En este artículo se realizará un balance entre los alcances de la paridad de género y la violencia política en el marco de la llamada Cuarta Transformación (4T), y analiza que si bien existe una normatividad que alienta a las mujeres a participar e incorporarse en los espacios de toma de decisiones, en contraste, también hay fuertes resistencias traducidas en acciones u omisiones encaminadas a coartar la participación política de las mujeres tanto en los tres niveles de gobierno —local, estatal y federal— como en el espacio legislativo. Se revisarán dos casos de violencia política en los que se incurrieron en prácticas políticas que permitieron la simulación del cumplimiento del principio de paridad de género, con lo cual fueron vulnerados los derechos político-electorales de las mujeres que participaron en la contienda por las candidaturas. No obstante que se ha legislado para fomentar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y para sancionar la violencia política en contra ellas, las leyes y normas en sí mismas no resuelven el problema de la violencia política contra las mujeres en México.

Las mujeres y la política

El ser mujer sí hace una diferencia en lo individual, social y político; en la manera de ser y estar en el mundo; en la manera en que accedemos a la educación, a la salud, al campo laboral; en la manera en que transitamos y cómo hacemos uso de los espacios públicos, en particular, donde se toman las decisiones.

     Como herramienta de análisis, el género nos permite observar las particularidades diferenciadas entre mujeres y hombres, pues como señala Joan Scott, “la categoría de género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los sexos y es una forma primaria de relaciones significantes de poder”.[2]

     La teoría feminista proporciona importantes pistas respecto de cómo y por qué ocurre la violencia contra las mujeres en política, pues señala la asociación entre los hombres y la “esfera pública” de la política y la economía, y entre las mujeres y la “esfera privada” del hogar y la familia; las representaciones que se tienen por ser mujeres u hombres están ancladas dentro del sistema sexo-género, por una división sexual del trabajo donde, a las mujeres, les corresponden las actividades relacionadas con la esfera privada; por ejemplo: la educación y crianza de los hijos, el trabajo doméstico y los cuidados de otros. En esta lógica, la política, al ser parte de la esfera pública, le corresponde entonces a los hombres, y al ser ésta un conjunto de estrategias encaminadas a mantener un sistema de poder y dominación patriarcal, la relación entre mujeres y hombres es una relación de poder.[3]

     Los cuerpos de las mujeres, conectados con sus roles sociales estereotípicos, se convierten en foco central de la violencia. Los actos de violencia contra las mujeres en la esfera política buscan restaurar esta tradicional división de roles sociales, al forzar a que ellas abandonen la esfera pública o al señalar sus “obligaciones como mujeres” en la esfera privada.

     Las prácticas políticas que se implementan para excluirlas de los espacios de toma de decisiones obedecen a prácticas políticas hegemónicas y machistas en las que ellas son percibidas simbólicamente como mujeres transgresoras[4] de un espacio tradicionalmente asignado a los varones. En este sentido, se normaliza que, por participar en el espacio político, sean objeto de agresiones con la finalidad de que desistan de participar políticamente o renuncien a su cargo público.

     Estas acciones u omisiones tienen un profundo impacto, puesto que no están dirigidas contra una sola mujer, sino que también tienen el propósito de intimidar a diferentes mujeres políticas, disuadir a otras de ellas que puedan considerar realizar una carrera política y enviar un mensaje claro a la ciudadanía: las mujeres no deberían participar.[5]

     En esta lógica, que pareciera totalmente anacrónica en pleno siglo XXI, donde por primera vez el gobierno federal procuró conformar un gabinete paritario, un Congreso paritario llamado “la legislatura de la paridad de género” y leyes para que las cuotas de género se cumplan y las mujeres estén representadas al igual que los hombres en todos los niveles de gobierno, nos encontramos ante un escenario donde las mujeres que participan políticamente[6] continúan escuchando frases como: “la política es cosa de hombres” o “las mujeres no saben gobernar”, entre otras descalificaciones por razón de género.[7]

Los avances

En el actual gobierno federal (2018-2024), hay mujeres al frente de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Bienestar, de Energía, de Economía, de la Función Pública, de Trabajo y Previsión Social, y de Cultura. En ambas cámaras, la de diputados y senadores, la proporción es de 50 a 50, cumpliendo con el principio de paridad de género.

     En México, el 12 de marzo de 2020, el Senado de la República reformó siete leyes para erradicar la violencia política contra las mujeres: la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además aprobó un dictamen para tipificar la violencia política como delito y sancionar las acciones en contra de los derechos políticos y electorales de las mujeres.[8]

     Sin embargo, esta paridad no ha sido sustantiva en los gobiernos estatales y municipales; es decir, aunque las mujeres están numéricamente representadas, esto no significa que su presencia en los espacios de toma de decisiones sea plenamente aceptada, pues se observan una serie de mecanismos, a manera de prácticas políticas, que permiten y perpetúan la violencia política contra las mujeres.

La paridad y la violencia política

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), las cuotas de género son un concepto fundamental para la vida política y democrática de nuestro país, las cuales pretenden fomentar un cambio cultural para evitar el predominio de un solo género en la esfera política.[9] La paridad en México ha tenido éxito en la medida en que se han implementado los mecanismos jurídicos para procurar y garantizar que los partidos políticos cumplan con la normatividad para poder contender en el proceso electoral en turno, a través de las cuotas.

La paridad es un principio y una regla constitucional, con criterios horizontales exigen asegurar la paridad en el registro de las candidaturas y verticales impulsando la postulación de candidaturas de los órganos de elección popular que es incorporado en la Constitución mexicana en el año 2014. La primera vez que fue implementada esta reglamentación fue en el Proceso Electoral de 2014-2015. La paridad es la igualdad sustantiva entre sexos; es una medida permanente que logra la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública.[10]

     Más allá de la representación numérica, con estas medidas se pretende garantizar el acceso de las mujeres a participar activamente en la vida política de nuestro país:

La paridad política de género tiene implicaciones más allá de representar el cincuenta por ciento de mujeres y cincuenta por ciento de hombres. El verdadero objetivo de dicho principio es la participación sustantiva e igualitaria entre mujeres y hombres en este ámbito; es decir, lograr que la toma de decisiones públicas y políticas recaiga con

las mismas oportunidades y responsabilidades para ambos géneros, redistribuyendo el poder público de manera justa.[11]

     Sin embargo, aunque se garantiza el acceso de las mujeres a la participación política, se les sigue considerando poco capaces o preparadas para ser elegibles y representar a la ciudadanía en un cargo de elección popular, lo que pone en marcha diversas acciones para frenar u obstaculizar su incorporación al espacio político.

     La violencia política es un tema de estudios relativamente nuevo en nuestro país; sin embargo, este fenómeno se ha registrado desde hace más de una década en los estudios de Dalia Barrera, Blanca Suárez y Alejandra Massolo,[12] por mencionar algunos, aunque no se conocía con este nombre sino como “costos de participación”,[13] en los que los testimonios de las mujeres que participaron en política[14] nos dejaban ver cómo estos obstáculos, barreras, dificultades y otros sinónimos, han sido factor importante para que ellas decidan seguir y hacer una carrera política o retirarse.

     Las mujeres, como sujeto político de reciente ingreso a la vida política del país, en ocasiones vienen de liderazgos comunitarios o barriales, con un prestigio social que las respalda, generalmente con recursos económicos limitados, pues se dedican o ejercen profesiones ajenas a la esfera política y tienen que utilizar recursos propios.

     El primer obstáculo que deben sortear es el económico, pues aunque algunas militen en los partidos, por lo general, al nunca ser las primeras opciones, se les dejan recursos limitados con el afán de que pierdan; es decir, el mismo partido les da la espalda: muchas de ellas, una noche antes o el mismo día del cierre de registro de las fórmulas, han sido solicitadas para cumplir con el requerimiento de la paridad de género.[15]

     Evidentemente, también existe una cuestión de estratificación social, pues las mujeres que acceden a las esferas de poder, en general, son las que pertenecen a las élites locales; las que establecen alianzas con los partidos político son las que pueden formar un buen equipo de trabajo para impulsar la agenda e intereses del partido y, al mismo tiempo, cumplir con la cuota de paridad política. Estas particularidades también marcan las agendas de las mujeres. Pero, no por el hecho de ser mujer se garantiza que se tenga una agenda de género.

     Por otro lado, también están las que enfrentan a dichos grupos de poder y posicionan sus agendas, sus luchas, que en ocasiones obedecen a lógicas comunitarias para resolver los imprevistos, problemas inmediatos o urgentes en el corto plazo, desplazando el proyecto político, por ejemplo, en el caso de desastres naturales; y puede que ellas, al no contar con el respaldo institucional, sufran violencia política. Las distintas formas de obstaculizar la participación política de las mujeres llevan a un denominador común: el controlar y tener poder sobre el espacio político.

     En la medida que las mujeres se han incorporado a la política se vuelven constantes los testimonios en los que han descrito las distintas prácticas utilizadas para obstaculizar su labor política. Ellas han señalado que con frecuencia son invisibilizadas, desvalorizadas, anuladas, humilladas, despreciadas, ignoradas, culpabilizadas, chantajeadas, amenazadas, insultadas, violadas y, desafortunadamente, algunas han sido asesinadas en el ejercicio de su cargo.

     Con esta serie de acciones y omisiones se coloca a las mujeres en una posición subordinada en los espacios de toma de decisiones, además se les impide que puedan ejercer sus derechos político electorales y, lo más importante, se les envía el mensaje de que ése no es su lugar, es decir, que ellas no pertenecen a la política.[16]

     En 2012, la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) le dio nombre al fenómeno: acoso y violencia política,[17] que posteriormente retomarían Mona Le Krook y Juliana Restrepo[18] para reformular el concepto.[19] Las prácticas políticas de este fenómeno en América Latina y en México[20] han dado por hecho que para acceder a un cargo público se tiene que pagar un precio para poder acceder al espacio político, y es frecuente que incluya violencia para que no quede duda de que la participación política no es sencilla en ningún nivel de gobierno, en particular, el local.

     En México, este fenómeno fue puesto en evidencia por las mismas mujeres que participan en política al exigir garantías para que los espacios de toma de decisiones sean libres de violencia política; en 2014, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) conformaron el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, los que han definido la violencia política de la siguiente manera:

Comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.[21]

     Para fines de análisis, en este artículo haremos algunas precisiones a esta definición: como violencia política entenderemos que se trata de todas las acciones u omisiones de personas o servidores públicos dirigidas en contra de las mujeres, con la finalidad de afectarlas de manera social, cultural, económica y, por supuesto, políticamente, ejerciendo presión psicológica, física, sexual, patrimonial y, lo que consideramos de suma importancia, afectarlas en su salud física, mental y social, que en términos de la Organización Mundial de la Salud[22] es igual de importante, además de la ausencia de enfermedades o padecimientos; consideramos a la participación política desde una perspectiva de análisis individual, social y política por estar los tres ámbitos interrelacionados.[23]

     La violencia contra las mujeres en política es un fenómeno complejo y, en términos generales, la ejercen opositores, bandas criminales, pero también miembros del mismo partido, familia y amigos, miembros del Poder Ejecutivo, funcionarios públicos, medios de comunicación y comentaristas, redes sociales, policía y fuerzas militares. Se da tanto en la esfera pública como en la privada, durante y alrededor de las elecciones, en los preparativos para las elecciones y, después, cuando las mujeres han asumido su cargo; se manifiesta para que las mujeres no ejerzan sus derechos políticos y, por extensión, para comunicar más ampliamente que ellas no pertenecen a la política, a través de la violencia física y psicológica, pero también

     de la violencia económica, sexual y simbólica; por ejemplo, violación, desnudar a las mujeres a la fuerza y en público, acoso, difamación, destrucción de materiales de campaña, acoso y abuso en las redes sociales.[24]

     El participar políticamente es un trabajo que requiere de ciertas habilidades y a las mujeres se les exige más para legitimar su presencia en estos espacios. Se les exige por partida doble, como mujer y como políticas, y ellas se dan a la tarea de demostrar que son capaces de desempeñar un buen papel y dejar una huella de su gobierno, muchas veces a costa de su salud, pues afecta de manera diferenciada a distintos niveles de interacción individual, social y político.

     Mujeres y hombres son igualmente susceptibles a los padecimientos de salud por ejercer el cargo, pues se trata de un trabajo y como tal presenta ciertos riesgos laborales, por ser una jornada completa de labor, a la que se añade tiempo extra, que se utiliza para atender los requerimientos propios de sus gestiones.

     Existe falta de información sobre lo que sucede a nivel personal o individual cuando las mujeres participan políticamente y sufren este tipo de violencia; los datos que se han encontrado al revisar distintas fuentes, tanto de testimonios como de entrevistas, coinciden en que muchas de las presidentas municipales han registrado padecimientos de salud antes, durante y después de terminadas sus gestiones, aunque, en general, ellas no lo asocian con el ejercicio político, sin embargo, hacen mención de ello al enumerar las dificultades que han sorteado a lo largo de sus mandatos.[25]

     Ante este panorama, la rutina de cuidado cambia; el tiempo personal se acorta; hay menos tiempo para dormir, para comer o para la recreación y el ocio. Lo social también se transforma, pues se reduce el tiempo de convivencia familiar con las hijas e hijos, con el esposo o pareja, con los padres, con las amigas. En lo político, en cambio, se invierte mayor tiempo, pues además de atender las necesidades de la población, se asiste a eventos públicos, a reuniones institucionales, y cuando ocurren desastres naturales, ellas están al frente de todo.

     Para las mujeres, el escarnio público, al ver expuesta su vida personal o familiar, les provoca un daño de larga data; los chismes y rumores son un método de control social y a la vez funcionan como reguladores de las normas; por ellos se pone en duda el honor no sólo de ellas, sino el de toda su familia, en particular, el de las mujeres de su familia. Se les culpa de ser malas madres, malas esposas, malas gobernantes. No es fácil participar donde se es víctima de violencia y su honor y prestigio se verán afectados después de terminadas sus gestiones.

     En distintos niveles, la violencia política puede provocar un abanico de malestares, siendo el de menor nivel un dolor de cabeza o de estómago, que puede evolucionar: dificultad para respirar, migrañas, vértigo, hipertensión, taquicardias, hiperglucemia o hipoglucemia, gastritis, colitis, infartos al miocardio, accidentes cerebro- vasculares, entre otros padecimientos que se han asociado como factores estresantes y que pueden relacionarse, por un lado, con violencia simbólica y agresiones como burlas, insultos, difamación, calumnias, destrucción o daño de bienes, entre otros, y también con ansiedad, angustia, miedo, desesperación, frustración, agotamiento y depresión.[26]

     otro lado, tenemos la violencia física, visible en el cuerpo, que tiene lugar a través de atentados, y para mostrar cómo la violencia afecta la salud y deja huellas en el cuerpo mencionaré algunos casos: el atentado contra Gloria Altamirano Robles, presidenta municipal de Tlacolula de Matamoros, en el estado de Oaxaca en 1992, quien frente a su casa recibió seis impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, entre ellos, la cara, estuvo hospitalizada seis meses y sobrevivió;[27] la expresidenta municipal María Santos Gorrostieta Salazar de Tiquicheo, Michoacán, quien había sufrido dos atentados, uno en 2009, donde asesinaron a su esposo, y el segundo en 2010, del cual quedó con muchas heridas, pero sobrevivió; en el tercer atentado, en 2012, fue asesinada.[28]

     También podemos observar que la violencia política deja cicatrices físicas y emocionales para toda la vida, pues marca un antes y un después en la vida de las mujeres; destruye familias, deja hijas e hijos huérfanos. Los atentados transforman simbólicamente el cuerpo, y las mujeres que han sobrevivido a éstos, llevan en sus cuerpos las marcas de la violencia, la cual también deja inscrito un mensaje claro en el cuerpo de las mujeres que han sido asesinadas: eso puede pasarle a cualquier de ellas.

     La primera presidenta municipal asesinada durante el cumplimiento de su cargo fue Marisol Mora Cuevas, del ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz, en 2012, sin embargo, su caso no atrajo la atención de los medios de comunicación. En 2016, Gisela Mota, presidenta municipal de Temixco, Morelos, fue asesinada en su casa a escasas horas de haber tomado protesta; este caso fue el precedente para que se demandara la atención hacia la violencia política que percibían las mujeres en los espacios de toma de decisiones de nuestro país, lo cual —como hemos mencionado— no es un fenómeno nuevo, y fue hasta entonces que empezó a reconocerse que la violencia política era un problema y que se requería establecer un protocolo de atención específico, pues al no existir una definición clara de este fenómeno, tampoco existían leyes para sancionar el delito.

     Cuando se cometen delitos contra las mujeres, los medios de comunicación tienden a poner en duda el honor, prestigio e integridad de las víctimas; en el escenario político es común encontrar esta práctica, por la cual generalmente se especula con nexos en actividades ilícitas, con el desvío de recursos, con la malversación de fondos, con el crimen organizado o con los mal llamados crímenes pasionales, lo cual vulnera su dignidad aun cuando hayan sido asesinadas.[29]

     La manera de hacer política en México se encuentra permeada por prácticas que perpetúan y legitiman la lógica para participar en política, existiendo un costo que pagar y toda una estructura de poder hegemónica sustentada en un statu quo que coloca a mujeres y hombres en el lugar que les corresponde social y culturalmente. En términos de esta lógica de poder, donde el más hábil, el de mayor prestigio o respaldo partidista, es con frecuencia quien ocupa altos puestos en las instituciones gubernamentales y cargos de elección popular, las relaciones cercanas con las élites económicas, sociales y políticas favorecen las trayectorias de quienes militan en los partidos.

     Podemos enmarcar cada caso dentro de su contexto para analizar las particularidades en las que tuvo lugar la violencia política, pues cada uno ofrece un indicador que nos permite ampliar la perspectiva de análisis; así, podemos encontrar si son municipios de alta marginación, de bajo índice de desarrollo humano, si son territorios en disputa del crimen organizado, si hay choques de intereses con grupos locales, si existió un desvío de recursos, si hay información relacionada con las gestiones anteriores, sobre los índices de corrupción, incremento de la delincuencia, etc.; sin embargo, sabemos por testimonios que el motivo principal es la misoginia, pues se les considera incapaces de gobernar por el hecho de ser mujeres, como hemos mencionado con anterioridad.

Los casos durante la Cuarta Transformación

Un gran obstáculo para la investigación de este tema es la escasa información de la que podemos hacer uso; por ello, utilizamos notas de prensa a sabiendas de que la información está sujeta a imprecisiones, pero no se dispone de fuentes más confiables de información. Es muy difícil acceder a los expedientes de las fiscalías para obtener datos más precisos sobre la situación de las mujeres que han sido víctimas de violencia política y han interpuesto denuncias.

     La simulación a la normativa de paridad de género no se ha hecho esperar, ya que es una forma de resistir la trasformación de las prácticas políticas ancladas en algunos partidos para no acatar las leyes y no garantizar la igualdad sustantiva por la que tanto han luchado las mujeres.

     En particular, en las elecciones de julio de 2018 fueron notables dos casos: el de las “Manuelitas” en el estado de Chiapas, al sur de la República Mexicana, en el que 67 mujeres declinaron y renunciaron de manera masiva a sus cargos, lo que puso en alerta a las autoridades electorales de Chiapas y al INE por la posible coerción de los partidos, incurrieran en la ilegalidad, y defraudaran la ley con la intención de violar el principio de paridad de género.

     En el caso de los muxes[30] en el estado de Oaxaca, fueron 17 de 19 candidatos que se hicieron pasar por mujeres trans para tratar de burlar la cuota de género, intento de fraude que terminó con la cancelación de sus candidaturas, pues fueron denunciados por diversos colectivos de la diversidad sexual. Ambos casos nos obligan a repensar en el papel que juegan los partidos políticos al resistirse a incorporar a las mujeres y atentar contra sus derechos políticos al ejercer violencia política en contra de ellas.[31]

     Estos casos en particular son notorios debido a que en el marco de la llamada “paridad en todo” se puede observar que en el interior de los partidos existen relaciones de poder enraizadas en prácticas políticas que privilegian a los hombres, por encima de las normativas establecidas por la autoridad electoral, para simular el cumplimiento de las cuotas y al mismo tiempo obstaculizar la participación política de las mujeres.

     Cada caso tiene particularidades que se sustentan en sus contextos, no obstante, las resoluciones correspondientes a cada uno de los casos que emitió la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales marcó un precedente para que estos tipos de casos no sucedan de nuevo, pues obliga a los partidos a transparentar las candidaturas y acatar la paridad sustantiva de género.

     Empero, las leyes y normas, en sí mismas como herramientas jurídicas, no resuelven el problema de la violencia política contra las mujeres en México, como tampoco lo hará la alternancia en el poder de las distintas fuerzas políticas que cohabitan en el país. Se observa un problema mucho más profundo que tiene que ver con las representaciones de lo que debe ser un hombre y una mujer dentro de un sistema anclado en una división sexual del trabajo claramente delimitado y estructurado para que ellas continúen realizando una actividad remunerada y, al mismo tiempo, labores de crianza y cuidado, lo que acorta el tiempo para participar políticamente; es un gran reto si es que realmente se quiere transformar de manera sustantiva el espacio político para que sea democrático, plural e incluyente.

Reflexiones finales

La relación que pueda existir entre la paridad de género y la violencia política debe entenderse en el marco de las distintas prácticas culturales, de los grupos étnicos y de la noción de participación política que tienen las mujeres que participan en política, y al mismo tiempo, contrastarla con el enfoque de derechos para que la propuesta del ejercicio democrático en las próximas elecciones considere una manera integral de llevarla a cabo respetando el principio de paridad de género. Es importante señalar que las decisiones que la ciudadanía tome deben partir de su autonomía y del respeto a los diversos métodos de elección para evitar conflictos internos y violencia política al interior de las comunidades.

     Es importante señalar que las cuotas por sí solas no transformarán las lógicas de pensamiento machista y patriarcal anclado en el sistema político y en la cultura mexicanos en general; es decir, las normativas son medidas necesarias para que los procesos electorales puedan ser respetuosos y se lleven a cabo en el marco de la ley, y lo que no sea de esta manera se sancione, pero las transformaciones en las prácticas culturales y políticas son de larga data.

     Si bien se presentan avances para lograr una paridad sustantiva en todos los niveles de gobierno, también se observan obstáculos para poder llevarla a cabo, y la violencia política a través de sus distintos actores nos muestra que las mujeres no tienen un camino político sencillo. La paridad de género ha modificado la participación política de las mujeres y, al mismo tiempo, se ha reconfigurado la violencia política; las mujeres se enfrentan a un sistema patriarcal enquistado en el espacio político, un sistema que privilegia a los hombres y las castiga a ellas por formar parte del espacio de toma de decisiones.

     Durante la campaña y el ejercicio del cargo, las mujeres atienden muchas veces lo urgente y dejan de lado su salud, pero no en todos los casos, por supuesto; sin embargo, es necesario un protocolo de atención que les garantice que durante el ejercicio político se proteja su integridad física y mental. Además, se debe garantizar que el ejercicio de su cargo se desempeñe en mejores condiciones, esto es, libre de violencia, y para ello habrá que transformar la manera de hacer política, porque el cargo termina pero los padecimientos y enfermedades se quedan.

     Se debería garantizar que el ejercicio de la participación política de las mujeres se cumpla en mejores condiciones, y habría que transformar la manera de hacer política en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para hacer de la política un espacio libre de violencia. Las normativas pueden homologarse, pero los contextos y procesos socio-culturales requieren de mayor tiempo para que sean asimilados, lo cual debe tenerse presente al analizar las prácticas políticas de los distintos actores involucrados en el espacio político. No sólo se trata de que haya un mayor número de mujeres en los espacios de toma de decisiones, sino que ellas tomen decisiones estratégicas y con incidencia real.

     Cuando se garanticen las condiciones para que las mujeres puedan participar en política y se garantice que ese espacio se encuentra libre de violencia, entonces se podrá hablar de un ejercicio pleno de los derechos político electorales para las mujeres mexicanas. Pues la cultura política se encuentra imbricada en prácticas que evidencian la hegemonía masculina y que la perpetúan en los espacios de toma de decisiones; mientras esto suceda, queda un ejercicio de largo alcance entre el discurso y la práctica, ya que para la transformación de estas prácticas se requiere, entre otras cosas, una voluntad política que fomente sancionar y erradicar las prácticas que obstaculizan el acceso de las mujeres a la vida política de nuestro país.

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