El sufrimiento colectivo, pensé entonces,
no podía seguir mucho más tiempo sin
manifestarse de alguna manera dramática.[2]

No son 30 pesos, son 30 años.
La Constitución y los perdonazos.
Con puño y cuchara frente al aparato.
Y con todo al Estado. Cacerolazo.[3]

Este artículo busca visibilizar y denunciar el continuo de las violencias que enfrentan las mujeres indígenas en Chile, específicamente las dirigencias femeninas mapuche[4] que se encuentran en resistencia por la defensa de los territorios afectados por proyectos extractivos, por ejemplo, la industria forestal y empresas hidroeléctricas. En este sentido, se puede señalar que dichas conductas, en las que se indaga, no ocurren de manera aisladas. Más bien, están claramente conectadas y direccionadas y se enmarcan en un contexto político y social que lo asienta y justifica. Las mujeres mapuche del ámbito rural son las más afectadas por la desatención que existe hacia ellas por los gobiernos de turno y los planificadores de las políticas de desarrollo. Estas violencias se ven potenciadas a raíz de la discriminación interseccional que enfrentan por su condición étnica, de género, rural y de pobreza.

       Es posible evidenciar el continuo de las violencias hacia las dirigentas mapuche asentadas en las zonas rurales del sur del país a partir de tres ejes: la visibilización de los liderazgos femeninos mapuche en oposición a la expansión del extractivismo en sus territorios; la política de la contrainsurgencia para deslegitimar la resistencia mapuche a la visión hegemónica de desarrollo impuesta por el Estado; la última clave alude a la manifestación explícita del racismo sistémico que opera en las regiones del sur de Chile y que afecta en mayor medida a las mujeres mapuche.

       Si bien las descritas no son las únicas situaciones donde es posible comprobar las violencias que experimentan las mujeres indígenas, estos contextos sí nos permiten visualizar el panorama general de las experiencias de violencias con las que lidian las mujeres mapuche a lo largo de sus vidas. Para las dirigencias femeninas de las comunidades, estas violencias se acrecientan como producto de la pobreza material que las permea, una realidad que representa a las mujeres indígenas de la ruralidad en América Latina. En el caso de Chile, las necesidades que enfrentan las mujeres mapuche de los sectores rurales responden a la desigualdad social que perdura en el país, la cual impide generar cambios necesarios y urgentes para mejorar las condiciones de vida de los sectores más desatendidos de la sociedad; esto es, la población indígena y las clases populares.

La emergencia de las mujeres mapuche
en el espacio público

La participación de las mujeres mapuche se configura desde diferentes espacios que vinculan a la comunidad y a las organizaciones locales, nacionales e internacionales. Esta contribución no se centra únicamente en la política formal, ya que ellas se insertan en espacios de organización múltiple. De ahí que sea relevante indicar las características y matices que conserva la participación de las mujeres mapuche en Chile, visibilizando los diferentes procesos de discriminación, violencia y subordinación que se mantienen vigentes aun en los espacios que logran acceder. Si bien sus experiencias organizativas responden a experiencias particulares y diversas, las historias de las mujeres mupuche ponen en evidencia que la participación política a través de “otras formas de hacer política” continúa siendo, para ellas, un espacio de difícil acceso.

       En este sentido, desde los espacios comunitarios y de las organizaciones, contribuyen a la resistencia territorial. En otras palabras, desde siempre han acompañado “la lucha de pueblo” reivindicando el derecho a tener derechos y el reconocimiento de sus identidades diversas. No obstante, el problema latente en las comunidades y organizaciones indígenas y organizaciones civiles es la constante invisibilización de las relaciones jerárquicas de género y de raza, respectivamente, las cuales se traducen en discriminaciones y violencias múltiples sistemáticas que las mujeres mapuche desafían y resisten dentro y fuera de sus comunidades de origen.

       En cuanto a las violencias y exclusiones que enfrentan las mujeres desde el Estado, una manifestación de éstas se da a través de la Ley Indígena 19.253 en materia de derechos de las mujeres indígenas, en su Título VI, Artículo 39, letra C, que señala: “Incentivar la participación y el desarrollo integral de la mujer indígena, en coordinación con el Servicio Nacional de la Mujer”,[5] hoy Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Esta escueta mención no sólo evidencia el desconocimiento del Estado de la autonomía y el trabajo organizacional que manejan las mujeres mapuche, sino que también restringe su capacidad de agencia en términos de participación en las diversas esferas públicas y políticas en los niveles local, regional y nacional.

       No obstante, la adhesión de las mujeres mapuche a la esfera pública y política data de principios del siglo XX, momento en el que surge la primera organización mapuche en el ámbito urbano; en aquel entonces el país atravesaba por un periodo de emancipación impulsado por un grupo de mujeres chilenas. En el año de 1937 nace la primera organización de mujeres mapuche denominada Sociedad Femenina Yufluayin, con el objetivo de organizar a las mujeres en torno a temas culturales.[6]

La visibilización de los liderazgos femeninos mapuche:
resistencia y lucha contra la violencia de género

La resistencia al liderazgo de las mujeres se basa en ideas
aprendidas de lo que una mujer debe hacer. Estas ideas no
necesariamente son aprendidas en las comunidades, y
no sólo ahí, sino también en organizaciones más amplias
y en la sociedad chilena.[7]

Al término de 1988, el panorama se presentaba alentador para los detractores del régimen militar. El país y el mundo entero estaban próximos a presenciar un momento histórico para la sociedad chilena; esto es, el periodo de la transición democrática por acuerdo[8] tras 17 años de dictadura y, vinculado a ello, se percibía el avance de las luchas indígenas en materia de reconocimiento y participación política en el escenario público nacional. De esta manera, la derrota del jefe de las fuerzas armadas, Augusto Pinochet, en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, fue lo que abrió la posibilidad de entendimiento entre las organizaciones indígenas y el Estado.

       Recordemos que el golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre de 1973, truncó la puesta en marcha del proceso de recuperación territorial comprometido por el derrocado presidente Salvador Allende a las comunidades mapuche. Acuerdo que se había logrado tras la demanda del movimiento mapuche, en el año de 1970, al en ese entonces futuro mandatario de la Unidad Popular. Así lo señala Víctor Toledo: “en medio de la coyuntura del cambio de gobierno de Frei a Allende, en octubre de 1970 irrumpe el movimiento mapuche con un masivo proceso de recuperación de tierras, conocido como ‘el Cautinazo’, que continuó hasta 1971, acelerando el proceso de expropiación. Bajo esta presión, la política nacional agraria debió incorporar la temática mapuche en su programa”.[9]

       Se conoce con el nombre de “el Cautinazo” a la estrategia política elaborada por el gobierno de la Unidad Popular, con el objetivo de resolver la demanda de tierras de las comunidades mapuche en el marco del proceso de Reforma Agraria. De modo que a inicios de enero de 1971, el presidente Allende ordenó trasladar el Ministerio de Agricultura y la Corporación de la Reforma Agraria a la ciudad de Temuco, IX Región de la Araucanía, para que atendieran la demanda territorial mapuche y procedieran a ejecutar las expropiaciones de los predios reclamados por los indígenas.[10]

       De este modo, el gobierno de Salvador Allende Gossens (1971- 1973), tras el pacto celebrado con organizaciones mapuche en octubre de 1970, presentó al parlamento, en 1971, un proyecto de ley en materia indígena. El propósito fue resolver los asuntos relacionados con la demanda de tierras usurpadas y la designación de un fondo para adquirir el territorio que reclaman y restituirlas a las comunidades.[11] A pesar de la voluntad política que manifestó el gobierno de la Unidad Popular, el proyecto no logró materializarse, como lo indica Toledo:

Si bien el proceso de recuperación de las tierras ancestrales quedó trunco en septiembre de 1973, el quiebre simbólico del arreduccionamiento mapuche pasó a ser irreversible. La historia de cada comunidad y del movimiento mapuche tiene un antes y un después de ese momento emblemático. Sólo con ese dato en mente, ese marco de la memoria colectiva, es posible comprender el temprano resurgir de la movilización mapuche bajo la dictadura, que ya en 1978 emerge con un claro discurso de derechos como pueblo y recuperación de todas las tierras.[12]

       La lucha que dio a lo largo de tres siglos el pueblo mapuche a raíz de los numerosos intentos de invasión que enfrentó su territorio, es la prueba fehaciente de la resistencia dada frente a los conquistadores españoles en “defensa de un territorio propio y del cual eran hijos”.[13] Sin embargo, el pueblo mapuche ocupa en la actualidad una parte mucho menor de las tierras que poseía ancestralmente; esto es, porque los predios “han pasado a formar parte de fundos particulares, de empresas forestales, o bien, en ellos se han asentados megaproyectos”.[14]

       En este sentido, es importante señalar que la pérdida territorial que pesa sobre el pueblo mapuche no es reciente. Ésta inicia con el mal llamado proceso de Pacificación de la Araucanía, el cual tuvo como objetivo dar cumplimiento a las órdenes emanadas del gobierno central “a fin de satisfacer, por un lado, intereses económicos, incorporando tierras para la agricultura […] y por otro, intereses políticos: sentar soberanía en un territorio no sujeto a leyes chilenas, la necesidad de poblar con inmigrantes europeos para hacer producir económicamente esas tierras y, con ello, poner término al estado de barbarie de los indígenas, se decía entonces”.[15]

       Si bien la ocupación militar de la Araucanía data del año 1860, este acontecimiento de extrema violencia contra el pueblo mapuche se mantiene latente en la memoria colectiva del movimiento político mapuche. Es por ello que “las organizaciones y comunidades indígenas han planteado su demanda frente al despojo territorial del que han sido objeto, despojo que se ha ido materializando a través del tiempo de múltiples formas, pero en el que ha existido una constante: la opción del Estado chileno por ocupar sus espacios territoriales o bien propiciar la ocupación de sus tierras a fin de llevar a cabo diversos proyectos de desarrollo”.[16]

       Sin duda, esta situación no ha significado a la fecha la obtención de beneficios para las comunidades que se ven obligadas a convivir con las empresas extractivas en el territorio. Por el contrario, han debido asumir los costos que ha generado la imposición del modelo neoliberal, como es el caso de la proliferación de conflictos sociales producto del saqueo de los bienes naturales comunes en el sur del país. Además de evidenciar la profundización del conflicto entre el Estado chileno y el movimiento mapuche por el despojo de las tierras comunitarias.[17]

       Es por ello que la llegada por acuerdo de la transición democrática es visualizada por los pueblos indígenas y, en específico, por el pueblo mapuche, como la oportunidad para restablecer el diálogo con el Estado, lo cual está vinculado al alcance efectivo de su reconocimiento como pueblo originario en la Constitución, además de sentar las bases para un acuerdo de reparación por la deuda histórica que mantiene el Estado con el pueblo mapuche.

       De este modo, el optimismo mostrado por el movimiento político mapuche frente al “Acuerdo de Nueva Imperial, del primero de diciembre de 1989, se enmarcó en la reconstrucción de la democracia chilena, donde la Concertación tendría presente la cuestión indígena. En este sentido, se pensó que la democratización del país abriría las posibilidades de un nuevo tipo de participación indígena, como la llegada de representantes del movimiento político mapuche al parlamento, lo cual nunca ocurrió”.[18]

       Este contexto de encuentro y desencuentro entre los pueblos originarios con el gobierno de la transición democrática, encabezado por Patricio Aylwin, es posible destacar la participación de dirigentas mapuche en la construcción de la democracia chilena; esto es, porque el proceso de la transición da pie para la incorporación de las mujeres en la misma. De ahí que la contribución de las mujeres en la resistencia política, territorial y cultural de la lucha mapuche no es reciente. Por lo tanto, enfrentan el racismo y otras múltiples violencias que están latentes en el Estado, en las principales instituciones sociales y en la sociedad chilena como resultado de su experiencia de resistencia como mujeres, mujeres indígenas, mujeres indígenas rurales y mujeres indígenas rurales pobres. No obstante, se ha insistido en mantener en la invisibilidad —en los márgenes de la historia— su participación en el proceso de reconstrucción política, cultural y territorial del pueblo nación mapuche.

       En este sentido, “la lucha de pueblo” manifiesta no sólo lo diverso de este movimiento político y del pueblo mapuche, sino que también nos habla de las contradicciones que permean a esta lucha histórica en relación con no nombrar, con ubicar en las sombras, la aportación de las mujeres en la demanda indígena. Las razones, por un lado, la discriminación de género que impregna la vida comunitaria y organizacional[19] mapuche; por otro lado están las prácticas racistas, de exclusión y colonialistas que mantienen el Estado y sus instituciones, y en los diversos espacios políticos indígenas y no indígenas en los que las mujeres mapuche transitan. Por lo tanto, “[l]a invisibilización de las mujeres en la historia pasada y presente del pueblo mapuche no es otra cosa que la consecuencia directa de las violencias múltiples que recaen sobre la experiencia femenina indígena, y de la que a nadie le interesa hacerse cargo [al momento de reconstruir la historia mapuche]”.[20]

       En la misma línea, la omisión constante de las mujeres en la historia del pueblo mapuche, desde la visión de la historia y la antropología, respondería, según el investigador mapuche Héctor Nahuelpan, a que: “en nuestro esfuerzo por ‘reconstruir nuestra historia, en ocasiones también hemos emulado las lógicas de la historiografía nacionalista y colonialista que hemos criticado y con la cual disputamos significados y representaciones sobre el pasado y el presente en nuestros días”.[21]

       De modo que “esta contrahistoria, tiene como rasgos la elaboración de un meta-relato homogéneo y universalizante, ‘políticamente correcto’, que utiliza como base la categoría de pueblo, que privilegia la presencia de líderes o autoridades mapuche masculinas, desvaneciéndose en el actuar de éstos y sus discursos, las identidades de mujeres, niños, niñas, champurrias o kuñifal”.[22]

       En otras palabras, los relatos de lucha y resistencia que emergen y se transmiten, de lo mapuche, ha centrado la historia a partir de una lógica esencialista, y a su vez selectiva, que ha resultado nociva para la vida de las mujeres indígenas. Esto es, porque no sólo se ha desplazado a las mujeres de los espacios políticos mapuche, ya que éstos estarían reservados para los hombres, sino que la narrativa también ha restado agencia política a los espacios y actividades que concentran la fuerza femenina en las comunidades y organizaciones mapuche. Por lo tanto, recrear la historia: “que se desarrolla en las comunidades, concebidas como focos de ‘tradición’ y preservación de una ‘cultura mapuche’ habitualmente imaginada en términos estáticos, que incluso ignora el origen colonial de éstas vinculado al despojo y la reducción territorial, a la vez que descuida cómo la ‘tradición’ es re-elaborada y re-inventada constantemente en su interacción con relaciones de poder presentes y contingentes”.[23]

       De modo que resultaría necesario poner atención sobre la narrativa mapuche o esta contrahistoria —de la que hace mención el investigador Héctor Nahuelpán— para romper con las violencias coloniales que estarían presentes en la sociedad mapuche; violencias que afectan gravemente a las mujeres indígenas, pero también a todo su entorno, es decir, familia, comunidad y pueblo. De ahí la relevancia de atender consecuentemente el problema de la violencia en los espacios mapuche, con el objetivo de erradicarla y reparar a las víctimas de estas agresiones.

       En este sentido, es de suma importancia que se reconozca el sesgo que ha mantenido el movimiento político mapuche respecto de las violencias que afectan por décadas a las mujeres, ya que se ha prestado atención a denunciar sólo las que provienen del Estado, las cuales son de conocimiento público porque se manifiestan sutil o explícitamente a través de las instituciones de gobierno o servicios públicos —Ministerio de Justicia, Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Carabineros de Chile, Gendarmería de Chile, centros de Salud Familiar, municipalidades, establecimiento públicos de educación, entre otros—, que frecuentan las mujeres mapuche tanto de sectores rurales como urbanos.

       Sin embargo, el hermetismo del movimiento político mapuche ha sido evidente ante el cuestionamiento que vienen realizando las mujeres contra las violencias machistas —física, psicológica, simbólica, patrimonial— de las que son víctimas en las comunidades y organizaciones indígenas. Si bien la interpelación que realizan las mujeres que sufren la violencia apunta directamente a los hombres, ya que son ellos quienes ejercerían la violencia machista, también reconocen que esta violencia sería transversal a una parte de las mujeres mapuche, además de que existiría complicidad a raíz del silencio que mantendrían con respecto de los casos de violencia que viven sus compañeras indígenas en los espacios comunitarios y de organizaciones mapuche.

       De ahí que los casos de violencia doméstica y discriminación de género que afectan a las mujeres mapuche rurales sean denunciados por ellas mismas en las instancias mapuche, ya sea directamente por las víctimas, en compañía de una red de apoyo femenina, o bien, por una red de apoyo en representación de la víctima o las víctimas. Sin embargo, las mujeres son enfáticas en señalar que se ha subestimado el diálogo sobre la violencia machista en los espacios mapuche; esto es, no existiría una postura al interior del movimiento político mapuche frente a la violencia doméstica y la violencia de género, ni existiría la voluntad para abrir la discusión y analizar los casos de agresiones que se evidencian, ni mucho menos se ha hecho un pronunciamiento en torno a esto. Más bien, reina el silencio sobre la violencia doméstica y la violencia de género que es denunciada ante al movimiento político mapuche.

       En cuanto a las historias de violencia intrafamiliar, física, psicológica, simbólica, entre otras, no es casual que éstas comienzan a conocerse abiertamente en las instancias mapuche hace aproximadamente una década, y no antes. Sin embargo, es importante aclarar que los hechos de violencia que sufren las mujeres en las comunidades y organizaciones mapuche, y que posteriormente denuncian, son un secreto a voces al interior del movimiento político mapuche.

       El que las mujeres de los sectores rurales decidieran sacar de la esfera doméstica la violencia que enfrentan para instalarla tanto en el espacio público como en el de las instancias comunitarias y de las organizaciones, tiene el propósito no sólo de buscar la erradicación de las malas prácticas que están normalizadas en las costumbres mapuche, sino que, también, es un llamado de atención a la sociedad mapuche y chilena para dejar de idealizar a los pueblos indígenas, ya que las culturas no son estáticas. En este sentido, se requiere necesariamente la revisión constante de las costumbres y tradiciones desde lo mapuche, con el objetivo de adecuar aquellas que no son funcionales a la vida comunitaria ni a los procesos sociales vigentes.

       Sin embargo, si hombres y mujeres indígenas insisten en convencerse y persuadir a otros y otras en torno a la idea de que la violencia doméstica y la violencia de género son prácticas ajenas al pueblo mapuche, además de argumentar que los casos de violencia que se denuncian serían aislados en relación con las violencias que enfrentan las mujeres no indígenas, este escenario nos está hablando de la esencialización que persiste en torno a la cultura y al mundo indígena, la cual impide reconocer que la violencia de género es una realidad que va en aumento en la sociedad mapuche.

       De modo que continuar negando una realidad evidente, como es la violencia doméstica y la violencia de género, que se manifiesta en lo rural y urbano contra las mujeres, significa que aún no se comprende que las denuncias contra estas violencias múltiples que han hecho las propias indígenas en los espacios públicos, no tiene como objetivo dividir al movimiento político mapuche ni mucho menos poner a las mujeres en contra de los hombres. Más bien, la intención es encontrar las causas de estas agresiones, buscar soluciones y adoptar medidas de reparación para las víctimas de manera colectiva. Por lo tanto, corregir las conductas nocivas que atentan contra la integridad de las mujeres en las comunidades y organizaciones, es una necesidad urgente para evitar la degradación de las prácticas culturales mapuche en términos generales y, específicamente, respecto de la importancia que se señala en el discurso que representan las mujeres en la sociedad indígena y para “la lucha de pueblo”. En otras palabras, las violencias múltiples que sufren las mujeres también transgreden el entorno familiar, comunitario y, en consecuencia, la reconstrucción del proyecto político mapuche.

       En este sentido, la visibilización de los liderazgos femeninos mapuche estará en estrecha relación con las violencias múltiples que enfrentan no sólo en las instancias comunitarias y de las organizaciones, sino también desde el Estado, como consecuencia del perfeccionamiento que alcanza el modelo neoliberal en el transcurso de los gobiernos democráticos en Chile. De modo que no es casual visualizar lideresas en lo público, como tampoco lo es su lento ascenso en los espacios políticos ni su presencia activa en la primera línea de resistencia de los procesos de recuperación de tierras y de la defensa de los territorios afectados por megaproyectos de desarrollo en el Wallmapu,[24] las últimas tres décadas.

       Aun no son fortuitas las denuncias sobre la violencia doméstica y la violencia de género en los espacios políticos que las mujeres relatan abiertamente en el curso de la última década. Este escenario de violencias múltiples en contra de las dirigentas indígenas nos revela cómo operan esas nuevas violencias que desafían y resisten a los liderazgos femeninos mapuche, desde la incursión de los proyectos extractivos en el territorio ancestral en los últimos 30 años. Para Gabriela Curinao, directora de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), las violencias que se registran en los cuerpos de las mujeres indígenas en América Latina son resultado del capitalismo en su manifestación neoliberal contemporánea. Es así que refiere:

Específicamente este sistema capitalista y extractivista tiene su base en nuestros territorios, en comunidades indígenas, y ¿quiénes son las que están en esas comunidades? Son las mujeres que resisten a ese sistema, a esa opresión en el territorio, a ese modelo capitalista, pero también resisten con sus cuerpos: en las comunidades también hay un machismo que oprime a las mujeres. Hay una violencia en nuestros territorios que recibimos como indígenas pero también que recibimos como mujer.[25]

       En consecuencia, las diversas violencias que experimentan las mujeres mapuche, así como la intensificación de ellas, guardaría relación directa con la visibilidad que alcanzan sus liderazgos en las llamadas zonas de conflicto, a raíz de la imposición del neoliberalismo y de las consecuencias sociales que ha dejado a su paso en los últimos 30 años.

La política de la contrainsurgencia se instala en el
Wallmapu: mujeres mapuche en defensa del territorio
frente al extractivismo

Soy Nicolasa Quintremán Calpán, pewenche de Alto Bio
Bío, y seré (estaré) hasta el final aquí […] porque la tierra
no tiene precio […] porque nadie vende a su padre y su
madre.[26]

La imposición del modelo neoliberal en Chile durante la administración de Augusto Pinochet, y la consecuente implementación de diversas formas de violencias y represión policial en el Wallmapu, con el objetivo de saquear los bienes comunes naturales de los territorios indígenas, es resultado del perfeccionamiento que dieron todos los gobiernos democráticos los últimos 30 años —Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei (1994-2000), Ricardo Lagos (2000- 2006), Michelle Bachelet (2006-2010 / 2014-2018), Sebastián Piñera (2010-2014 / 2018-2020)— al modelo económico inicial. Para el caso del pueblo mapuche, las consecuencias socio-territoriales que el “nuevo orden” neoliberal les heredó fue la represión, la criminalización a la demanda social mapuche y al reconocimiento y restitución de las tierras usurpadas, y la profundización del racismo sistémico a través de la creación de “zonas de sacrificio”[27] y “espacios geográficos desiguales”.[28]

       Este escenario de violencias múltiples y represión policial hacia las comunidades y el movimiento político mapuche por parte del Estado, se ve intensificado a raíz de la invocación de la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista. La aplicación de estas normas se debe a “[l]a movilización mapuche en contra de los proyectos de inversión en su territorio ancestral, así como a objeto de recuperar sus tierras usurpadas, ha sido duramente enfrentado no tan sólo desde el empresariado forestal y agrícola de la zona sur del país, sino también desde el Estado”.[29]

       En el año de 1997, el entonces mandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle ordena, por primera vez en democracia, la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Posteriormente, bajo la presidencia de Ricardo Lagos se comienza a utilizar la Ley Antiterrorista —una ley que data de la administración de Augusto Pinochet— en contra del movimiento mapuche. [30] De este modo,

[e]l ejecutivo por su parte, [haciendo] eco de las reclamaciones del empresariado y los sectores más conservadores, ha reprimido duramente —a través de sus agentes policiales— las movilizaciones indígenas en esta parte del país, haciéndose responsable de actos de violencia desproporcionados en contra de los mapuche, que resultan lesivos a sus derechos fundamentales. Junto con ello, se ha hecho parte en la persecución judicial de quienes están involucrados en estas movilizaciones o hechos de violencia, solicitando al igual que el Ministerio Público, la aplicación en estos casos de leyes de legislación especial, como la Ley Antiterrorista y [la] Ley de Seguridad del Estado, que vulneran el derecho al debido proceso y que resultan […] en condenas desproporcionadas e injustas.[31]

       En cuanto al modo en que opera la represión estatal contra las comunidades y el movimiento político mapuche, éste es explícito a través del encarcelamiento masivo de dirigentes y dirigentas, autoridades políticas y religiosas tradicionales mapuche, como es el caso de las y los longko[32] y machi[33] que encabezan procesos de resistencia territorial en sus comunidades. Una más de las formas como se manifiesta esta represión es mediante la militarización que viven las comunidades mapuche; esto es, se ha enviado a la zona del denominado conflicto mapuche a un importante número de agentes policiales que pertenecen al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), los cuales mantienen cercadas a las comunidades en conflicto con empresas del rubro forestal, empresas de generación de energía eléctrica y con particulares chilenos y colonos, porque las comunidades reclaman ser propietarias ancestrales de estos predios.

       La militarización del Wallmapu suma numerosas denuncias por los abusos de poder que ejercen estos agentes estatales contra los integrantes de las comunidades movilizadas a través de ilegales controles de identidad sistemáticos que realizan a niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, los cuales contemplarían insultos y provocaciones de carácter racista contra los mapuche. Este actuar policial ilegal es constantemente notificado, gracias al el patrocinio de abogados y abogadas simpatizantes de la causa mapuche en los tribunales de justicia, por ser atentatorio contra los “derechos de la infancia y la adolescencia y los derechos humanos” reconocidos en el plano internacional, tratados que han sido firmados por el Estado de Chile. Incluso, se ha acusado públicamente al Estado por disponer del GOPE para el resguardo de la seguridad física y material de los empresarios forestales y latifundistas chilenos y colonos en la zona del denominado conflicto indígena.

       Los allanamientos ilícitos en las comunidades mapuche son otra forma de represión policial recurrente que enfrentan las familias de las dirigentas y dirigentes que están liderando o apoyando procesos de recuperación de tierras o participando en la defensa del territorio ancestral amenazado por megaproyectos. Estos procedimientos tienen como finalidad amedrentar a las familias de las lideresas y líderes para que desistan de los procesos de resistencia socio-territoriales iniciados, o bien, para implantar pruebas en su contra al interior de sus viviendas; esto es, mediante montajes policiales se busca culpar a las dirigentas y dirigentes mapuche para que puedan ser encarcelados. De este modo, se busca detener la resistencia de mujeres y hombres en el Wallmapu. La brutalidad con la que opera el GOPE en contra de las familias, con este tipo de operaciones, es exacerbada y respondería al racismo sistémico que opera en el Estado, la cual parece estar normalizada con el paso de los años. En cuanto a las consecuencias que generan estos procedimientos, se evidencia en violencias tanto físicas como psicológicas y la padecen en mayor medida niñas y niños, las mujeres y las personas de la tercera edad; esto es, las personas más vulnerables de las comunidades.

       Estos escenarios de represión, persecución política y hostigamiento policial persisten en las comunidades indígenas movilizadas. En consecuencia, desde 1997 a la fecha, las organizaciones de derechos humanos han elaborado numerosos informes que dan cuenta de la situación de vulnerabilidad y extrema violencia que sufren las comunidades mapuche en el sur de país, además de poner en evidencia al Estado de Chile por la violación sistemática a sus derechos humanos. Asimismo, se denuncia constantemente la falta de probidad en relación con los tratados internacionales firmados por Chile en materia de protección y derechos hacia los pueblos indígenas.

       A lo anteriormente señalado, se suman los asesinatos de dirigentes mapuche perpetrados por agentes policiales del Estado en el marco del conflicto territorial. Además, del deceso en extrañas circunstancias de dos mujeres defensoras del territorio. La muerte por inmersión en el año 2003 de Nicolasa Quintreman Calpan, dirigenta mapuche emblemática de los años de 1990, quien se opuso a la construcción de la presa Ralco en el Alto Biobío, cuyo cuerpo terminó flotando en las aguas de este embalse; y el sicariato empresarial, en agosto de 2016, de Macarena Valdés Muñoz, mujer mapuche defensora del territorio y de las aguas del río Tranguil; a la fecha, diciembre de 2020, no se ha logrado esclarecer la participación de terceros en las muertes de Nicolasa y de Macarena.

       Los montajes policiales son una forma más de violencia en contra del movimiento político mapuche, que ha hecho uso de la protesta social, particularmente de acciones violentas, para exigir al Estado que atienda la demanda histórica por las tierras usurpadas al pueblo mapuche. Además de demandar justicia para los hombres mapuche asesinados por el Estado en las ocupaciones ilegales de los predios, que reclamaban tener derechos de propiedad ancestral, o bien, han sido ejecutados por policías en sus comunidades en el marco del conflicto territorial.

       El montaje más reciente fue la denominada Operación Huracán, nombre con el que se conoció públicamente la investigación que realizó Carabineros de Chile bajo el amparo de la Ley de Inteligencia. Esta operación, en septiembre del año 2017, involucró a ocho comuneros mapuche que supuestamente estaban implicados en una asociación terrorista ilícita en el sur del país. Sin embargo, en enero de 2018 —finalizando el segundo gobierno de Michelle Bachelet, no consecutivo—, el Ministerio Público determinó que la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros habría manipulado las pruebas presentadas en contra de integrantes de la cúpula de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Por lo tanto, se determinó que todo fue un montaje y se abrió una investigación en contra de la policía para determinar que existió falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.[34]

       En consecuencia, el escenario de violencia estatal que viven los territorios indígenas en Chile a raíz del despojo de los bienes comunes naturales, se vio incrementado con la llegada al Estado de los gobiernos democratacristianos de Patricio Aylwin Azócar y Eduardo Frei Ruiz-Tagle y, posteriormente, con los llamados gobiernos progresistas de Ricardo Lagos Escobar y Michelle Bachelet Jeria. Todos estos mandatarios, sin excepción, durante sus administraciones ayudaron al establecimiento de acuerdos comerciales entre Chile y diversos Estados. De esa manera favorecieron el perfeccionamiento del “nuevo orden” neoliberal, que fue en desmedro de los territorios indígenas. Sin embargo, los gobiernos más lesivos para el territorio histórico mapuche fueron los de Augusto Pinochet y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ya que ambos atentaron directamente contra el núcleo simbólico del pueblo mapuche: la mapu, la tierra.

       Esto es porque los recursos naturales irrumpen en el territorio de lo simbólico del pueblo mapuche, la mapu, la cual está fuertemente intervenida como consecuencia de la imposición del modelo de producción y acumulación capitalista que reina en Chile. De modo que el pacto neoliberal no sólo establece las reglas del mercado al interior de los Estados nacionales, sino que también determina el comportamiento de la población en términos de la adquisición de bienes de consumo, además de regular la relación que se establece entre la población y la naturaleza.

       En este sentido, a partir de la década de 1990, la experiencia de resistencia de las mujeres mapuche se ve enfrentada a nuevos retos, producto de la reconfiguración de las violencias que se manifiestan en el Wallmapu. Estas violencias las denominaré violencias contemporáneas o nuevas violencias, las cuales irrumpen la cotidianeidad de las mujeres, la de sus familias y la de las comunidades. Además, exacerban el conflicto socio-territorial, la criminalización social de la protesta indígena y la judicialización de mujeres y hombres mapuche que están en resistencia permanente por el territorio ancestral. De este modo, el incremento de la protesta social en la zona sur, desde el año de 1997 a la fecha, es aprovechada políticamente por los llamados gobiernos democráticos para justificar la represión explícita del Estado hacia las comunidades y el movimiento político mapuche, movilizados contra las empresas forestales y las empresas de generación de energía eléctrica en la zona sur del país.

       Se entenderá por nuevas violencias o violencias contemporáneas las acciones de despojo desde el Estado y de las empresas transnacionales y nacionales en territorios indígenas, a través de la instalación de megaproyectos en las comunidades, lo cual trae consigo: procesos de militarización en comunidades mapuche, el uso excesivo de la fuerza y de armas de fuego por agentes policiales del Estado, los montajes policiales para deslegitimar los procesos de resistencia mapuche, la desecación y contaminación de los afluentes a los que acceden las comunidades, la intromisión de semillas transgénicas en territorios indígenas, entre otras afectaciones, que están menoscabando la vida en el territorio ancestral y la de sus integrantes en términos sociales, económicos, físicos y psicológicos. Estas violencias contemporáneas o nuevas violencias se visibilizan y van en aumento en la medida en que se consolida, por medio de los gobiernos de turno, la política neoliberal de Estado en Chile.

       Por lo tanto, es a través de la imposición, desde el Estado, de una política de despojo que se atenta directamente contra la vida en los territorios indígenas, las tierras y los bienes comunes naturales en los territorios indígenas. Este escenario de “acumulación por desposesión”[35] que se manifiesta en Chile, es lo que favorece el ambiente de persecución, criminalización, asesinatos y diversas formas de violencias hacia las dirigentas y dirigentes mapuche en pie de resistencia por el Wallmapu.

       A partir de este contexto, las mujeres mapuche se han transformado en el nuevo enemigo interno del Estado chileno y de las empresas nacionales y extranjeras; esto es, observan en los procesos de resistencia emprendido por las indígenas un obstáculo para sus intereses económicos y políticos en la región. En este sentido, la criminalidad que afecta a estos liderazgos femeninos mapuche está permeada por las diferencias de género y etnia, y afecta de manera especial a mujeres y hombres indígenas pobres[36] de las zonas rurales del sur de Chile.

Narrativas de racismo en territorio mapuche:
la resistencia de Nicolasa y Berta Quintreman
contra la instalación de la central hidroeléctrica Ralco

El racismo es más que las actitudes y las acciones discri-
minatorias; es construido como parte de los sistemas so-
ciales.[37]

Las violencias cotidianas a las que se ven enfrentadas las mujeres mapuche en resistencia, por la defensa de sus territorios, es preocupante. Son los procesos de lucha emprendidos por el pueblo mapuche a lo largo de su historia y, en particular, la visibilización que alcanza la resistencia de los liderazgos femeninos en los últimos 30 años, lo que permite afirmar que la cuestión indígena en Chile ha despertado la solidaridad, empatía y aceptación por los diferentes sectores de la sociedad civil, específicamente de aquellos que favorecen el respeto de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, el principio de la justicia social y la profundización de la democracia.[38]

       Así lo demostraron las movilizaciones masivas a nivel nacional e internacional realizadas en apoyo al pueblo mapuche y, en particular, a las cinco mujeres, sus familias y las comunidades pehuenche[39] del Alto Biobío, que se vieron fuertemente afectadas por la aprobación de la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000).

       Entre las mujeres opositoras a la construcción de la central Ralco podemos señalar a las hermanas Nicolasa y Berta Quintreman, que se convirtieron en el símbolo de la lucha y la resistencia del territorio mapuche pehuenche en el Alto Biobío, VIII Región del sur de Chile. La férrea oposición y lucha que mostraron se comenzó a manifestar una vez conocida la noticia de la aprobación del proyecto hidroeléctrico, en 1997.

       La lucha incansable de Nicolasa y Berta Quintreman —y otras cuatro mujeres mapuche pehuenche— fue un ejemplo consecuente en términos de la resistencia que emprendieron por defender sus tierras tanto para el movimiento mapuche de la época como para las actuales generaciones que mantienen presente el legado de Nicolasa y Berta Quintreman. Las hermanas Quintreman fueron las últimas en mantenerse firme contra la represa. Sin embargo, Endesa España (hoy Enel) logró adueñarse de las tierras y destruir la base de la existencia simbólica cultural del territorio mapuche pehuenche. La inauguración del embalse ocurrió en 2004, durante la administración de Ricardo Lagos.

       El movimiento político mapuche de la época también dio una dura pelea frente a la construcción de la central Ralco. A esta oposición se sumaron sectores ambientalistas y pro-indígenas, sin embargo, no pudo impedirse su instalación en el Alto Biobío. Finalmente, las hermanas Quintreman y el resto de las familias pehuenche fueron desterradas de sus tierras y relocalizadas en zonas aledañas. Esta situación generó devastadoras consecuencias, aún perceptibles en la actualidad, sobre todo entre las familias que se vieron en corto tiempo sumidas en la extrema pobreza y para quienes Ralco significó no sólo el quiebre del tejido social comunitario pehuenche, sino también la muerte de sus seres queridos.

       La construcción de la central hidroeléctrica Ralco fue consecuencia directa de la imposición del “nuevo orden” neoliberal en territorio mapuche, mediante el despojo de los bienes comunes naturales de comunidades pehuenche del Alto Biobío, además evidenció el racismo sistémico como parte de las violencias coloniales de la política estatal hacia los pueblos indígenas bajo la Concertación de Partidos por la Democracia,[40] esto es, porque

el Estado, aunque no sea unitario en términos de acción o intención, es un actor central en el proceso de formación racial. A través de toda la historia chilena, el Estado ha sido el punto focal de las demandas mapuche así como también de aquellas élites que buscan usurpar el territorio y los recursos mapuche […] Mediante políticas indígenas y políticas económicas más amplias el Estado ha moldeado (y disciplinado) a la población indígena y ha construido una desigualdad racial dentro del sistema. Tales desigualdades —empezando con el asalto colonial original y continuando con la imposición hoy en día de proyectos de desarrollo y plantaciones forestales en el territorio ancestral mapuche— representan un despojo sistemático a los mapuche en beneficio de las élites chilenas.[41]

       En el caso de Ralco, esta desigualdad racial se manifestó abiertamente contra el pueblo mapuche al momento de no tomar en cuenta la opinión de las comunidades pehuenche sobre cómo se verían afectadas en su cotidianidad con la intervención del río Biobío. Esto es, las familias serían desplazadas de las tierras que han habitado generaciones enteras; se inundaría el cementerio donde descansan sus deudos y kuifikecheyem,[42] los sitios ceremoniales sagrados para la cultura mapuche y numerosas hectáreas de bosque nativo desaparecerían. En otras palabras, no sólo se verían afectados los grupos residentes en la zona de la inundación, sino también se generaría un irreversible daño ambiental a todo el ecosistema de la zona cordillerana, además del quiebre cultural de la forma de vida de las comunidades pehuenche.

       La importancia del río Biobío para el pueblo mapuche se ve expresada, por un lado, en sus tres siglos de lucha, primero, contra la invasión española y, segundo, contra el avance del ejército chileno al territorio autónomo, ya que este torrente representa la frontera que daba cuenta de la soberanía mapuche hasta antes de la invasión militar. Por otro lado, el río Biobío tiene una importancia cultural que se refleja en la cosmovisión mapuche, ya que en el entorno natural descansarían los gen.[43] De modo que debe existir una relación necesaria entre el mundo espiritual y terrenal mapuche para mantener el equilibrio con las fuerzas de la naturaleza.

       El trabajo desempeñado por Endesa España en complicidad con el Estado chileno y sus instituciones logró, a través del ofrecimiento de proyectos de mitigación —que supuestamente subsanarían los impactos de la central en el Alto Biobío—, desintegrar un movimiento político mapuche desgastado por las diferencias de intereses individuales que significó Ralco, las cuales terminaron por sacrificar el interés general del pueblo mapuche. Los efectos sociales que dejó la construcción de tres centrales hidroeléctricas en la región del Biobío, entre ellas, Ralco en la comuna del Alto Biobío, fueron: una alta tasa de suicidios, alcoholismo, violencia de género y pobreza, si se comparan con las del resto del país. Además, al poco tiempo quedó demostrado que la bonanza prometida por Endesa España nunca llegaría. Lo que sí ocurrió rápidamente fueron las consecuencias sociales señaladas anteriormente y las consecuencias económicas, por ejemplo, ser herederos de la tarifa eléctrica más costosa del país.

       Para “la lucha de pueblo”, estas nuevas violencias o violencias contemporáneas son parte de las secuelas que ha dejado a su paso el modelo neoliberal de los últimos 30 años, el cual no sólo ha profundizado el racismo sistémico del Estado, sino también en la estructura de la sociedad chilena. Esto es porque el racismo estaría “incrustado en las instituciones sociales, en las ideologías y en los discursos —impregnando a todos los aspectos de la vida social—”.[44] Por lo tanto, “[e]l racismo es más que las actitudes y las acciones discriminatorias; es construido como parte de los sistemas sociales”.[45] En el caso de Chile, la creación de espacios desiguales y zonas de sacrificio —lugares donde se han instalado las forestales, las centrales hidroeléctricas, los basurales, las empresas de piscicultura, entre otras— se ha llevado adelante a través de la implementación de políticas públicas contemporáneas, que han promovido los conflictos socio-territoriales en los espacios rurales donde habitan las comunidades mapuche.

       Por lo tanto, el trato diferencial que enfrentan las mujeres mapuche y sus familias en los sectores rurales por su condición de género, racial y de clase es resultado de la negativa, que prevalece en el Estado, “a reconocer la existencia legítima de la población indígena como en la aplicación entusiasta de la violencia estatal y la atribución de cargos de terrorismo en contra de los mapuche”.[46] De ese modo se evidencia que el racismo sistémico que opera desde el Estado y una parte de la sociedad chilena ha buscado la subordinación del pueblo mapuche y su desmovilización en el tiempo a través de la represión, la persecución política y el hostigamiento policial, que han servido como respuesta recurrente a la protesta indígena en el Wallmapu.

Conclusión

La visibilidad de los liderazgos femeninos en el espacio público y político de las comunidades y organizaciones mapuche, a partir de los años 1990, responde a las violencias múltiples que desafían y resisten en los espacios mapuche y en el Estado. Además, pone de manifiesto el trabajo organizativo que realizan desde los márgenes de la historia mapuche. Esto es porque la resistencia de las mujeres mapuche en “la lucha de pueblo” pasada y presente está marcada por la invisibilidad analítica. Su presencia se mantiene fuera de los relatos de la historia oficial chilena y en las narrativas de la contrahistoria mapuche. En este sentido, resulta contradictorio que no se las mencione a pesar de su contribución desde siempre a la lucha histórica mapuche. Sin embargo, se las enunciará de manera recurrente en la oratoria de los hombres mapuche, sobre todo para destacar lo importante de la presencia femenina y el papel que desempeñan al interior del pueblo mapuche. En otras palabras, esta marginación en la práctica simboliza a las mujeres como los cuerpos no permitidos de la resistencia mapuche.

       De igual modo, las mujeres no sólo enfrentan violencia simbólica en los espacios mapuche, sino que también afrontan la violencia doméstica y la violencia de género. En el caso de las mujeres mapuche rurales, las diversas formas de violencias —física, psicológica y simbólica— y la intensificación de las violencias múltiples que las afecta en lo cotidiano, guarda relación directa con la visibilidad que alcanzan sus dirigencias en los espacios comunitarios y organizacionales, y con la resistencia que ejercen frente al Estado y las empresas extractivas en defensa del territorio. Esto es, en el momento en que las mujeres indígenas se situaron en la primera línea del conflicto por la defensa del territorio histórico mapuche, ellas desafiaron a las dirigencias, principalmente, masculinas mapuche, al Estado y a las empresas extractivas instaladas en el Wallmapu; y por tanto, estas violencias se manifestarán abiertamente.

       El conflicto que arrastra el Estado con el pueblo mapuche es resultado de la violencia histórica hacia los pueblos originarios, que inicia con la usurpación del territorio ancestral y se intensifica con la imposición del “nuevo orden” neoliberal en Chile. En consecuencia, las mujeres indígenas enfrentan, por medio de las acciones de despojo —emprendidas por el Estado, las empresas transnacionales y los latifundistas nacionales y colonos—, no sólo la precarización de sus medios de subsistencia, sino que también confrontan la (in) justicia estatal mediante la criminalización que recae sobre su actuar disidente al neoliberalismo. Este modelo económico se presentó como la única opción de desarrollo para el país y, en particular, para las comunidades mapuche, las cuales evidencian enormes desigualdades sociales, racismo y racialización de la pobreza, afectando en mayor medida a las mujeres mapuche de la ruralidad en el Wallmapu.

Bibliografía

Arendt, Hannah, Sobre las violencias, Guillermo Solana (trad.), Madrid, Alianza Editorial, 2006.

Auyero, Javier, La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007.

Bustamante, Gonzalo y Martin Thibault, “Beneficios compartidos y la gobernanza de la extracción de recursos naturales en territorios indígenas: aportes y limitaciones para Latinoamérica”, Perfiles Latinoamericanos, vol. 26, núm. 52, 2018, pp. 1-20.

Calfio, Margarita, “Mujeres mapuche, voces y acciones en momentos de la historia”, en Andrea Pequeño (comp.), Participación y política de mujeres indígenas en contextos latinoamericanos recientes, Quito, Flacso-Ecuador / Ministerio de Cultura del Ecuador, 2009, pp. 91-109.

CEPAL, “Capítulo I. Desigualdades socioeconómica en América Latina: tendencias recientes en la distribución del ingreso y la riqueza”, en Panorama social de América Latina, 2018, pp. 25-76, recuperado de: [https://www.cepal.org/] , consultada en marzo de 2020.

Correa, Martín y Eduardo Mella, Las razones del illkun / enojo. Memoria, despojo y criminalización en el territorio mapuche de Malleco, Santiago, LOM Ediciones, 2010.

____________, Raúl Molina y Nancy Yáñez, La Reforma Agraria y las tierras mapuches. Chile 1962-1975, Santiago, LOM Ediciones, 2005.

Di Risio, Diego, Marc Gavaldá, Diego Pérez-Roig y Hernán Scandizzo, Zonas de sacrificio. Impacto de la industria hidrocarburífica en Salta y Norpatagonia, Buenos Aires y Neuquén, América Libre / Observatorio Petrolero del Sur, 2008.

Dolce, Julia, “Levante do povo chileno é sustentado pela luta das mulheres indígenas, diz la liderança mapuche (entrevista)", en Agência Pública de Juarnalismo Investigativo, Brasil, 6 de marzo de 2020.

Harvey, David, “El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión”, en Socialist register, Ruth Felder (trad.), Buenos Aires, Clacso, 2005, pp. 99-129.

Hernández, Rosalva Aída, “Capitulo 8. ¿Del Estado multicultural al Estado penal? Mujeres indígenas presas y criminalización de la pobreza en México”, en María Teresa Sierra, Rosalva Aída Hernández y Rachel Sieder (eds.), Justicias indígenas y Estado. Violencias contemporáneas, México, Flacso / CIESAS, 2017, pp. 299-334.

Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera, “Capítulo VI. Los derechos del pueblo mapuche”, en Los derechos de los pueblos indígenas en Chile. Informe del Programa de Derechos Indígenas, Santiago, LOM Ediciones / Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera, 2003, pp. 157-297.

Mallon, Florencia, “‘La piedra en el zapato’: el pueblo mapuche y el Estado chileno, los pueblos indígenas y los Estados en América Latina”, en Claudio Barrientos (ed.), Aproximaciones a la cuestión mapuche en Chile. Una mirada desde la historia y las ciencias sociales, Santiago, RIL Editores, 2014, pp. 19-42.

Marín, Francisco, “Chile: huracán de mentiras”, Proceso, marzo de 2018.

Nahuelpán, Héctor, “Las zonas grises de la historia mapuche. Colonialismo internalizado, marginalidad y políticas de la memoria”, Revista Historia Social y de las Mentalidades. Historias mapuche: perspectivas para (re)pensarla autodeterminación, vol. 17, núm. 1, Santiago-Chile, Universidad de Santiago de Chile, junio de 2013, pp. 11-33.

Pairican, Fernando, Malón. La rebelión del movimiento mapuche, 1990-2013, 2ª ed., Santiago, Pehuén Editores (Pensamiento Mapuche Contemporáneo), 2016.

Pinchulef, Carola, “Elisa García Mingo, Zomo Newen. Relatos de vida de mujeres mapuche en su lucha por los derechos indígenas (reseña)”, Revista Deusto de Derechos Humanos, núm. 3, Bilbao, España, Universidad de Deusto, 2018, pp. 202-208.

Richards, Patricia, El modelo chileno y el multiculturalismo neoliberal bajo la Concertación 1990-2010, Santiago de Chile, Pehúen, 2016.

Robledo, Marcos, “La crisis del largo ciclo neoliberal y la política exterior chilena. Un análisis preliminar”, Documento de trabajo, 33, 2ª ép., Madrid, Fundación Carolina, 2020.

Salazar, Gabriel, “El ‘reventón social en Chile: una mirada histórica”, CIPER, Chile, octubre de 2019.

Sieder, Rachel, “Introducción. Mujeres indígenas y pluralidades legales en América Latina: repensando la justicia y la seguridad”, en Rachel Sieder (coord.), Exigiendo justicia y seguridad. Mujeres indígenas y pluralidades legales en América Latina, México, CIESAS, 2017, pp. 13-48.

Toledo, Víctor, Pueblo mapuche. Derechos colectivos y territorio: desafío para la sustentabilidad democrática, Santiago de Chile, Programa Chile Sustentable, 2005.