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Dimensión Antropológica |
Artículo
Craadet: defensa del territorio
en La Montaña de Guerrero,
México
IVÁN OROPEZA BRUNO[*]
Resumen
El presente artículo expone mi experiencia en el proceso de lucha de los pueblos mè’phàà y tu’un savi, de la región de La Montaña del estado de Guerrero, frente a las concesiones mineras, cuyo origen se encuentra en su oposición a la creación de una reserva de la biosfera que pretendía abarcar cerca de 160 000 hectáreas del territorio que han habitado ancestralmente. Esta lucha derivó en la conformación del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, organización comunitaria que permite establecer una relación de trabajo y cooperación entre los distintos núcleos agrarios, a efecto de informar, en un primer momento, sobre las repercusiones posibles del proyecto de reserva, y posteriormente, sobre cómo afectarían las concesiones mineras a su territorio. El texto muestra, también, mi colaboración en una de las estrategias y, a la vez, mecanismo de defensa de su hábitat: la creación de los estatutos comunales.
Palabras clave: conflictos socio-ambientales, resistencias, territorio, xàbò mè’phàà, Montaña de Guerrero, extractivismo.
Abstract
This article presents my experience in the struggle process of the mè’phàà and tu’un savi peoples of the Mountain region of Guerrero State opposite to the mining concessions, The origin of which is in opposition to the project to create the Biosphere Reserve, which was intended to cover about 160,000 hectares of the territory that they have inhabited ancestral. This struggle resulted in the formation of the Regional Council of Agrarian Authorities in Defense of the Territory; community organization that allows to establish a relation of work and cooperation
between the different Agrarian Nuclei in order to report in the first moment on the
possible aftereffects of the project of the reservation, and later on the affectations of the various mining projects concessioned within its territory. The exhibition also shows my collaboration in one of the strategies and at the same time mechanism of defense of their territories: the creation of communal statutes. Los pueblos y comunidades originarias del mundo están dando una férrea lucha por la preservación del planeta. Los 68 grupos originarios de México no son la excepción; en estos tiempos cada uno de ellos se encuentra enfrentado una batalla por cuidar los recursos existentes dentro de sus tierras y territorios: agua, aire, madera, minerales, plantas medicinales, etcétera. Guerrero, uno de los 32 estados que conforman la nación, está dividido territorialmente en siete regiones geopolíticas: Acapulco, Centro, Costa Chica, Costa Grande, Montaña, Norte y Tierra Caliente. En cada una de las regiones existen diversos conflictos socio-ambientales, unos con mucho mayor impacto en el contexto de sus habitantes, como es la afectación de la minería a cielo abierto en las comunidades de Carrizalillo y el Balsas en la región Centro. La región de La Montaña, tema del presente artículo, concentra la mayor población de hablantes de lenguas indígenas, pero a diferencia de regiones como la Costa Grande[1] —la cual no registra población hablante de alguna lengua indígena —, todas las demás cuentan con al menos una población en donde se hable una lengua originaria. Esta región se compone de 19 municipios,[2] en su totalidad de indígenas o de descendientes directos, internamente dividida en Montaña Alta, Montaña Baja y la Cañada. La subregión Montaña Alta se integra con los municipios de Acatepec, Alcozauca, Atlamajalcingo del Monte, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Iliatenco, Malinaltepec, Metlatónoc, Tlacoapa y Xalpatlahuac, cuyos grupos etnolingüísticos mayoritarios son el tu’un savi y el mè’phàà, siendo minoritario el náhuatl. En la figura 1 se puede observar la ubicación de la región la Montaña.
Keywords: Socio environmental conflics, resistance, territory, xàbò mè’phàà, Mountain of Guerrero, extractivism.
Figura 1. División territorial del estado de Guerrero. Fuente:
elaboración propia a partir de imágenes del portal oficial del
gobierno del estado de Guerrero, recuperada de: [http://guerrero.gob.mx/].
La tenencia de la tierra que predomina en La Montaña es la propiedad comunal y ejidal, existiendo 127 ejidos y comunidades
Figura 2. Minería a cielo abierto en Carrizalillo, Guerrero. Fuente: Acervo de Iván
Oropeza Bruno.
agrarias,[3] aspecto fundamental que ha impedido la explotación de los recursos naturales por los gobiernos federal y estatal.
Para la región de La Montaña, el gobierno de Guerrero sugiere que una explotación de las riquezas minerales puede ser una fuente muy importante de ingreso para el combate de la pobreza de las comunidades indígenas y campesinas. Asegura que generará empleos con derechos laborales, desarrollo social, no afectará el entorno ecológico y evitará la migración.[4]
De no ser por el estatus que guarda la posesión de la tierra, la región de La Montaña ya estaría sufriendo las consecuencias de la minería a cielo abierto, lo que impactaría de manera directa a sus pobladores. En nuestro país, de acuerdo con datos de la propia
Figura 3. Asamblea agraria, Buenavista, San Luis Acatlán, Guerrero. Fuente:
Acervo de Iván Oropeza Bruno.
Secretaría de Economía, existen más de 27 000[5] mineras que involucran a 25% del territorio nacional; sin embargo, en 2011, el presidente de la Cámara Minera de México aseguró que 60% del territorio nacional es susceptible de ser explorado para la extracción minera. En el estado de Guerrero se han concesionado 1 604 140.8 hectáreas, que representan 25.2% de su territorio.[6]
En el ámbito legal, la actividad extractiva se regula de manera principal por la Ley Minera, la cual declara esta actividad como de utilidad preferente a cualquier otra y libre de contribuciones estatales o municipales, mas no federales. Esta actividad es, de hecho, de utilidad pública, como lo señala el artículo 6 de la citada ley, mismo que, además, refiere que las actividades de exploración, explotación
Figura 4. Mujeres de defensa del territorio, San José Buenavista, 2008.
Fuente: Acervo de Iván Oropeza Bruno.
y beneficio de los minerales o sustancias a las que hace referencia, serán preferentes sobre cualquier uso distinto o aprovechamiento del terreno donde se encuentran los minerales. En base a ello:
[…] los concesionarios pueden exigir que un pueblo desocupe el terreno que habita, que los terrenos dejen de dedicarse a la siembra de alimentos, a la actividad forestal, a la silvicultura, para que las empresas puedan llevar a cabo allí sus actividades. La misma disposición puede ser el fundamento legal para arrasar o destruir los lugares sagrados o donde se practican rituales que contribuyen al mantenimiento de identidad de pueblos indígenas.[7]
El proyecto de creación de la reserva de la biosfera
en la región de La Montaña
Uno de los mayores movimientos de la lucha de los pueblos mè’phàà en los últimos cinco años fue contra el proyecto de creación de un área natural protegida con calidad de reserva de la biosfera. Debemos
Figura 5. Polígono del área de la propuesta de reserva de la biosfera. Fuente: Estudio
previo justificativo para el establecimiento del área natural protegida con la categoría de
Reserva de la Biosfera “Montaña de Guerrero, en el estado de Guerrero, 2012, p. 9.
concebir que es una lucha de los pueblos mè’phàà por preservar su territorio frente al modelo capitalista, que ha entrado en la nueva fase económica que los analistas nombran “acumulación por desposesión”.[8] Este movimiento es un parteaguas en las luchas indígenas de la región por la defensa de sus recursos biológicos; y es a partir de este movimiento que existe una aglutinación de las autoridades agrarias para defender la tarea que les fue asignada por sus respectivos núcleos agrarios.
La propuesta gubernamental era la de crear un área natural protegida bajo la modalidad de reserva de la biosfera. El pueblo mè’phàà concibe que para que se sigan preservando nuestras costumbres, tradiciones y lengua es necesario contar con un territorio, ya que sin territorio no hay nada; por tal motivo, se analizó que dicha propuesta era un proyecto que buscaba la extracción de nuestros recursos naturales. La premisa de los actores que fomentaron dicho proyecto es que llevaría el “progreso” y el “desarrollo” a nuestras comunidades.
El proyecto no nació del interés de nuestras comunidades, como se manejaba; en las diversas asambleas de nuestros núcleos agrarios nunca hubo un punto a discusión respecto del tema. Se empieza a saber académicamente del proyecto con la publicación, en el mes de julio de 2012, del “Estudio previo justificativo” para el decreto de una reserva de la biosfera. Los ejidatarios, comuneros y comunidad en general se enteran en el mismo mes mediante la publicación de una nota periodística[9] que aparece en el Portal Oficial del Estado de Guerrero con fecha de 17 de julio de 2012, donde se informaba que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de su titular Carlos Toledo Manzur; la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y su representante Taurino Hernández, así como la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG), mediante Rafael Aréstegui, habían realizado una reunión de trabajo en las instalaciones del centro de estudios, que tenía como finalidad promover e impulsar la Declaratoria como Reserva de la Biosfera de la Montaña, misma que conservaría 157 896.02 hectáreas de bosque, selva y diversas especies animales de los núcleos agrarios de Malinaltepec, Iliatenco —ejidal y comunal—, San José Vista Hermosa —ejidal y comunal—, Pueblo Hidalgo, Santa Cruz del Rincón, Colombia de Guadalupe, San Miguel del Progreso, Paraje Montero, Mixtecapa, Huehuetepec, Cochoapa el Grande y Zitlaltepec. Se informaba que la finalidad de la conservación era la generación de empleos en busca del “progreso y bienestar social”, pero en el mismo estudio no se fundamenta cómo se entienden el progreso y el bienestar, y tampoco se especifica para cuántos habitantes habrá empleo.
El papel de la universidad en el Proyecto
de la Reserva de la Biosfera
Tuvo y tiene un papel trascendental la UIEG en este proceso de intento de despojo del territorio de los pueblos mè’phàà y tu’un savi. La participación de la universidad es un hecho que hasta el día de hoy no ha sido olvidado por los pueblos de La Montaña; esta cuestión ha impedido el crecimiento y desarrollo de dicha casa de estudios porque se cerró el proceso de vinculación universitaria con las comunidades de su entorno. Los pueblos ya no permiten entrar fácilmente a su territorio a alumnos y docentes para prácticas de campo, aunque en la actualidad existe una etapa de conciliación.
El rechazo de los pueblos mè’phàà y tu’un savi hacia la universidad se debe a que se sintieron traicionados por la institución. Dicha casa de estudios fue fundada mayormente por los pueblos mè’phàà del municipio de Malinaltepec; sus líderes, docentes, y autoridades civiles y agrarias, y pueblo en general, relatan que les tomó alrededor de cinco años de gestión para que la región contara con una institución de educación superior que atendiera a los hijos de las comunidades. Esta zona es una de las que registra mayor marginación en el país, y el acceso a la educación universitaria requería el traslado a zonas urbanas; la mayoría de la población no cuenta con los recursos económicos para proporcionar estudios superiores a sus hijos, razón por la cual la pelea por contar con una institución universitaria valía todo el esfuerzo. La labor de gestión fue demasiado agotadora; por ello, cuando se conoció la autorización para la creación de la universidad, fue un día de fiesta para los pueblos mè’phàà.
El propósito y misión del nuevo centro de estudios era formar profesionales comprometidos con el desarrollo de los pueblos indígenas, a efecto de que fueran capaces de recuperar los valores y las expresiones culturales y lingüísticas de las comunidades, así como de mantener una comunicación constante con los pueblos a fin de coadyuvar en sus problemas.
Por tal motivo, los pueblos mè’phàà, al enterarse de que la universidad que ellos habían fundado estaba en coordinación con las instituciones federales y estatales para despojarlos de su territorio, se sintieron altamente traicionados. La cuestión que más molestó fue que un grupo de alumnos y egresados se encontraban realizando actividades de promoción en cada uno de los núcleos agrarios de la región. Los vecinos de la zona consideraban que no era posible que sus propios hijos promocionaran las supuestas bondades, beneficios y altas oportunidades de desarrollo que traía el proyecto de creación de la zona de reserva de la biosfera.
La labor de promoción del proyecto formaba parte de las etapas para la firma del decreto; la intención era preparar el terreno para el proceso de consulta, hecho que se iba a gestar antes de la salida del
Concesiones mineras y localidades en municipios del estado de Guerrero
Figura 6. Mapa de concesiones mineras en La Montaña. Fuente: Tlalchinollan, folletos
distribuidos durante los Foros de Defensa del Territorio (2014).
entonces presidente de la República, C. Felipe Calderón H. (2006-2012), ya que el plan del Ejecutivo Federal era el de suscribir el Decreto de la Zona de la Reserva de la Biosfera.[10]
Este proyecto de despojo fue promocionado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semzaren) y la Conanp, entidades que buscaron aliados para la implementación de la reserva de la biosfera en la región de La Montaña; un importante aliado y promotor del proyecto fue la UIEG a través del rector y de los funcionarios de confianza que estaban a su cargo. La primera labor de los directivos universitarios fue la de tratar de convencer a toda la comunidad académica (docentes, administrativos y alumnos) en torno a las bondades del proyecto.
Cabe aclarar que la universidad —a través de sus funcionarios— constantemente promovió los proyectos de minería en la región de La Montaña mediante la exposición del tema por “expertos” en foros escolares.
Cuando la casa de estudios retorna a las labores académicas en las primeras semanas del mes de agosto de 2012, se hizo evidente que existía inconformidad en un sector del cuerpo docente. Los profesores no veían viable la implementación del proyecto porque no se realizó una consulta previa sobre los pros y contras de un proyecto de tal magnitud, además, argumentaban que este tipo de proyectos no abonaban a la sana convivencia con los pueblos originarios que se encuentran en el contexto de la universidad.
Por otra parte, los docentes que estaban de acuerdo con el proyecto hablaban solamente de sus beneficios y bondades, pero no discutían las consecuencias o repercusiones. Para tal efecto, el rector designó a los docentes que estarían a cargo de la promoción de dicho proyecto.
Los encargados, al tener relación directa con algunos comisariados de los núcleos agrarios, se dieron a la tarea de presentar y hablar de los beneficios, con el apoyo de alumnos egresados, en las asambleas ordinarias que se llevaban a cabo. De entre las bondades del proyecto para la universidad se mencionaban las siguientes:
• Fuente de empleo directo para los alumnos egresados de las distintas licenciaturas universitarias; principalmente se emplearían a egresados de las licenciaturas en Ingeniería Forestal —para el manejo y cuidado del área de conservación— y de Turismo Alternativo —promoción de los recursos turísticos—. Los egresados de la Licenciatura en Lengua y Cultura se emplearían en la aplicación de las encuestas —en las respectivas lenguas maternas—, atendiendo la recomendación del Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas.
• Recursos directos a la universidad: ingreso de 2 millones de pesos sólo por concepto de promoción y difusión del proyecto.
• Donación de dos camionetas Nissan para la casa de estudios, priorizando su uso para el fomento del proyecto.
• Generación de empleos para los habitantes de los núcleos agrarios inmersos en el proyecto.
En septiembre de 2012, el rector concede la realización de dos reuniones informativas con la finalidad de dar a conocer con más detalle el proyecto; las reuniones fueron fruto de las exigencias de los docentes[11] que no estaban de acuerdo en la promoción y aplicación del proyecto, sin conocer antes todas sus implicaciones. En estas reuniones, la comunidad estudiantil no fue tomada en cuenta, siendo que alumnos egresados formarían parte del equipo de trabajo que llevaría a cabo la consulta en cada uno de los núcleos agrarios insertos en el proyecto.
El grupo a favor del proyecto estaba integrado mayoritariamente por el rector Rafael Aréstegui y toda la estructura de confianza, el secretario académico Luis Aldama Martínez, el director de planeación Eduardo Chávez Castro, el director de Administración y Finanzas Alejandro Castellanos Bolaños, así como de diversos profesores y administrativos.
En cuanto a los alumnos, podemos mencionar que un parte apoyaba el proyecto porque veían una fuente de empleo. Los docentes que se manifestaban en contra de la implementación del proyecto en su mayoría eran originarios de los distintos pueblos indígenas de la región, y la mayoría eran integrantes del área de Humanidades y Ciencias Sociales.
El Concejo Regional de Autoridades Agrarias
en Defensa del Territorio
El Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadet) nace por la iniciativa del pueblo mè’phàà de La Ciénega, municipio de Malinaltepec, para la defensa de los recursos naturales existentes en la región de La Montaña, ante el intento de despojo por parte de los gobiernos federal y estatal mediante la creación de un área natural protegida (ANP), bajo la modalidad de “reserva de la biosfera”.
La premisa de los actores que promovieron el proyecto era llevar “progreso y desarrollo” a nuestras comunidades, de lo cual, los pueblos nunca fueron informados de manera directa; por tal razón, la
Figura 7. Convocatoria al primer foro en contra del Proyecto de la Reserva de
Biosfera. Fuente: Acervo de Iván Oropeza Bruno.
comunidad de La Ciénega se dedicó a informarse. Observó que a diversos pueblos originarios no les estaba yendo bien con las ANP’s, como, por ejemplo, a los cucapás. Se informaron y reconocieron que no era posible extraer recursos naturales sin la autorización previa del director del área, y de ser posible, la extracción debía tener sólo con fines científicos. Por tal razón, se organizaron y tomaron la decisión de recorrer las comunidades consideradas en el proyecto para informar en un foro las afectaciones a su vida comunitaria.
Actualmente, el concejo está integrado por los núcleos agrarios de poblaciones indígenas mè’phàà (Malinaltepec, Santa Cruz del Rincón, Paraje Montero, San Miguel del Progreso, Iliatenco —comunal y ejidal—, Tilapa, Tierra Colorada, Páscala del Oro, San José Vista Hermosa —ejidal y comunal—, Colombia de Guadalupe, Huehuetepec), ta savi (Mixtecapa, Zitlaltepec) y ñomndaa[12] (Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca), así como de núcleos agrarios que cuentan con poblaciones indígenas pero que tienen mayoritariamente población mestiza o descendencia afro, como son San Luis Acatlán, Marquelia y Cópala.
Los xàbò mè’phàà de la comunidad de La Ciénega, entre los cuales podemos mencionar a Isidro Peláez Cantú,[13] Maurina Fidelio Morales, Saúl Morán Oropeza, Urbano Morán Morán, Hermenegildo Morán Villar, Felicísimo Estrada Pacheco y algunos pobladores más, jugaron un papel trascendental en la conformación del Concejo Regional de Autoridades Agrarias, ya que ellos se dieron a la tarea de visitar cada una de las delegaciones, comisarías civiles y comisariados ejidales y comunales de los municipios de Malinaltepec, Iliatenco, Atlamajalcingo del Monte, Tlacoapa y San Luis Acatlán, con la finalidad de convocar a una reunión para el Rechazo del Proyecto de Reserva de la Biosfera, el sábado 6 de octubre de 2012.
La convocatoria tuvo el éxito esperado, ya que asistieron las autoridades municipales, civiles y agrarias (delegados, comisarios y concejos de vigilancia), junto con habitantes de sus comunidades; asimismo, estuvieron presentes instituciones civiles como el Centro de Estudios Ecuménicos, Tlalchinollan, Red de Afectados por la Minería, ENLACE, ALASC, etc., para externar su apoyo, el día de la reunión, al proceso que iniciaba.
Es necesario aclarar que ese día no fueron electas las autoridades que conformarían el concejo, sino que los acuerdos de la asamblea fueron:
1) Cada autoridad convocaría a su población para tomar las instalaciones de la UIEG el 8 de octubre.
2) Exigir ante los gobiernos estatal y federal la cancelación del Proyecto de la Reserva de la Biosfera.
3) Exigir la destitución del C. Rafael Aréstegui Ruiz, rector de la universidad mencionada.
4) Informar a las demás poblaciones sobre las consecuencias del proyecto que se encontraba en marcha, entre otras.
El 8 de octubre, integrantes de distintas poblaciones tomaron las instalaciones de la UIEG con la finalidad de exigir a las autoridades federales y estatales la cancelación del proyecto; el gobierno, ante la presión que ejercieron las comunidades, convocó a una reunión que se efectuó en el Palacio de Gobierno el 11 de dicho mes. Los comi-
Figura 8. Toma de las instalaciones de la UIEG por parte de las comunidades de La
Montaña. Fuente: Acervo de Iván Oropeza Bruno.
sionados tenían la encomienda de negociar, primeramente, la cancelación del proyecto en mención, así como la cancelación de 17 órdenes de aprehensión que se habían girado en contra de diversos actores sociales de La Montaña por el delito de secuestro y toma de instalaciones de gobierno.[14]
Después de más de seis horas de negociación ante los gobiernos estatal y federal, se logró que suspendieran el proyecto. Una vez reunidos en las instalaciones de la universidad se tomó la decisión de levantar el bloqueo y, asimismo, se convocó a una nueva reunión que se llevaría a cabo el 20 de octubre, nuevamente en la comunidad de La Ciénega.
En este segundo foro, los diversos núcleos agrarios toman la decisión de formar el primer Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, presidiendo el primer concejo los CC. Teodoro Tomás Galeana —Bienes Ejidales de Iliatenco—, Apolonio Cruz Rosas —Bienes Comunales de Santa Cruz del Rincón—, e
Figura 9. Toma de protesta del primer Concejo Regional de Autoridades Agrarias en
Defensa del Territorio. Fuente: Acervo de Iván Oropeza Bruno.
Inocencio Navarro Solano —Bienes Comunales de Malinaltepec—, como presidente, vicepresidente y secretario, respectivamente.
Ese día se acuerda llevar a cabo el Tercer Foro Regional en Defensa del Territorio en la comunidad de Mixtecapa; a lo largo de esos cinco años, dicha reunión se llevó a cabo en distintas comunidades de los municipios indígenas de La Montaña.
El Segundo Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio fue electo mediante asamblea el 19 de abril de 2015 en la comunidad de Ojo de Agua, municipio de Malinaltepec. La mesa de los debates estuvo integrada por los CC. Iván Oropeza Bruno, Amadeo Tomás Torres y Dulce María Gatica, presidente, primer y segundo secretario, respectivamente. Fueron electos los CC. Taurino Carrasco Castro —Bienes Comunales de Malinaltepec— presidente, Pedro Rojas Enríquez —Bienes Comunales de San José Vista Hermosa— vicepresidente; Valeriano Lorenzo Ortega —Bienes Comunales de Iliatenco— secretario, y como vocales: Silvino Santos Rojas —Bienes Comunales de Colombia de Guadalupe— y Santos Oropeza Cantú —Bienes Comunales de Tierra Colorada.
Figura 10. Toma de protesta del Segundo Concejo Regional de Autoridades Agrarias
en Defensa del Territorio. Fuente: Acervo de Iván Oropeza Bruno.
El Concejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio es la institución responsable de la organización de los foros informativos sobre las consecuencias que acarrearía la implementación de la minería a cielo abierto en la región. Las autoridades agrarias conciben que una forma de protección del entorno ambiental frente a las múltiples estrategias de despojo implementadas por empresas extractivas, y también por parte del gobierno federal, es la incansable labor de informar a las distintas poblaciones indígenas de la región de La Montaña de los severos daños ambientales que pueden ocasionar las empresas extractivas.
Los estatutos comunales: la lingüística como mecanismo
de compromiso con mi pueblo
La formación con alto compromiso social adquirida en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y, actualmente, en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), me permite contribuir en las acciones para la defensa de nuestras tierras y territorios llevada a cabo por los distintos pueblos xàbò mè’phàà pertenecientes a mi cultura. El hecho de estar dedicado a este proceso es porque soy integrante del pueblo mè’phàà y porque considero que las personas que salimos de nuestras comunidades para ir a las ciudades, “a prepararnos profesionalmente”, tenemos la enorme tarea de visibilizar los problemas que sufren nuestros pueblos, los cuales muchas veces sólo son objeto de estudio. Debemos documentar los atropellos que sufren día a día; si no podemos hacer mucho por ellos, al menos debemos tener el interés de plasmar en nuestros documentos sus problemáticas comunes. No debemos ir a los pueblos sólo a documentar, porque si no tienen apoyo de nuestra parte, es posible que llegue el día que vayamos por nuestros datos y ellos ya no estén.
Con la reflexión anterior debo acotar que la lingüística me permite ver más allá de nuestras expresiones orales, y poder hacer una reflexión metalingüística de nuestras expresiones de habla. Al andar con los compañeros comuneros y originarios de estos pueblos de La Montaña, hemos discutido que la férrea lucha en pro de la tierra y la naturaleza obedece a que en el nombre (glotónimo) llevamos y guardamos nuestra relación con ella:
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Mè’phàà |
‘Tierra de color roja o almagre’ |
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xàbò mè’phàà |
‘Hombres de la tierra de color roja o de la sangre’ |
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Tu’un savi |
‘Idioma de la lluvia’ |
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Ta savi |
‘Hombres de la lluvia’ |
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Ñomndaa |
‘Idioma del agua’ (lengua líquida) |
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Ñanmcue ñomndaa |
‘Hombres del idioma del agua’ |
Estos glotónimos expresan elementos de la naturaleza: tierra, lluvia y agua. Elementos sustanciales para la preservación y desarrollo de la vida humana. Mi integración al concejo se dio desde el momento mismo de retorno a mi comunidad de origen. Tuve la fortuna de asistir a la reunión de negociación con los gobiernos estatal y federal para impedir el Decreto de Creación de la Reserva de la Biosfera. Asimismo, los he acompañado regularmente a todas las acciones del concejo, como son:
• La realización de 34 foros informativos en torno a las afectaciones y consecuencias de la minería a cielo abierto a lo largo y ancho de la región de La Montaña.
• Implementación de Asambleas Agrarias, a largo del año 2013, a efecto de levantar actas de rechazo a actividades de exploración y explotación minera en sus territorios.
• En enero de 2014, el concejo propuso como meta acudir de visita a las minas los Filos y el Bermejal de la empresa Gold Corp. en el ejido de Carrizalillo, Guerrero, para documentar las afectaciones de la minería a cielo abierto, con la finalidad de conocer sus afectaciones.
• Ese mismo año, el Núcleo Agrario de Paraje Montero decide no renovar el contrato de exploración minera que había suscrito con la empresa CAMSIN. Deciden iniciar el proceso de reelaboración de su estatuto comunal, con el acompañamiento del Centro de Estudios Ecuménicos. Su nuevo estatuto contempla el derecho a un ambiente sano y libre de minería. El estatuto fue inscrito ante el Registro Agrario Nacional y fue aprobado en el año de 2015.
• En 2016, el Núcleo Agrario de Colombia de Guadalupe detiene dentro de su territorio a una camioneta de la empresa Media Luna, filial de Gold Corp., que pretendía realizar labores de exploración. La autoridad agraria convoca al concejo para notificar a los mineros que tienen impedido transitar dentro de la región de La Montaña.
• En octubre del 2017, el Craadet realiza el primer encuentro nacional contra el modelo extractivo minero en la cabecera municipal de Malinaltepec, Guerrero, con motivo de su quinto aniversario.
Unos de los ejes medulares del concejo, en su lucha por la defensa del territorio, es la elaboración de los estatutos comunales y reglamentos internos de cada núcleo agrario, en los que se plasman nuestras visiones como integrantes de un pueblo originario, como son:
1) Reconocimiento del derecho de la Tierra a no ser destruida en su entorno natural.
2) Reconocimiento a las generaciones que nos preceden para recibir un planeta habitable y bajo un ambiente sano y libre de minería, donde podamos vivir con dignidad.
3) Protección de la naturaleza y sus recursos.
4) Explotación racional de los recursos naturales.
5) Protección de sus lugares sagrados: cerros, lagunas, ciénegas, arroyos, piedras idolatradas, etcétera.
La tierra es venerada y respetada, y su inalienabilidad se refleja en prácticamente todas las cosmovisiones indígenas. Los pueblos indígenas no consideran la tierra ni como una dimensión separada de la humana ni como un mero recurso económico. Bajo sus cosmovisiones, la naturaleza es la fuente primaria de la vida que nutre, sostiene y enseña. La naturaleza es, por lo tanto, no sólo una fuente productiva, sino el centro del universo, el núcleo de la cultura y el origen de la identidad étnica.[15]
En la práctica de elaboración de estatutos y reglamentos confluyen dos ejes estratégicos: la educación y el uso de la lengua materna. La educación nos permite contar con mejores argumentos para la defensa de nuestro territorio, y el uso de la lengua nos permite plasmar visiones propias sobre lo que a nosotros nos importa.
Art. 1. Nuestro Estatuto Comunal es nuestra ley que legaliza y regula la forma en que nosotros como pueblo hemos decidido gobernarnos así mismo, lo cual incluye regular y vigilar los procesos y las actividades sociales, económicas, productivas, identitarias, culturales y espirituales que desarrollamos tanto las mujeres y los hombres que vivimos en nuestra comunidad de nombre Colombia de Guadalupe, del municipio Malinaltepec, en el estado de Guerrero.[16]
El documento fue elaborado por comuneros, comuneras, principales, comisarios, autoridades y profesionistas que la asamblea de cada núcleo agrario designa para tal fin; las reuniones se realizan regularmente cada 15 días durante un tiempo mínimo de seis meses. Finalizada la tarea se organiza una reunión con las autoridades agrarias para llevar a cabo las revisiones que sean necesarias, y se revisa que ningún artículo contravenga las disposiciones federales o estatales y las propias leyes agrarias.
I. Las normas dictadas en nuestro estatuto son de carácter obligatorio, por lo tanto, su cumplimiento le corresponde a todas y todos los comuneros, posesionarios, avecindados y ciudadanos que habitan en la comunidad, así como también, son obligatorias para las personas que ingresan temporalmente al territorio comunitario o estén de paso e incumplan nuestras reglas o pongan en riesgo a nuestra identidad, a nuestros bienes naturales o al territorio que está definido legalmente en propiedad colectiva.[17]
Una vez que se ha revisado el documento por parte de las autoridades y equipo de trabajo, se convoca a una asamblea general para su lectura y aprobación. Cabe mencionar que la lectura y aprobación del estatuto comunal o reglamento interno puede llevar más de tres asambleas generales, en términos de tiempo: mínimo dos meses. La elaboración de un documento de esta magnitud lleva aproximadamente de 12 a 18 meses de trabajo. No son elaborados al vapor. Cada núcleo agrario implementa sus propias dinámicas de trabajo.
Conclusiones
Para nosotros, los xàbò mè’phàà y ta savi, decimos que crear, promover o implementar “zonas de reserva” son proyectos de exterminio lento, ya que implica, en muchos casos, el desplazamiento de nuestros hogares. Mediante los decretos se otorgan “títulos de concesión”; son documentos que otorgan “derecho” al concesionario para explotar y hacer uso de los recursos adquiridos, sean éstos para uso y aprovechamiento del agua, recursos minerales o energéticos, etc. Nuestros derechos son vulnerados al momento de otorgar la concesión de nuestro territorio sin que exista una consulta previa, libre e informada. El gobierno concesiona sin tener conocimiento de la existencia de comunidades originarias en los polígonos de una concesión.
Hay que tener en cuenta que los pagos que recibe el gobierno mexicano por el uso y explotación de los títulos de concesión son irrisorios. Los recursos extraídos no ayudan al fortalecimiento de nuestro país, los empresarios sólo dejan las migajas. Nuestros recursos sirven para sustentar y fortalecer la economía de los países más ricos, como Canadá, Gran Bretaña, Estados Unidos de América, Francia, Japón, China, por mencionar algunos. Sus empresas trasnacionales tienen como objetivo prioritario usar nuestros territorios a efecto de aplicar modelos de extracción de recursos naturales, biológicos, culturales y lingüísticos. Lo extraído regresa como base de productos comercializables, los cuales tiene costos inalcanzables para la economía de la población.
Tsí ka’wiìn xúgí nduya à nagúùn, nimbá thangaa. Júyeè jùmà, itsí rí gí’do numuu, iná rí none thana mijn àxò’, iyaa rí nungujue ná xuajiuùn, ajngáaló’, xó juwa àló’, xó nu’sianló’, xtíñaló’, rí mo’pholo’. Xúgí. ¿Ikhíín rá?, xúgí nungujue. Nadxò’ xuajiuùn maratse lá iyaa rí m ìg ìn, tsída’ nungujuè thana, numu menda’kho xtángoo ná khama xti’kua’, xkua’ni má xí maratse ná e’kha ajngáaló’ [Los ‘claros’ todo se llevan, nada regresa. Nuestros pensamientos, el mineral, las plantas con que nos curamos, el agua que se vende en sus ciudades, nuestra palabra, cultura, cómo vivimos, cómo bailamos, nuestras vestimentas, lo que comemos. Todo. ¿Y ellos? Ellos todo lo venden. Vas a sus pueblos y ahí tienes que comprarles el agua para tomar, las medicinas las venden carísimas, cuestan mucho los libros en donde apareces retratado, y así también donde viene nuestra palabra (lengua)].[18]
Llevan ocho años de la lucha los que emprendieron los pueblos para la defensa de La Montaña. Tiempo que ha servido para fortalecer procesos en la vida comunitaria. De manera personal se puede mencionar que la lingüística ha sido un puente para reflexionar en torno a lo que, para nosotros, es importante en nuestros territorios; se reflexiona sobre cuáles son los significados semánticos de conceptos como: justicia, derechos humanos y uso y manejo de los recursos. La reflexión permite que las personas plasmen, en sus respectivas lenguas maternas, su visión sobre el cuidado del territorio en su respectivos estatutos comunales y reglamentos internos. Por tanto, existe una aprehensión de los documentos porque ahí ven plasmada su lengua; aspecto que era impensable en años recientes. Falta mucho camino por recorrer, existe tsiakhè ‘fuerza’ y jùmà ‘ideas’ para seguir construyendo nuestro camino, el camino de todos.
Bibliografía
Becerril, V. Ballinas, y V., “Envía Calderón al Senado reforma para privatizar ejidos”, La Jornada en línea, 28 de noviembre, 2012.
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Harvey, David, El nuevo imperialismo, Madrid, Akal, 2004.
López Ayllón, Sergio, “Panorama de la legislación minera”, en Minería mexicana, México, Comisión de Fomento Minero, 1984.
López Bárcenas, Francisco y Mayra Montserrat Eslava Galicia, El mineral o la vida. Legislación y políticas mineras, México, Ítaca, 2013.
Núñez Rodríguez, Violeta, Luciano Concheiro Bórquez y Patricia Couturier Bañuelos, “Las mineras en México: ¿desarrollo para quién?”, en F. Novelo, El retorno del desarrollo, México, UAM-X, 2013, pp. 47-68.
Plan ecorregional de La Montaña de Guerrero y sus áreas prioritarias de conservación, Tlapa de Comonfort, Guerrero, México, MIE-PNUD-CONANP, 2010.
Toledo, Víctor M. y Eckart Boege, “La biodiversidad, las culturas y los pueblos indígenas”, en V. Toledo (coord.), La biodiversidad de México. Inventarios, manejos, usos, informática, conservación e importancia cultural, México, FCE / Conaculta, 2010, pp. 160-192.
Citas
DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA, AÑO 28, Vol. 83, SEPTIEMBRE/DICIEMBRE, 2021. [*] Universidad Autónoma Metropolitana-UAM-Iztapalapa. [1] Por citar un ejemplo, la región Acapulco cuenta con al menos una población definitivamente hablante de una lengua indígena, que en este caso es la población de San Martín del Jovero, población hablante de la lengua mè’phàà variante vatháá. [2] De acuerdo con el portal oficial del Estado de Guerrero, los municipios pertenecientes a la Montaña son: Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Copanatoyac, Cualac, Huamuxtitlán, Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá, Tlacoapa, Tlalixtlaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuetlán, Zapotitlán Tablas, pero no considera a los municipios de Iliatenco y Cochoapa el Grande, de nueva creación, entre 2005 y 2006 respectivamente; recuperado de: [http://guerrero.gob.mx/articulos/geografia/], consultada el 2 de noviembre de 2019. [3] Véase Plan ecorregional de La Montaña de Guerrero y sus áreas prioritarias de conservación, 2010, p. 38. [4] Ibidem, p. 42. [5] Una concesión es un acto administrativo por medio del cual el Estado concede a un particular el manejo y explotación de un servicio público o el aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (Sergio López Ayllón, “Panorama de la legislación minera”, en Minería Mexicana, 1984). De acuerdo con esta concepción, las concesiones pueden tener dos fines: la prestación de servicios públicos que en principio corresponden al Estado, pero que éste decide transferir a los particulares para que éstos lo hagan en su nombre, como el transporte público o ciertas formas de comunicación; y el aprovechamiento de los recursos naturales, que no se pueden transmitirse en propiedad a los particulares. Por su naturaleza, las concesiones mineras, pertenecen al segundo tipo de actos (Francisco López Bárcenas y Mayra Montserrat Eslava Galicia, El mineral o la vida. Legislación y políticas mineras, 2013, p. 37). [6] Violeta Núñez Rodríguez, Luciano Concheiro Bórquez y Patricia Couturier Bañuelos, “Las mineras en México: ¿desarrollo para quién?”, en F. Novelo, El retorno del desarrollo, 2013, p. 47. [7] Francisco López Bárcenas y Mayra Montserrat Eslava Galicia, El mineral o la vida. Legislación y políticas mineras, 2013, p. 29. [8] David Harvey, El nuevo imperialismo, 2004. [9] Las personas que sabían del proyecto mencionado era por conocimiento directo de los promotores. [10] El despojo contra los pueblos fue avasallador; cabe señalar que faltando dos días para la culminación de su sexenio, el gobierno mandó una propuesta para reformar la Ley Agraria para privatizar la propiedad ejidal (A. Becerril y V. Ballinas, “Envía Calderón al Senado reforma para privatizar ejidos”, La Jornada en línea, 28 de noviembre de 2012). [11] Mayormente los docentes que no estaban de acuerdo con la implementación del proyecto pertenecían al área de Humanidades y Ciencias Sociales. Todos ellos indígenas, pertenecientes a un grupo étnico de la región de La Montaña. [12] En el momento de realizar la presente investigación, el foro se llevó a cabo el 1 de abril del 2017 en la comunidad ñomndaa de Xochistlahuaca. [13] Comisario en turno durante el inicio del proceso. [14] Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por el Ministerio Público ubicado en la cabecera municipal de Malinaltepec; sin embargo, éstas nunca fueron ejecutadas por razones que hasta ahora se desconocen. [15] Víctor M. Toledo y Eckart Boege, “La biodiversidad, las culturas y los pueblos indígenas”, en V. Toledo (coord.), La biodiversidad de México. Inventarios, manejos, usos, informática, conservación e importancia cultural, 2010, p. 168. [16] Estatuto Comunal de Colombia de Guadalupe, 2020. [17] Idem. [18] Francisco Bruno Villar, Unión de las Peras, febrero de 2017.