la gráfica 7 expresamos los porcentajes:

Consideraciones finales

Uno de los casos poco explorados dentro de las investigaciones de los exilios latinoamericanos en México es aquel que provino de Bolivia. Particularmente, nos referimos a las expulsiones acontecidas durante los gobiernos militares de Hugo Banzer y Luis García Meza. Del segundo de ellos es de quien nos hemos ocupado, de manera específica revisamos el asilo concedido por el gobierno mexicano a través de su embajada en Bolivia. Consideramos que la documentación diplomática muestra una versión de los acontecimientos que amerita una investigación futura que establezca cruces de información testimonial y hemerográfica de ambos países. Sin embargo, más allá de la interpretación de los acontecimientos y la selectividad de los datos que son remitidos a través de los informes políticos en ese periodo, establecimos comparativos que nos permitieron señalar algunas particularidades en el ingreso y la salida de personas de la embajada mexicana. Resultó de gran valor la información migratoria recopilada por el INM cuando los asilados se trasladaron a México. Sin salirnos del ámbito del asilo diplomático establecimos que se trató de una emigración que mayormente estuvo integrada por un segmento de población en edad productiva, ya fuera en su etapa formativa como profesionistas universitarios o como profesionales con algunos años de experiencia laboral. De igual relevancia resultó identificar que se trató de asilados que residían principalmente en la capital del país.

Es de reconocerse el trabajo realizado por la embajada de México en Bolivia durante los cuatro meses que siguieron al golpe de Estado del general Luis García Meza. De acuerdo con la información enviada a México por el embajador Plutarco Albarrán, la representación diplomática a su cargo se distinguió de las del resto de los países latinoamericanos por la cantidad de asilos concedidos a perseguidos políticos junto con sus familias. A un mes de instalarse los militares en el gobierno, el embajador Albarrán era instruido desde México para que concentrara sus esfuerzos en gestionar los salvoconductos sin pronunciarse por el reconocimiento del régimen militar. El encuentro entre el diplomático mexicano y el entonces ministro de relaciones Exteriores, Javier Cerruto, para tratar la expedición de los documentos de salida de los bolivianos, sacó a la luz el interés del gobierno militar en la obtención del reconocimiento por parte del presidente José López Portillo. Si bien el embajador se concentró en tratar la salida de los asilados a México, sin referirse al reciente cambio de gobierno en Bolivia, el régimen militar resaltó en prensa la continuidad que mostraban las relaciones entre ambos países. El encuentro entre Albarrán y Cerruto resultó determinante en la expedición de los salvoconductos durante los siguientes meses.

La cantidad de asilados rebasó de manera pronta la capacidad de alojamiento que pudieron conceder tanto en la residencia del embajador como en sus oficinas de trabajo. El número más alto de bolivianos que habitaron en ambos lugares llegó a ser de 110 perseguidos políticos, una cifra que determinó la negativa a recibir más asilados en un momento de cruenta represión. Las familias que viajaron a México en busca de la reunificación contó con la participación desde La Paz, Bolivia, tanto del ACNUR como del CIME, quienes facilitaron el traslado y la obtención de descuentos en la transportación aérea.

Fuentes documentales

Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Archivo Migratorio Central del Instituto Nacional de Migración

Bibliografía

Aguiló, Federico, Nunca más para Bolivia, Cochabamba, Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), 1993.

Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, Para que no se olvide. La dictadura de Luis García Meza, La Paz, ASOFAMD, 1997.

Crespo, Alberto, Los exiliados bolivianos, siglo XIX, La Paz, Antrophos, 1997.

González y González, Luis (dir.), Los presidentes de México ante la nación. Informes, manifiestos y documentos de 1821 a 1966, t. V: 1811-1966, México, Cámara de Diputados, 1966.

Klein, Hebert S., Historia de Bolivia, de los orígenes al 2010, La Paz, GUM, 2011.