Desde la década de 1970, diversos científicos, intelectuales y activistas sociales han manifestado su preocupación por las problemáticas que las actividades humanas han causado en el ambiente, situación que ha incentivado la organización de varias cumbres mundiales y la firma de tratados diversos con el objetivo de proponer soluciones para detener el deterioro ambiental. De hecho, en algunos portales de internet se pueden encontrar estadísticas de los principales problemas que afectan a las distintas regiones del planeta. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, Carlos Fermín escribe en la página Ecoportal, que en esta parte del mundo se enfrentan graves problemas como la contaminación acústica, el tráfico ilegal de fauna exótica, la contaminación del aire, la minería clandestina, los alimentos transgénicos, la fractura hidráulica o fracking, el abuso del consumo eléctrico, la contaminación del agua, la deforestación y la ausencia de una cultura del reciclaje.[1] Algunos de los problemas mencionados por Fermín son abordados en el libro Criminología verde en México. Sus editoras, Inés Arroyo-Quiroz y Tanya Wyatt, explican que la obra busca contribuir a la formación de una conciencia pública informada sobre la degradación ambiental, asunto que, por lo menos hasta este momento, es la preocupación- interés de tan sólo un reducido sector de la población mundial.

En el caso de México, domina la percepción de que la falta de agua potable y la deforestación constituyen los principales problemas ambientales. De hecho, se les ha llegado a catalogar como temas de seguridad nacional. Las editoras advierten sobre la escasez de agua, su inaccesibilidad, su mala calidad y contaminación provocada por las aguas residuales sin tratar y por los desechos industriales que se descargan en los ríos de las áreas urbanas. Respecto a la deforestación, afirman que ésta trae consigo la erosión de la superficie de la tierra, contribuyendo al deterioro de las tierras agrícolas y a la desertificación, lo cual ocasiona, entre otras cosas, un proceso de migración de las poblaciones de áreas rurales hacia los centros urbanos. Al no pensar a la naturaleza como un sujeto, no se toma en consideración los crímenes y daños ambientales que se le causan, aspectos que son estudiados por una disciplina llamada criminología verde, cuyos fundamentos, de acuerdo con Arroyo-Quiroz y Wyatt, son desconocidos en el medio académico mexicano, pues así lo pudieron comprobar cuando investigaron el tráfico legal e ilegal de animales silvestres entre México y la Unión Europea.[2]

Para llevar a cabo su indagación, ellas buscaron información en diversas bases de datos y entrevistaron a expertos y autoridades mexicanas. A raíz de las conversaciones mantenidas con estas últimas, se llegó a la conclusión de que no se conocía la criminología verde, pero como existía interés en aprender su metodología, se organizó un curso para todos aquellos interesados. Así, en el libro que se reseña se recuperan 14 textos de los participantes, los cuales están agrupados en cuatro apartados, en los que confluyen temas como: justicia ambiental, crímenes cometidos por empresas poderosas, corrupción, y resistencia ante los crímenes ecológicos que afectan a las personas de espacios rurales y urbanos.

En ese sentido, vale la pena rescatar lo que se dice de la justicia ambiental, la cual se entiende como el acceso discriminatorio a los recursos ambientales y la victimización diferencial que ocurre respecto de la degradación ambiental. Un ejemplo de esto último son las comunidades pobres e indígenas que sufren de manera directa las consecuencias de una política neoliberal destructiva, pues en aras de fomentar el desarrollo económico se pasan por alto las regulaciones ambientales, ignorando las voces de las personas que viven de esos recursos o cerca de ellos. Lo anterior se puede observar en tres de los casos estudiados. Uno de ellos lo expone Sofía Valeria Cortés, quien refiere las acciones que la comunidad de Cherán, en Michoacán, ha desarrollado para detener la tala clandestina de sus bosques. La autora recuerda que aquella zona ha sido objeto de disputa entre el Estado, las empresas y las comunidades campesinas e indígenas, circunstancia que ha generado la deforestación excesiva de esa parte del territorio nacional. En el caso particular de Cherán, sus bosques han sufrido una explotación desmedida, ya que las corporaciones madereras se coludieron con el crimen organizado, generando con ello la pérdida de más de 9 000 hectáreas, entre 2006 y 2012, cifra que resulta alarmante si se tiene en cuenta que durante el lapso de 1876 a 2005 se talaron 20 000 hectáreas.

La presencia de grupos delictivos ocasionó que la deforestación clandestina comercial se convirtiera en una deforestación clandestina paramilitarizada, pues se ofrecía protección a los taladores y se quemaba superficies devastadas con el objetivo de dar una "cobertura falsa a sus acciones". Como esos actos criminales constituían un despojo de los recursos de las comunidades, éstas buscaron desarrollar estrategias de seguridad tendentes a lograr la reapropiación y control de su territorio, pues dicha comunidad carece de partidos políticos, es autónoma en lo político y en lo administrativo, y se rige por usos y costumbres. Lo relevante en el caso de Cherán es que un movimiento de autodefensa se convirtió en un proyecto de autogestión comunal. Sin embargo, lo sucedido en aquella localidad no se puede considerar excepcional, pues, como lo indica la autora, en algunas regiones del país han aparecido grupos de autodefensa que reflejan el hartazgo que se siente por la corrupción, la ausencia del Estado y la voluntad de proteger sus recursos naturales.

Por otro lado, los pueblos ubicados en las inmediaciones de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, a decir de Wilber Anibal Huerta, conformaron comités de inspección y vigilancia para detener la tala clandestina, la sobreexplotación forestal y la frontera agrícola descontrolada; además de contar con el apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual organiza operativos en los que participan dependencias federales, estatales y municipales. Atender la problemática de la tala ilegal resulta de particular importancia, ya que es la causante de 8% de la deforestación anual; pero, según el autor, se debe diferenciar la de pequeña escala con la de mayor escala, pues en la primera sólo participa un número limitado de personas para obtener recursos; en cambio, la segunda es ejercida por la delincuencia organizada, que se beneficia de la explotación forestal, y en la que están involucrados cuerpos de seguridad e inspectores corruptos.

En cuanto a los problemas generados por el manejo no consensado de los recursos naturales, Yajaira García afirma que si bien es cierto que el empleo de las energías renovables constituye una alternativa para reducir el uso de los combustibles fósiles, uno de los principales causantes del cambio de la temperatura del planeta, no se podía pasar por alto que también tiene consecuencias en la biodiversidad, tal como ocurre en el istmo de Tehuantepec, donde diversas empresas "verdes" instalaron plantas de energía eólica para generar electricidad. La construcción de los aerogeneradores comenzó en 1994, pero creció de un modo acelerado entre 2003 y 2006 a raíz de la llegada de compañías transnacionales españolas, italianas y francesas, las cuales comenzaron a vender la electricidad obtenida por este medio a distintas empresas.

De hecho, en esta región se produce 76% de la electricidad generada por este sistema. Aunque podría parecer que el principal problema ambiental es el establecimiento de aerogeneradores en una de las zonas de mayor diversidad cultural y biológica, lo cierto es que las dificultades residen, más bien, en las compañías que operan el sistema, porque sus prácticas no son sostenibles y además buscan evitar que exista competencia local, tal como ocurrió con el parque eólico comunitario Ixtepec, cuyo proyecto fue rechazado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) bajo el argumento de que en los procesos de licitación no fue contemplado lo comunitario. En la mayoría de los casos, las empresas para lograr sus objetivos presentan manifiestos de impacto ambiental (MIA), que muestran notables omisiones, pues no se evalúa de manera integral cuál es su impacto en el ecosistema, situación que resulta grave porque esa zona es un corredor de especies migratorias y endémicas neotropicales.

A lo anterior debe sumarse que las negociaciones con las comunidades se caracterizan por la corrupción de las autoridades, la inequidad y las discordancias, irregularidades que han ocasionado que algunos grupos defiendan sus derechos, tal como ocurrió en el caso de la Barra de Santa Teresa, donde se logró cancelar el proyecto de construcción de lo que sería el mayor parque eólico de América Latina, pues las comunidades consideraban que los beneficios económicos no se distribuían de manera equitativa entre los propietarios de la tierra. De acuerdo con la autora, los parques eólicos constituyen un ejemplo de la manera en que las trasnacionales provocan daños ambientales y crean conflictos sociales. Para lograr que la justicia ambiental prevalezca en estos casos, se deben establecer mecanismos de negociación en los que las empresas y el gobierno asuman sus responsabilidades, lo cual garantizará que se eliminen las desigualdades sociales y económicas. Y que de esta manera exista equidad entre las generaciones y que se reconozcan los daños ambientales como crímenes. Inés Arroyo y Tania Wyatt advierten que la finalidad última de la justicia ambiental es reducir la degradación ambiental, con el propósito de establecer un planeta saludable y seguro para la humanidad.

En este sentido, resulta interesante someter al escrutinio público a las corporaciones, que en su afán de maximizar sus ganancias no observan ningún tipo de respeto por la naturaleza; de igual manera, se debe cuestionar al Estado que no sólo oculta información sobre los crímenes verdes, sino que permite que las empresas obtengan grandes extensiones de tierra, ignoren las medidas de protección ambiental, accedan a recursos naturales que son comunitarios o están protegidos, y que cuenten con el amparo de funcionarios corruptos que las ayudan a eludir la ley.

Un ejemplo de esta situación es descrito por Misael Morales, quien se ocupa del caso de la empresa Buenavista del Cobre, la cual por una "falla" en su sistema de tuberías derramó 40 000 metros cúbicos de sulfato de cobre en el arroyo Las Tinajas, en Cananea, Sonora; ello causó daños al suelo y subsuelo, así como en la calidad del agua. Si la minería es una de las actividades más dañinas para el medio ambiente por la alteración del entorno, resulta más perjudicial cuando se manejan y almacenan líquidos lixiviados de manera ilegal, pues en este caso la empresa no siguió los requerimientos expuestos en la Norma Oficial Mexicana. Aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tomó el asunto en sus manos para determinar las responsabilidades, lo cierto es que no se revocó el permiso de funcionamiento y se escuchan rumores de que se ha cerrado el proceso.

Una situación similar es presentada por Laura Paulina Díaz, quien señala que en el Área Natural Protegida de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se han cometido crímenes verdes como extraer yeso, turismo irresponsable, introducción de especies invasivas, saqueo de especies endémicas, desmontes y sobre todo la sustracción de agua por empresas como Lala, Alpura y Nestlé, que ha provocado la desecación de pozas y lagunas del área protegida debido al incremento de la demanda del recurso para el riego de los campos de alfalfa, así como la desaparición de peces, bacterias y caracoles de un ecosistema prehistórico que sobrevivió varios millones de años, pero que se perdió en menos de uno a causa de los intereses comerciales.

Por su parte, la directora del Área Natural Protegida negó las afectaciones, pero las investigaciones realizadas en la zona demostraron lo contrario. Aunque el presidente del país, el gobernador del estado y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prometieron que se buscaría la recuperación del acuífero, lo cierto es que no se concretó acción alguna desde el sector público. Con la intención de reparar el daño causado, Lala, una de las empresas involucradas en la problemática, decidió cambiar la dieta de sus vacas con la intención de disminuir el consumo de agua, pero esta decisión no modificó la situación y aún persiste la posibilidad de que se pierda la biodiversidad que existe en el humedal. En este caso, se podía observar la colusión de los intereses políticos y comerciales para hacer más flexible el marco regulatorio, y de esa manera, se produce un daño ambiental irreversible.

En otro caso, Adriana González advierte sobre la posibilidad de que diversas áreas naturales protegidas sean afectadas por la extracción de gas de lutitas, pues muchos yacimientos se encuentran localizados en ellas, y la técnica para obtenerlo, conocida como fracking, provoca diversos problemas en los ecosistemas, además de que aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero y contamina los recursos hídricos.

El resto de los trabajos incluidos en el libro versan sobre asuntos como las afectaciones causadas por los megaproyectos urbanos (Carla Martínez Trejo), los cambios en la legislación para tratar de evitar la deforestación (Lucila Corral), los castigos impuestos por infracciones cometidas (Saulo Augusto Martínez), el tráfico ilegal de la vida silvestre (Carolina Citlalli Carillo, Diego Jiménez y Laura Paulina Díaz, así como Israel Alvarado y Eliz Regina Martínez) así como la reivindicación de la venta tradicional de pájaros (Blanca Roldán). Las experiencias plasmadas revelan que los crímenes verdes son consecuencia tanto de la negligencia de las autoridades como de las acciones de las organizaciones delictivas y de las empresas trasnacionales que sólo buscan obtener enormes ganancias, sin importarles las consecuencias que generan en su entorno. Para encontrar soluciones a las problemáticas ambientales, Arroyo y Wyatt mencionan que debe involucrarse a la sociedad en todos los niveles; por ejemplo: los científicos deben estudiar los hechos y exponer los resultados a los políticos y líderes de las empresas, quienes determinarán una resolución satisfactoria, cuyas formulaciones y regulaciones tienen que estar sustentadas por los economistas y criminólogos. En esta cruzada, las corporaciones y el Estado deben tener una participación determinante, pues las soluciones no deben cimentarse en la prohibición, sino en la regulación y en el trabajo en equipo, pues las políticas públicas deben armonizar los aspectos económicos, políticos, urbanos y ambientales.

Para concluir no me queda la menor duda de que Criminología verde en México constituye una relevante aportación para los estudios sobre temas ambientales en México y, seguramente, ayudará a incentivar el interés en estos asuntos, lo cual resulta prioritario pues, como lo indican las editoras, se necesita desarrollar teorías que ayuden a explicar la situación en la que se encuentra el país en materia ambiental y proponer soluciones que permitan disminuir los crímenes ecológicos.