La obra Testimonios legislativos representa un avance significativo en la historia parlamentaria de nuestro país. La actividad legislativa es mostrada de manera directa al revelar los debates públicos de los senadores, quienes se encargan de múltiples asuntos de gran importancia, tales como los problemas económicos, educativos, militares y diplomáticos, entre otros muchos. Estos dos volúmenes abarcan desde diciembre de 1843 hasta diciembre de 1845, etapa que, sobra decirlo, es trascendental en la conformación de nuestras instituciones. Y como dice Armado Alvarado, el autor de la compilación, son: "momentos críticos, lo que complementado con otros documentos de la época y estudios sobre la misma, permiten tener una mejor idea acerca de los efectos que tuvieron las iniciativas y las resoluciones legislativas".[1]

Es bien conocido que después de la Guerra de Independencia, los dirigentes más encumbrados se preguntaban: ¿cuál era la mejor forma de gobierno para los intereses de la sociedad mexicana? Transcurrieron décadas de ensayos y errores, las disputas fueron encarnizadas y transitamos por diversos sistemas de gobierno. Desde el estrado se exponía: "Veinte años hace que los mexicanos debaten, en la tribuna y en el campo de batalla, la cuestión relativa a la organización interior de la República, sin que los tristes efectos de los principios extremos que ha ensayado, le hayan dado el exacto conocimiento del feliz medio en que debe encontrar la paz, la dicha y la libertad".[2] De hecho, se ensayó con la Monarquía constitucional, el Imperio, la República federal, la dictadura, el Estado de notables, entre otras formas híbridas, como diría Norberto Bobbio, distinguiéndose sólo por "quién gobierna y cómo gobierna".[3]

Uno de los problemas de notable trascendencia que plantea Testimonios legislativos es la representación política, la manera como la sociedad mexicana legaba su potestad a un grupo de hombres, quienes discutían y pactaban los asuntos fundamentales a través del impulso de políticas públicas con la finalidad de atender las necesidades más urgentes del país. En las Bases Orgánicas de República Mexicana, decretadas el 14 de julio de 1843,[4] se establecieron diversas distinciones sociales basadas en la desigualdad de los ingresos. Por ejemplo, para ser ciudadano se necesitaba tener una renta anual de 200 pesos, para conseguir una diputación se requerían 1 200 pesos anuales, para senador la cuota aumentaba a 2 000 pesos, y aquellos que trabajaban por su cuenta, ya fueran agricultores, mineros, comerciantes o "propietarios", debían comprobar una renta anual de 40 000 pesos. Estas condiciones coinciden con las ideas del barón de Montesquieu, cuando afirmaba que “el senado es la aristocracia, que el cuerpo de nobles es la democracia y que el pueblo no es nada".[5]

En esa época, el Senado estaba constituido por 63 miembros, dos terceras partes (42) elegidas por las Asambleas Departamentales [Estados en el régimen liberal] y una tercera parte (21) por los otros centros de poder, es decir el presidente, la Cámara de Diputados y la Suprema Corte. Podemos entender que el voto de los escasos ciudadanos para elegir al Senado se encontraba acotado y sobrellevaba una fuerte injerencia de fuerzas ajenas a los poderes regionales.

En ese sentido, una cuestión que expone nuestra típica cultura política de la representación es la referente a la elección del senador en caso de un empate. La ley señalaba que las Asambleas Departamentales encargadas del cómputo de los votos declararían ganador a quien obtuviera más votos, pero en el caso de que dos candidatos empataran, la "suerte" lo decidiría; es decir, los funcionarios desempatarían con un "volado" y quedaba en las manos de la buena fortuna nombrar al elegido. Pero la elección se complicaba mucho más: en el caso del tercio restante, los candidatos ganadores tenían que obtener votos de los tres poderes, el presidente, la Cámara de Diputados y la Suprema Corte. De hecho, la triple alianza convenía cuál era el personaje que reunía los mejores atributos para representar los intereses de la nación.

Ante un Estado de Notables, los candidatos al Senado debían distinguirse por sus servicios, méritos en la carrera civil, militar o eclesiástica. Se demuestra que esta cámara sólo quedaba conformada por socios de la clase política, a pesar de que algunos de ellos no comulgaran con la ideología conservadora, vencedora en ese momento. Por ejemplo, en Testimonios legislativos leemos que el señor José Joaquín Pesado, liberal, se oponía a que se le nombrara senador. Decía que no pertenecía a las clases de agricultores, mineros y propietarios; no había sido electo para presidente, vicepresidente, secretario de Estado y tampoco ministro plenipotenciario; aclaró que fue electo para gobernador de Veracruz, pero por la guerra no se hizo cargo del puesto; tampoco fue consejero de Estado y mucho menos obispo. A pesar de todos estos obstáculos, y gracias a las gestiones eruditas del señor Luis Gonzaga Cuevas, el pleno discutió el asunto y "aprobó" su nombramiento.[6]

Testimonios legislativos publica una valiosa relación de senadores, integrantes del Congreso Constitucional de 1844-1845. Por ella sabemos que coexistían cuando menos cinco capas de notables. Los representantes de la rancia nobleza colonial, como José María Rincón Gallardo, quien hizo de la hacienda Ciénega de Mata, en Aguascalientes, una de las propiedades más prósperas y vastas de nuestro país; Juan de Dios Pérez Gálvez, descendiente de uno de los mineros más acaudalados de Guanajuato e impulsor de la incipiente industria textil en la fábrica de Cocoloapan, Orizaba, y José Justo Gómez de la Cortina, quien desempeñó diversos cargos públicos, pero se le recuerda más por su destacada carrera académica, gran impulsor de la educación y difusor de la ciencia.[7]

El poder de la jerarquía eclesiástica se hacía presente con los obispos José Ma. Becerra Jiménez, Joaquín Madrid y el canónigo José María Santiago, quienes fueron un apoyo fundamental de los proyectos conservadores y herederos de las formas absolutistas coloniales. También se notaba la presencia de los inconfundibles abogados, como Bernardo Couto, jurista con inclinación intelectual y activa participación en los gobiernos de Santa Anna; Sebastián Camacho, abogado, gobernador de Veracruz y diplomático; y Manuel de la Peña y Peña, que fue un efímero presidente, pero con una larga trayectoria en la administración pública.

El frente armado del gobierno lo constituían los militares, encabezados por los generales Pedro Anaya, José Valentín Canalizo, Simón de la Garza Melo y el indómito José Mariano Paredes y Arrillaga, todos encargados de la paz, en cuyo nombre organizaron los más sonados pronunciamientos y levantamientos armados. Por último, un grupo más heterogéneo estaba conformado por José González Echeverría, minero de Zacatecas; Valentín Gómez Farías, médico y destacado político; y José Fernando Ramírez, a quien se le ha denominado escritor, historiador, pensador y político.

Cada uno de estos senadores tuvo una representación social de gran magnitud, ostentó tanto el poder económico como el político y participó en los proyectos de dirección y administración de la sociedad por varias décadas. Los integrantes de esta capa de notables conformaban una red clientelar, basada en un vínculo de dominio, que se expandía a lo largo y ancho del país; de hecho, ocuparon cualquier puesto en la jerarquía burocrática sin encontrar barreras de clase o ideológicas. Testimonios legislativos nos ayuda a reflexionar hasta qué punto nuestra clase política de la actualidad guarda cierta semejanza con los decimonónicos o hasta dónde hemos avanzado desde entonces.

Citas

[1] Armado Alvarado Gómez, Testimonios legislativos, t. I, vol. 1, p. 23.

[2] Ibidem, t. 1, vol. 2, p. 474.

[3] Norberto Bobbio, La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Año académico 1975-1976, México, FCE, 1987, p. 4.

[4] Recuperado de: .

[5] Barón de Montesquieu, El espíritu de las leyes, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1906, p. 25.

[6] Armado Alvarado Gómez, op. cit., t. I, v. 1, p. 54.

[7] Armado Alvarado Gómez, op. cit., pp. 36-38.