El presente artículo forma parte de un trabajo de investigación más amplio que contempla un análisis antropológico del conflicto de los pueblos mè’phàà de la región de La Montaña, en Guerrero, debido a políticas extractivistas[2] que afectan su vida, cultura y territorios. Lo que aquí se expone es una de varias maniobras y mecanismos actuales que ha implementado el gobierno para mantener a los pueblos originarios en una permanente exclusión de los procesos de toma de decisiones que afectan su contexto social, político y cultural; lo que facilita o expone a estas poblaciones a una vulnerabilidad sobre su derecho a la autodeterminación. El objetivo principal es, entonces, hacer visible la necesidad de mecanismos útiles y prácticos que permitan una amplia participación de los pueblos para establecer una nueva relación con el Estado, considerando el nuevo orden político, democrático y realmente representativo —o al menos eso es lo que se anuncia desde la actual presidencia de México—. Ahora más que nunca, los pueblos buscan deshabilitar para siempre su inserción subordinada a la nación y que sus demandas impulsen “la construcción de proyectos plurinacionales, interculturales y poscoloniales; nuevas sociedades donde el Estado no es neutro, sino que está comprometido con el proyecto plurinacional y con autodeterminación para naciones diversas dentro de un mismo Estado”.[3]

     En este sentido, una de las problemáticas centrales que enfrentan los pueblos de La Montaña es la de su representatividad, principalmente en el ámbito legislativo y de toma de decisiones respecto de las políticas de reconocimiento de la diversidad y derechos culturales, que podrían marcar un nuevo rumbo para un Estado que siempre ha privilegiado una identidad cultural única, homogénea y vinculada a un proceso de globalización. Su fortalecimiento, en tanto sujetos sociales, conlleva una necesaria participación en los distintos espacios de diálogo, donde se proyectan los cambios normativos necesarios para ofrecer alternativas inclusivas con la consecuente reivindicación de derechos. Pero generar una plataforma de entendimiento con las instituciones de gobierno, donde se reconozca un sistema económico, político y cultural propio de los pueblos, requiere un ejercicio legítimo en el que su representación sea efectiva y bajo mecanismos que garanticen la participación de los sectores que lo integran: hombres y mujeres que son agricultores, profesionistas, especialistas rituales, principales, estudiantes, líderes, jefes y jefas de familia, comisariados ejidales y comunales, autoridades tradicionales o municipales, etcétera.

     Como dicha representación se sigue manejando a través de algunos grupos políticos, organizaciones sociales o sectores específicos de las comunidades, aquí se indaga uno de los principales inconvenientes ideológicos y operativos que se imponen para dificultar el tránsito hacia un legítimo ejercicio de soberanía y de autodeterminación, por la falta de participación de la mayoría de los distintos sectores que constituyen a los pueblos originarios, lo que resulta en una representatividad deficiente al definir una postura colectiva ante iniciativas específicas, que se problematiza cuando la representación es susceptible de producir efectos jurídicos, activos y pasivos sobre el patrimonio de quienes representan, así como de los derechos y obligaciones que deriven de tal acto. Aquí se toma como un ejemplo concreto, por la incidencia que puede tener en la región históricamente marginada de La Montaña, el caso del “Proceso de consulta libre, previa e informada para la reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano del Estado de Guerrero” (en adelante PCPLI-RCGro), y el papel que juegan tanto las instituciones legislativas y las organizaciones no gubernamentales —como el Centro de Derechos Humanos de La Montaña “Tlachinollan” — en promover realmente la participación representativa de los pueblos o, en su caso, restringirla.

     Se resaltan a continuación los problemas principales derivados de la consulta y que serán abordados en los siguientes apartados. Dichas dificultades —se aclara— se determinan como tales, teniendo como fundamento la documentación recuperada y la etnografía narrativa[4] realizada en dos foros de consulta en el mes de septiembre de 2019; el primero llevado a cabo en la ciudad de Tlapa de Comonfort y el segundo en el pueblo mè’phàà de Paraje Montero, municipio de Malinaltepec.

     1) Se puede afirmar, en forma general, que los integrantes de los pueblos originarios partícipes del proceso no conocen, o sólo parcialmente, que a nivel estatal existe una ley que ampara sus derechos culturales, la Ley Número 701,[5] lo que trajo como consecuencia inmediata una información sesgada e insuficiente de los temas que se sometieron a consulta, que tuvo como un objetivo principal el de rechazar las modificaciones de 2018 a dicha ley, y donde se pretende incluir nuevas percepciones en relación con los criterios discutidos y analizados en 17 puntos centrales de la reforma; 2) el formato de la consulta siguió de manera parcial los lineamientos establecidos en el artículo 6o del Convenio 169[6] y en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas[7] respecto del consentimiento previo, libre e informado; 3) la participación de los pueblos interesados en el proceso de consulta para el mejoramiento de sus condiciones de vida fue significativa, mas no representativa, [8] porque se realizó fuera del ámbito comunitario de la mayoría de las poblaciones, haciendo uso de representantes de las poblaciones que llevaron propuestas que, de acuerdo con sus declaraciones, no pudieron discutirse en asamblea debido al poco tiempo que hubo para ello y a la falta de información suficiente de cada uno de los puntos a tratar en los foros. Situación que se vio agravada por una difusión insuficiente de la convocatoria: un formato operativo que no logró ofrecer a los asistentes la información necesaria sobre cada uno de los temas que se votarían a favor o en contra —dificultando también la posibilidad de una discusión profunda sobre cada uno de ellos en las mesas de trabajo—, así como la muy limitada oportunidad que tenían los participantes para abordar las problemáticas centrales que viven de manera cotidiana y persistente en sus pueblos. Es primordial aclarar que los testimonios compartidos se manejan de manera anónima a petición de los entrevistados.[9]

     La región de La Montaña es un campo de tensiones, de conflictos anacrónicos que han moldeado la vida de sus habitantes. En su jurisdicción coexisten pueblos nahuas, na savi y mè’phàà, en municipios que transcurren entre condiciones de alta a muy alta marginación.[10] Algunas de sus poblaciones aún no cuentan con energía eléctrica, agua potable, servicios viables y eficaces de telecomunicación, salubridad, así como de servicios educativos de calidad y con pertinencia cultural.

     Pese a que desde el 5 de septiembre de 1990 entró en vigor el Convenio 169, “[…] el gobierno mexicano fue completamente omiso en su obligación de consultar. Fue a partir de las exigencias de las comunidades […] de la modificación del artículo 1° constitucional y de algunas sentencias del Poder Judicial de la Federación que las autoridades mexicanas han comenzado a emprender acciones de consulta; sin embargo, hasta la fecha las omisiones continúan”.[11] Hasta ahora, la realidad de los pueblos de La Montaña es la no participación y la falsa representatividad porque no se cuenta con una estrategia temporal y espacial adecuada para que todos los interesados puedan involucrarse en temas tan esenciales como las iniciativas de la política pública y la toma de decisiones que son susceptibles de afectarles de manera directa, es decir, a ejercer la libre determinación y autonomía, como es el caso de la Consulta para la Reforma Constitucional. Tampoco se ha logrado, de manera significativa, el reconocimiento a la identidad y a sus derechos culturales específicos. No se les considera en proyectos o programas sociales que les son de utilidad o aquellos que afectan el tejido social y su estabilidad, de cómo conciben el desarrollo y el bienestar, y de las políticas educativas y económicas que han representado un esquema impositivo en detrimento de sus modelos alternativos de gestión local, gobernabilidad e inclusión de sus conocimientos culturales que puedan articularse a los arquetipos educativos.[12] En la práctica, no se les reconoce su autogestión en las formas de gobierno y justicia, así como la apropiación cultural del territorio mediante prácticas sociales, políticas y simbólicas. En Guerrero, la atención se ha centrado en la riqueza cultural de los pueblos, pero aquélla de la que se puede sacar algún provecho, la que es susceptible de entrar en los sistemas mercantiles y con la que se puede lucrar mediante el turismo o la agroindustria; lo demás pertenece a lo que despectivamente en las cúpulas del poder llaman “la indiada”.

La Montaña de Guerrero y los claroscuros
en la práctica efectiva de los derechos culturales

Guerrero es uno de los tres estados más pobres del país. Junto con la pobreza coexisten la desigualdad, la violencia, la discriminación, el abandono y la falta de oportunidades para acceder a la justicia, salud, educación y el trabajo digno; lo que resulta en la constante negación del uso pleno de los derechos humanos y colectivos —estos últimos referentes a los pueblos originarios—. Todo esto en un contexto histórico de caciquismo económico y político, donde frecuentemente se hace un uso faccioso del poder en perjuicio de los sectores más desprotegidos. La población es sometida de manera constante a la discriminación y el racismo, lo cual se manifiesta en los tratos denigrantes hacia la persona por su apariencia, el color de piel, el uso de vestimenta tradicional, o la dificultad para expresarse en el idioma “oficial” y preferir como medio privilegiado de comunicación la lengua materna.

     En Guerrero, los pueblos han transitado por distintos momentos históricos, en los que el despojo de sus bienes productivos ha recrudecido las condiciones de vida de su población, especialmente la de los pueblos originarios, cuya riqueza se centra en la explotación de los bosques de manera arraigada y recientemente en la minería a cielo abierto. Se ha restringido el uso y disfrute de los bienes naturales a través de la modalidad de Áreas Naturales Protegidas y el pago por servicios ambientales que se han instaurado mediante información tergiversada, engaños y sin un proceso de consulta previa, libre e informada. Esta problemática se vive en regiones como La Montaña, donde a la alta biodiversidad se le suma un mosaico cultural en el que conviven pueblos mè’phàà con una parte importante de pueblos nahuas y na savi.[13] Región donde históricamente han llegado múltiples programas sociales; sin embargo, a decir de sus habitantes: “La pobreza sigue igual, la marginación sigue igual, la exclusión sigue igual y eso que siempre se anda anunciando apoyos e inversiones y programas, pero todo sigue igual”.[14]

     En este escenario es donde irrumpe la iniciativa legislativa de consultar a los pueblos originarios para hablar de los derechos culturales, derechos que, empero, no son conocidos de manera generalizada por los pueblos originarios de La Montaña, y es por esta situación que el tema de la consulta sobre los mismos se complica.[15]

     Se presentan aquí —como ya se anticipó— algunos elementos que representan serias dificultades operativas, de integración y del establecimiento de mecanismos eficientes de inclusión de la población en el caso del “Proceso de consulta libre […] para la reforma constitucional y legal […] de los pueblos indígenas y afromexicano del Estado de Guerrero”.

     Conforme el documento de la convocatoria a la que se tuvo acceso,[16] las instancias responsables del proceso de consulta fueron tres: 1) autoridades responsables, que son la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero[17] —la que es también responsable de la iniciativa—, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña “Tlachinollan” y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), aunque de esta última institución los asistentes no tuvieron en claro cuál fue su función y en algunos casos se ignoraba, incluso, que tuvo participación en los foros realizados. 2) El Órgano Técnico y Comité Técnico de Expertos, “conformado antes del proceso de consulta e integrado por hombres y mujeres de probada experiencia en derechos de los pueblos indígenas, quienes orientarán y garantizarán el desarrollo adecuado de la consulta”,[18] que no fue presentado o anunciado a los asistentes de los foros en Tlapa de Comonfort ni en Paraje Montero, siendo un misterio para los consultados quiénes eran esos expertos convocados, cómo fueron elegidos y cómo ellos “garantizan” el debido proceso de la consulta. Por último, 3) Grupo Técnico Interinstitucional, integrado por los asesores de los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del H. Congreso del Estado de Guerrero; y por los asesores del Centro de Derechos Humanos de La Montaña “Tlachinollan”, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

     La Iniciativa de Ley indicada contempla reformas y adiciones a la Sección II de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en los artículos 8o, 9o, 10o, 11, 12, 13 y 14; además, se incluyen las reformas al Título Décimo y al Municipio Libre que se contemplan en los artículos 171, 172, 173, 174 y 176 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. El PCPLI-RCGro contó con 10 foros de consulta en distintas sedes y fechas de realización en la región administrativa denominada como La Montaña, para abordar diversos temas referentes al reconocimiento de sus derechos culturales. Ello es relevante porque el nulo acceso al reconocimiento y práctica de los derechos culturales repercute de manera directa en las vulnerabilidades jurídicas, sociales y políticas que se viven en La Montaña, y muy especialmente en lo referente al territorio.

     Uno de los principales cuestionamientos al proceso es que los 17 temas de la consulta,[19] que forman parte de la iniciativa, son en sí mismos complejos y su contenido se deriva de un conocimiento previo de lo que contiene la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero,[20] que se expidió en abril de 2011 y reglamentaria del entonces artículo 10° de la Constitución Política del Estado de Guerrero. La Ley 701 fue modificada en 2018.[21]

     Se cita la reforma del 2018[22] porque no consideró la opinión de los pueblos, afectando principalmente la legitimidad del sistema de justicia. Así las cosas, tal parece que los pueblos indígenas —al menos en Guerrero— se encuentran ante un modus operandi que los excluye de la toma de decisiones al organizar consultas a modo y ostentando como legítimo preguntar a otros sectores sociales no pertenecientes a los pueblos originarios sobre lo que puede o no ser considerado dentro de los derechos culturales y sus consecutivas adecuaciones. El formato en sí, foros en espacios y tiempos específicos, con una estructura de participación determinada, genera un campo socio-jurídico de disputa y en constante conflicto.[23]

     La exclusión multidimensional de los pueblos de La Montaña es incuestionable; tan es así, que su lucha jurídica actual en gran medida es justamente por el rechazo explícito a dicha reforma del 2018 en lo que concierne al Sistema de Justicia Comunitaria. En el decreto se cita que hubo “consultas” y que se valieron de opiniones de “expertos y especialistas”, afirmaciones muy cuestionables por el actual enfrentamiento directo con el gobierno estatal por esa reforma que definitivamente no fue representativa:

Los ciudadanos del territorio comunitario estamos en contra de esas reformas; dicen que nos consultaron, yo pregunto: ¿a quiénes preguntaron?, por qué no preguntaron a los consejeros de las Casas de Justicia, Comandantes Regionales, a las autoridades municipales y agrarias, a los pueblos que fundaron a la policía comunitaria. En los pueblos fundadores tenemos más de 20 años haciendo válida la justicia comunitaria y ahora vienen a decirnos que eso no vale, que ya se consultó, a quiénes preguntamos. Eso es una artimaña del gobierno para seguir manejándonos. Aquí los que siguen siendo los enemigos son el gobierno, los caciques y los medios de comunicación que ocultan información o no dicen las cosas como son.[24]

     El formato de las consultas y los lugares donde se llevan a cabo parecen ser parte de las dificultades, porque no se ha reforzado un ejercicio de horizontalidad en los procedimientos y los sectores que van a participar, así como la obligación de informar no sólo de manera previa, sino mediante un periodo de tiempo prolongado, según las necesidades de la población:

Pues se ha dicho mucho que la reforma al artículo 14 se consultó y se hicieron varios foros; yo nunca me enteré de ninguno, es más, esas reuniones —si es que hubo realmente en algún lugar—, sólo se fueron a legitimar. Ese tipo de cosas ya no deben de pasar desapercibidas. Aquí lo que yo veo en esta nueva convocatoria [haciendo referencia a la PCPLI-RCGro], es que hay voluntad, hay voluntad de cambiar ciertas cosas, lo que sigue estando mal es que no hay información previa sobre lo que implica la Ley 701 y por qué se deben de cambiar algunas cosas. Y pues lo que también está mal es que se pretendan avalar de las mismas maneras de siempre, con falta de una verdadera discusión y de verdadera inclusión de los pueblos, por ejemplo, yo estuve en Metlatónoc, y ahí estuvieron alrededor de 1 200 personas; quizá eso no es mucho o no es nada, pero sí es un paso de esta Legislatura donde no se llaman nada más a los compadres y a las comadres, a los afiliados del partido que representa el poder; ahí sí hay un cambio creo yo.[25]

     Si no se le concede la relevancia pertinente a la construcción de una verdadera representatividad, se seguirán viendo situaciones de exclusión aún dentro de proyectos cuyo objetivo es impulsar dinámicas de inserción de los pueblos en la toma de decisiones; un ejemplo extremo de esta situación es una encuesta rápida que se realizó en ambos foros de consulta, preguntando a 30 mujeres en cada uno de ellos, si conocían el contenido de la Ley Número 701: todas contestaron que no. Asimismo, de acuerdo con la percepción de algunos participantes, como los temas ya estaban definidos, los asistentes sólo tenían que ir a votar lo que ya se ha seleccionado y decidido de manera previa por la Comisión de Asuntos Indígenas, por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, por especialistas en derechos humanos, académicos y organizaciones sociales. Ello no implica que toda la propuesta de dialogar con los pueblos sobre sus derechos no tenga aspectos que pueden visualizarse como positivos: “Al final el ejercicio sí sirve, porque los pueblos se van involucrando con el tema de los derechos que les corresponden; van decidiendo conforme reciben la información, sea poca o mucha; van verificando el contenido de los derechos y eso crea una red de participantes, autoridades civiles, agrarias, representantes y organizaciones sociales; todos involucrados para promover una participación más grande”.[26]

     Para César Rodríguez,[27] ese ejercicio de representatividad se relaciona con una regulación sobre el dominio de la legalidad, y los procesos de consulta son escenarios donde se pretende soslayar las asimetrías de poder entre los actores involucrados, especialmente en lo que respecta al paradigma de gobernanza que somete a los movimientos sociales reivindicativos a la centralidad del derecho e implica también la trasmutación de las luchas de los movimientos sociales en litigios sobre derechos humanos.

     Con lo anterior se pueden examinar al menos dos problemas centrales en los procesos de consulta que tienen que ver directamente con la falsa representatividad. El primero tiene relación con la generación de mecanismos jurídicos como ejes reguladores de los conflictos con los gobiernos locales o nacionales, con empresas públicas o privadas; mecanismos de reconocimiento legal válidos sólo en el papel, porque los derechos indígenas —sobre todo en lo concerniente a sus territorios y bienes naturales— se encuentran siempre sometidos a intereses de los sectores en el poder político y económico, como lo afirma Francisco López:[28]

Para mitigar las protestas de los pueblos indígenas por el saqueo de los recursos naturales, las instituciones internacionales impulsaron el reconocimiento acotado de sus derechos, entre ellos los territorios y los recursos naturales, mismos que después reglamentaron los gobiernos locales, cuidando de que no se crearan instrumentos para ejercerlos. Así se crearon los grupos de trabajo y los foros permanentes de la Organización de las Naciones Unidas, donde muchos indígenas, la mayoría de las veces sin representación de sus pueblos, discutieron sobre el tema y aprobaron documentos con poca o ninguna fuerza vinculante, lo que no evitaba que se difundieran como grandes logros, mientras en instancias privadas, como la Organización Mundial del Comercio, se tomaban medidas obligatorias.

     El segundo problema se relaciona con los grupos de trabajo. Las atribuciones que se toman a través de la promoción de iniciativas o de la organización de los procesos donde éstas se incluyen, generan una línea difusa entre lo que se piensa que “podría ser mejor para los pueblos indígenas” y la imposición. Una debilidad presente en el PCPLI-RCGro es que, si bien no es igual a lo que sucedió en 2017, con las reformas al artículo 14 es lo mismo: porque se sigue pensando por y en nombre de los pueblos indígenas. Esto repercute de manera directa en el tema de la gobernabilidad y en cómo los pueblos piensan, regulan, practican y reconocen sus derechos. Por ello, es fundamental que se problematice sobre la injerencia de los grupos de trabajo en la construcción de una representatividad efectiva que, hasta ahora, no se ha logrado en los pueblos de La Montaña.

     Los grupos de trabajo pueden colaborar con la implementación de estrategias y de propuestas para trabajar junto con los pueblos, reconociéndoles en todo momento su personalidad jurídica y, antes de todo, la práctica efectiva de su autodeterminación. En el PCPLIRCGro se pudo documentar que, previo al proceso, se convocó a personas y organizaciones de manera selectiva, y el procedimiento y metodología de la consulta resulta, de nuevo, en una falsa representatividad de lo que desde y con los pueblos se considera imprescindible discutir respecto de cómo se debe ejercer el reconocimiento de sus derechos y su cultura, además de lo que debieran de contener. Es impostergable un alejamiento de la práctica común de otorgar voz a un sector, o a varios, en representación de un todo en sí complejo: la colectividad indígena. Así, y de manera selectiva, un grupo de personas del Órgano Técnico y del Comité Técnico de Expertos decidió cuáles temas se tratarían dentro de la reforma constitucional, mismos que serían sometidos a consulta y que no fueron sujetos a una evaluación de su pertinencia por el órgano jurídico para la toma de decisiones de los pueblos indígenas: la asamblea.

     No obstante, la situación no es exclusiva del estado de Guerrero: Raymundo Espinoza señala que en México, en el tema de las consultas, éstas se definen por ser altamente cuestionadas por razón de la manipulación de los procesos, la violación de sus principios y reglas elementales, así como por la idea generalizada de que la consulta es un derecho fundamental y prácticamente el único con el que podrían contar los pueblos originarios para defender sus recursos, prácticas y creencias; por ello, “en la academia y la sociedad civil se han vuelto lugar común una serie de opiniones apresuradas y superficiales respecto de los procesos consultivos. Sin embargo, muchas de esas afirmaciones no han sido corroboradas por los hechos, pero tampoco se sostienen normativamente, por lo que, además de erróneas, son también infundadas. Especialistas y no, han hecho fetiche de la consulta”.[29] En el anexo 1 del presente artículo se podrán consultar a detalle los temas a revisar dentro del proceso, que incluye un examen por los integrantes de los pueblos de La Montaña y su discusión en mesas de trabajo en cada uno de los 10 foros programados.[30]

     La claridad en torno a la estructura de las consultas en México sigue siendo un problema a nivel nacional; la nota técnica de 2019 de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz,[31] subraya las debilidades del proceso de consulta a los pueblos originarios, porque no ha sido completamente entendida e implementada por los representantes del Estado, en cuyo caso debe tomarse en cuenta que “son necesarios procedimientos especiales y diferenciados de consultas” cuando se afectan sus derechos, mismos que se distinguen por la particularidad de sus historias culturales, “y porque los procesos democráticos y representativos corrientes no suelen bastar para atender las preocupaciones particulares de los pueblos indígenas, que por lo general están marginados de la esfera política”.[32]

Foros consultivos en Tlapa de Comonfort y Paraje
Montero: la visión crítica de un proceso no representativo

En la convocatoria para el proceso de consulta se encuentra la información sobre el procedimiento y las etapas que la conformaron, entre ellas las siguientes: 1) etapa previa e informativa, 2) etapa deliberativa y 3) etapa consultiva. En la primera etapa se buscaba que se les proporcionara a los pueblos, mediante sus autoridades representativas, los temas de la convocatoria, quienes también se encargarían de realizar las asambleas en sus comunidades para discutir y analizar los temas enumerados en la convocatoria. Ahí mismo se nombraría a dos representantes de cada pueblo para asistir a los foros de consulta y presentar su acta correspondiente, donde se aprueban los temas que componen a la iniciativa de ley.

     Sin duda, un problema medular más del proceso es la etapa previa e informativa porque no se cumple con lo establecido en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Observación General 2011,[33] sobre la obligación de los Estados para que, en todo el proceso de consulta, los pueblos cuenten con su derecho a la participación efectiva, a la oportunidad de hacerse escuchar de manera previa a la toma de decisiones y con la información suficiente para que su postura esté fundamentada en sus entendidos de justicia, bienestar y pertinencia cultural. Esto se afirma por que la convocatoria para la etapa informativa se hizo a mediados del mes de agosto de 2019, prácticamente un mes antes de que iniciaran los foros consultivos, en donde los representantes de cada uno de los pueblos consultados debían de presentar su acta de asamblea con los resolutivos correspondientes a cada uno de los 17 temas a consultar. El tiempo fue insuficiente para que se lograra convocar y reunir a los habitantes de cada pueblo, que se entregara información pertinente y que se realizara una etapa deliberativa medianamente adecuada:

Nosotros como integrantes de una comunidad, sabemos que las asambleas nunca proceden a la primera convocatoria, las persona siempre esperan a la segunda o hasta tercera convocatoria. Las comunidades integrantes de un núcleo agrario nunca acuden a la primera asamblea, los únicos que acuden son las autoridades municipales como son los comisarios y delegados. Por usos y costumbres, para convocar a una primera asamblea se hace con 15 días de anticipación, y para convocar a una segunda asamblea donde se tomen decisiones que nosotros la conocemos como asamblea dura, se tiene que prolongar 15 días más. Por lo que en este caso de lo que llamaron Proceso de Consulta Previa Libre e Informada, pues simplemente no cumple con los tiempos por más que se trate de justificar. Y eso es sólo para que la gente se reúna; ahora se requiere de otro tiempo para la información y la discusión de los temas.
Lo que yo considero grave también es que las actas de asamblea ya venían redactadas sólo para que se rellenaran con los datos de las autoridades del pueblo y se colocaran las firmas de los asistentes a la asamblea. Ahí ¿cuál discusión?, ¿cuál información? Si de hecho en el inciso “e” dice que nosotros ya estamos de acuerdo en todo. Aparte de eso, en esta simulación, porque yo la considero simulación, esa Acta de Asamblea en el caso del municipio de Malinaltepec, no fue entregada a las autoridades correspondientes de cada núcleo agrario, sólo se entregó ese formato a las comunidades integrantes de la CRAC-PC; esa acta como tal no la recibimos en el pueblo de Unión de las Peras o de La Ciénega, nada más por dar un ejemplo específico.[34]

     El PCPLI-RCGro no es legalmente una consulta. Esto está demostrado en la etnografía con lo descrito en la cita anterior y también con lo que se pudo corroborar en algunos pueblos como Paraje Montero, donde la reunión de la asamblea previa a los foros no dio más que para votar si se firmaba o no el formato de Acta de Asamblea Comunitaria que les habían entregado, sin información ni etapa deliberativa, no porque no se quisiera, simplemente porque no dio tiempo y además no hubo una adecuación cultural para discutir en la lengua materna las iniciativas que incluyen, como puede apreciarse en anexo 1, conceptos complejos cuyas implicaciones sociales, políticas y culturales pueden ser determinantes: plurinacional, pluralismo jurídico, educación intercultural, patrimonio, nueva institucionalidad, presupuesto participativo, perspectiva de género.

     Como si el fin justificara los medios, se omite “tomar en cuenta el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a acceder a información oportuna y en su lengua, contar con el tiempo necesario para analizarla, tener la posibilidad de consultar las dudas que pudiera tener sobre la información que se les proporcione, realizar sus asambleas en los tiempo y lugares y formas que acostumbra hacerlo […]”.[35] Más aún, se busca legitimar con una convocatoria abierta, pero no realmente participativa y representativa, contenidos normativos específicos en foros abiertos que no se prestan para la discusión, aunque se hubiesen promovido para —de acuerdo con un tríptico repartido de manera pública en los foros— la búsqueda de “principios y criterios para la reforma constitucional y legal sobre Derechos de los pueblos Indígenas y Afromexicanos”,[36] con el objetivo de:

Recibir opiniones, propuestas y planteamientos sobre los principios y criterios que habrán de sustentar la iniciativa de Reforma Constitucional y las correspondientes leyes reglamentarias sobre los derechos de los pueblos indígenas y afomexicano. En este sentido, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña “Tlachinollan” y la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso del Estado de Guerrero, se han propuesto llevar a cabo un proceso de diálogo y consulta a los pueblos indígenas y al pueblo afromexicano de nuestro estado (sic) de Guerrero, a través de 10 foros locales que se han proyectado atendiendo a su afinidad cultural o su vinculación geográfica.

     En la tercera experiencia de los foros consultivos, que tuvo lugar en Tlapa, el formato de trabajo fracasó rotundamente al no poder instalarse las mesas de discusión porque la reunión empezó casi tres horas después, entre que las autoridades y representantes de organizaciones civiles y gubernamentales no llegaban y la falta de asistencia de las comunidades, por lo que no hubo una representación significativa de estas últimas. Por otra parte, a pesar de que los foros son para escuchar a los pueblos, en el presente caso todas las autoridades y representantes estatales y federales se retiraron paulatinamente después de la presentación de la mesa de presídium,[37] quedando sólo el representante de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Javier Rojas Benito.

Es lamentable que nunca se lleve realmente un trabajo con los pueblos. La clase política a nivel nacional no quiere y nunca ha querido hacer un trabajo directo con los pueblos originarios, siempre estamos al margen; siempre estamos excluidos o a menester de lo que ellos creen conveniente para nosotros; por tal motivo, lo único que yo rescato como integrante de un pueblo originario de lo que llamaron PCPLI-RCGro, son las buenas intenciones del grupo parlamentario que promovió esta ley. La buena intención sirve al menos para poner en la agenda política estatal el tema de nuestros derechos.
Los gobiernos anteriores nunca han hecho algo para sacar de la miseria, el atraso y del etnocidio a los pueblos originarios. Lo que pasa en Guerrero es que se trabaja para ciertas clases sociales, que regularmente son las clases altas; es el nuevo caciquismo político, donde unas cuantas familias se reparten la riqueza del estado, como es la industria de la copra, el fertilizante, el café, la industria turística y hotelera que despojó de sus playas a los comuneros y ejidatarios. Trabajan para ellos, se sirven de la clase media y la burocracia para mantenerse en el poder; también ahí la clase baja es la dadora mayoritaria de votos para que los caciques se mantengan en el poder. Nosotros como pueblos originarios a lo que más aspiramos es a acceder a la clase baja, porque realmente no figuramos en ninguna de estas tres clases y al no figurar no somos parte de las políticas de Estado más que de las asistencialistas, esas políticas que nunca han ayudado y sólo alargan la agonía de la pobreza y del hambre. Nunca hemos sido tomados en cuenta; es más, ni siquiera pertenecemos a un sector social; somos los invisibles, los excluidos, los inexistentes. [38]

En los dos foros de consulta hubo un discurso oficial que se manejaba para convencer a los integrantes de los pueblos a participar y legitimar el proceso a mano alzada, aunque las reuniones “no fueran representativas”, porque lo importante era “impulsar las reformas constitucionales en materia indígena”. La justificación a la falta de representatividad se hizo por medio de la comparación del ejercicio legislativo de “antes” y el de “ahora”, declarando que se debía de aprovechar el cambio que están viviendo los pueblos donde se está legislando de manera diferente, porque “antes no se les tomaba en cuenta para la creación de leyes e incluso eran unilaterales y se les perjudicaba con la mismas”, y por eso “no se deben de quejar por el trabajo tan arduo y tan importante que están haciendo actualmente los diputados de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso para conocer la opinión de los hermanos indígenas”, y se incentiva para que “todos los hombres y mujeres presentes, pertenezcan a una etnia o no, que opinen y den sus ideas para que se puedan incluir en las reformas que se están impulsando en este foro de la democracia”.[39]

     La evidencia empírica lleva a cuestionar entonces cómo una problemática de grandes dimensiones, como lo es la falsa representatividad, pretende ocultarse detrás de ejercicios supuestamente democráticos y con un “cambio de actitud” de quienes deben de legislar no sólo a favor de los pueblos, sino junto con ellos. Es así como la promoción de una consulta previa, libre e informada y culturalmente” adecuada no debe parar en el aplauso de la “buena voluntad” de los representantes políticos, menos aún suponer que la participación se traduce de manera automática en información eficaz y una deliberación adecuada de cada uno de los temas, además,

El principal desafío para el ejercicio de este derecho tiene que ver con cómo romper con una visión discriminatoria que mantiene las asimetrías de poder, excluye a los pueblos indígenas de la toma de decisiones sobre sus territorios y el ejercicio de sus derechos. [Por otro lado] la gran mayoría de pueblos indígenas se encuentra en condiciones de alta marginalidad económica y una pobreza estructural, por lo que carecen de medios y recursos económicos para obtener información accesible, asesoría técnica básica, recursos para organizar las reuniones, asambleas y talleres que se requieren en un proceso de consulta, lo que implica una complejidad organizativa y geográfica.[40]

     En general, las participaciones de los asistentes a los foros estuvieron desorientadas porque no conocían a fondo lo que implicaba cada uno de los temas propuestos y cómo se harían efectivos; también hubo confusión cuando la introducción a cada uno de los asuntos no se hizo de manera clara y, por otra parte, el uso de la lengua materna fue muy limitado. En los foros donde se pudieron instalar las mesas de trabajo se hizo evidente la necesidad de una preparación previa para exponer los puntos centrales, una reflexión no sólo de los asistentes sino de los propios colaboradores:

A mí me invitaron a formar parte de las reuniones previas de lo que sería la consulta y no tuve ningún problema en participar, porque hasta sentí más confianza de expresar lo que quiero y pienso. La crítica que yo haría al proceso y sólo con la finalidad de mejorarlo, es que se debe de tener cuidado en la manera en que se organizan las mesas de trabajo, porque es ahí donde se puede presentar una discusión importante sobre lo que piensan los pueblos y cómo quieren hacerlo. Por ejemplo, antier me llamaron por teléfono y se me pidió, primero, conducir una mesa, y después moderar esa misma mesa y, al final, hacer la traducción de la mesa que es además de un tema que no domino, ¡dos días antes del evento!; yo les dije: “Hermanos yo les apoyo en todo lo que pueda”, y entonces hice lo que me pidieron.
Ese día del foro, antes de que comenzara me acerqué a los compañeros que apoyan a la comisión de la Legislatura para que me proporcionaran la información de la Mesa 2; les dije: “Compañeros, necesito la información base sobre la que se desarrollan las mesas” y me dijeron “con mucho gusto” y sacaron una hoja con cinco puntos; al ver mi expresión sólo me dijeron “aviéntatelo”. Ahí creo que está la debilidad del proceso; no puede ser así. Efectivamente, antes de llegar a apoyar en una mesa debiste de haberte empapado plenamente de la información necesaria para compartirla con los asistentes, además de las dinámicas, la metodología y las estrategias apegados a la constitución en materia de consulta indígena. Si no tienes el bagaje para estar coordinando una mesa, ¿cómo la vas a hacer? Pero sí, no nos parece que te agarren, así como así, a que coordines una mesa sin nada de información y sobre todo saber de qué tratan las iniciativas, cuáles son los antecedentes y en qué consisten las reformas; de otro modo, no eres más que una persona que va a ir a legitimar el proceso con todos los vacíos y omisiones que presenta y eso es muy grave. Porque la verdad es que así a los pueblos nos han utilizado siempre, pero ya basta.
En una charla que tuve con otros compañeros, ya fuera de los foros, yo les preguntaba: ¿tú sabes para qué fue la consulta del día de hoy?, pero ¿sabes qué es lo que se va a reformar, la ley 701 o el artículo 14 constitucional? Otros creían y suponían diversas cosas, pero nadie sabía con certeza de qué iba la consulta, o sea, los asistentes estaban completamente confundidos y pues no puede haber una consulta previa libre e informada con los participantes confundidos; hace falta leer los documentos en que se basa la reforma. Yo insisto: es que este tipo de ejercicios son más bien como foros de reflexión, foros de preocupación colectiva, ese nombre como que les va mejor y ese proceso de consulta pudiera haber sido en un segundo momento; lo que sí veo, perdón, es que existe una urgencia de sacar esto y eso no me gusta mucho porque dicen que lo quieren presentar en el Congreso para el 15 de octubre me parece, entonces, pues se está contra reloj. Meterle velocidad y cómo salga, ¡pues total![41]

Tres temas fueron abordados en el foro realizado en Tlapa de Comonfort el día 21 de septiembre, y cuatro en el de Paraje Montero. En el caso de Tlapa se hizo una plenaria, por los motivos expuestos en párrafos anteriores, pero estaba planeado trabajar los temas “Cultura e Identidad”; “Derecho a una Educación Indígena, Multicultural y Plurilingüe” y “Derechos de la Mujer Indígena y Afromexicana desde la Perspectiva de Género”. El primero de ellos prácticamente no se discutió; en el segundo se trató de manera específica la iniciativa de los diputados Aristóteles Tito Arroyo y Arturo López Sugía, para la creación del Instituto Estatal de Lenguas Indígenas y Afromexicanos; finalmente, en el último hubo muy poca participación de los asistentes; quizá también se debió a la poca asistencia de mujeres. Sin duda, un tema relevante compartido en otros foros es la situación actual del Sistema de Justicia Comunitario: “La esperanza de los pueblos sobre este tipo de trabajos es para mejorar y recuperar el contenido de la Ley 701, antes de que se reformara en 2018, y sobre todo lo relacionado con recuperar el apoyo y la legalidad de la Seguridad comunitaria, ese es quizá el tema central”.[42]

     En Paraje Montero sí se instalaron las mesas de trabajo y se llegaron a resolutivos en cada una de ellas, mismos que se compartieron en una plenaria y también se votaron a favor con la mano alzada. En la tabla 1, se detallan algunos de sus puntos específicos.

Tabla 1. Aportaciones de los asistentes a los foros para cada una de las mesas de trabajo