Abreviaturas: Buenos Aires (Bs As), Banda Oriental (BO), Misiones (Mi), Santiago del Estero (Stiago), La Rioja (LR), Entre Ríos (ER), San Luis (SL), Mendoza (Me), Santa Fe (SF). Córdoba (CO), Salta (Sa), Catamarca (Ca), Tucumán (Tu), San Juan (SJ), Corrientes (Ctes).

Fuentes: "Sesión 31 de julio 1828", RNSF, p. 1.

Observación: Córdoba participa de la primera conferencia privada preparatoria, pero se retira por que no está de acuerdo con sesionar mientras no estén todas las provincias en la Convención. Santa Fe se incorpora después de las conferencias privadas preparatorias, por eso no figura en cuadro 3. Banda Oriental se retira después que se firma el tratado de septiembre de 1828.

conocer mejor cómo juegan estos actores provinciales en el tablero político de esta iniciativa de organización del poder nacional, resulta del todo pertinente que mencione ciertos aspectos relacionados con la situación de algunos de estos casos. Hecho que, estoy cada vez más convencido, nos ayudará a comprender mejor qué perspectivas presenta la iniciativa de la Convención y cuáles son los conflictos y las fuerzas que están moviéndose en las agitadas aguas de esa experiencia.

Caso Buenos Aires

Se presenta en la escena una disputa por ganar el oído de los porteños. De esta manera, las posturas tajantes y extremas predominan en los dichos y actitudes de los contingentes políticos. Desde la trinchera oficialista se afirma tanto un neto predomino federal de hecho en las provincias como una voluntad de nación con esa impronta. En esta línea de razonamiento, desde su prensa se sostiene que la Convención Nacional es la gran oportunidad para que "reaparezca la República Argentina" y se deje atrás la situación de "aislamiento";[16] se señala, además, que es el momento adecuado para que las provincias transiten por el camino que los lleva a convertirse en nación.[17] Se considera que es un grosero error de los unitarios y una evidente mentira cuando estos grupos mencionan que aquellas quieren la Unidad, ya que a sus ojos muchos la rechazan y "todas o casi todas las provincias son federales".[18] Vuelve entonces la idea ya señalada de una suerte de federalismo de hecho. Por este motivo, a sus ojos, la sanción de una Constitución nacional de ese signo se torna, para mañana o pasado mañana, inevitable. Se defiende constantemente, además, tanto las incursiones guerreras contra Brasil (sobre todo hacen foco en la alta moral de la tropa, las victorias, el buen trato a los prisioneros enemigos y la necesidad de la colaboración de las provincias) como los beneficios de las tratativas de paz, sobre todo porque suponen que con esa nueva realidad bajen los precios de los productos de primera necesidad, como la yerba y la carne, y mejore la posición de los negocios de los comerciantes.[19]

Por el contrario, la administración de Dorrego es seriamente cuestionada por la oposición pro unidad. Muy diversas descalificaciones y denuncias aparecen en la prensa casi cotidianamente: las elecciones realizadas en mayo son denunciadas por irregulares;[20] se llama la atención sobre la incursión negativa de demagogos y la existencia en la arena pública de lo que llaman en esa misma línea "espíritu de partido" y, sobre todo, que el gobierno no haga nada al respecto;[21] la Ley de Imprenta es juzgada, entre numerosos aspectos, como una maniobra que, entre otras cosas, oculta la censura a los escritores y, al mismo tiempo, cuestiona las penas previstas;[22] en la frontera, la irrupción de "indios" obliga a designar a Juan Manuel de Rosas con el fin de que logre una respuesta positiva;[23] las tratativas de paz con Brasil son vistas con ansiedad por varios motivos: la aparición de especuladores que lastiman el bolsillo de los consumidores, los comerciantes que se ven perjudicados en sus negocios, "la clase indigente" que se muestra perjudicada por el alto precios del pan y de la carne, entre otras; y, como es de esperar en la actitud del grupo opositor, en este rosario de lamentos se responsabiliza al gobierno por la demora de la firma del tratado;[24] el gabinete provincial y la Sala de Representantes (con predominio federal) no presenta ningún tipo de "luces", de "ilustración", para administrar y legislar la provincia.[25]

En suma, hay aquí una gestión provincial que puede exhibir iniciativas propias tanto en el plano local como en el interprovincial; sin embargo, esa experiencia no está exenta de dificultades, tensiones y resistencias.[26] En territorio bonaerense se levanta un escenario de disputa que, sin duda, tiene resonancia tanto hacia el interior como en el panorama nacional. Por un lado, el gobernador y la prensa más adicta defienden su administración, su importancia en la guerra con Brasil y las negociaciones de paz, e impulsan la Convención como una plataforma para instalar una nación federal y, además, el presupuesto provincial y las leyes que sancionan en el ámbito legislativo; por otro lado, los grupos pro unidad tratan de minar su legitimidad de gestión; finalmente, un sector de ellos produce un golpe de estado en diciembre de ese año, que liquida su administración y pone en jaque la vida de la reunión deliberativa en la ciudad de Santa Fe.[27]

Caso Misiones-Corrientes

Por los motivos que ya conoce el lector, ambas provincias presentan posturas y estrategias diferentes en relación con la Convención. La primera se suma a la empresa convencional dando indicios sobre su legitimidad de acción y, al mismo tiempo, se apoya en ese cuerpo para defender su soberanía de los avances y desbordes de su vecina. De este modo, el gobernador de Misiones comunica al gobierno de Buenos Aires (la administración que motoriza esta experiencia institucional) dos hechos contrastantes: por un lado, que está cumpliendo con los objetivos trazados por los pactos interprovinciales y, en esta línea, describe con abundancia que, por ejemplo, ya ha hecho la elección del diputado que va a enviar a Santa Fe; mas por otro lado, con un tono que no evita el drama, señala la difícil situación que se vive en su territorio como "resultado de la invasión de los fuerzas de Corrientes".[28]

Esta última, sin embargo, presenta como uno de sus principales argumentos para resistir su entrada a la reunión santafesina la idea de que en ella no hay una representación nacional como se pretende y, como correlato de esa realidad, no se respeta de ningún modo la soberanía de las provincias ausentes. Evocando experiencias pasadas, sostiene que seguramente ese alterado paisaje tendrá consecuencias políticas lamentables. Es lo que señala una nota presentada al cuerpo y leída en el recinto de sesiones por un diputado correntino, quien cuestiona su instalación y advierte sobre "los males de la anarquía", si no se tiene en cuenta dichas ausencias, como por ejemplo la de Catamarca.[29]

Por su parte, El Liberal, el diario porteño pro unidad, tratando de enfatizar más en las dificultades, un material que le sirve para justificar su posición sobre la falta de oportunidad para la realización de la Convención, describe una y otra vez las tensiones y conflictos que se conocen entre los oficiales del ejército Manuel Lavalleja y Manuel Uribe.[30] Falta de autoridad y de orden, situaciones de ilegalidad y de violencia son aspectos que resaltan en este tipo de informaciones. Así, por ejemplo, se recuerda los fusilamientos que ordenó aquel último militar entre las mismas fuerzas, hechos que a los ojos del redactor se vinculan directamente con situaciones de venganzas o de envidias.[31] En el mismo sentido se publica un decreto firmado por Fructuoso Rivera sobre las incursiones al territorio de Misiones, tanto de "vaquerías" como lo que simplemente describe como "otros delitos en su territorio".[32] Se señala, además, que la forma de elección de los diputados de Misiones se hizo de forma que excedió el marco legal y por eso considera dudosa su representación en la Convención.[33]

En síntesis, los problemas entre estas provincias tienen su directa consecuencia en la realización del esfuerzo de reorganización nacional, en cuanto revela un conflicto para el pleno concurso en ella de ambas y, al mismo tiempo, cada uno de los actores trata de traer agua para su propio molino, en un juego de interacción entre los intereses de la Convención (que insiste en integrarlas) y de los poderes provinciales (evocados a través de la defensa de sus propias soberanías) que tratan de imponer su estrategia en defensa de sus propios intereses y valores.

Caso Córdoba

Esta provincia, como se ha dicho ya, si bien inicia con Buenos Aires (en el año 1827) el proceso de reconstrucción institucional convocando a las demás a una Convención Nacional, con premisas concretas para organizar una nación de matriz federal, tiene, sin embargo, durante el año 1828 gestos e iniciativas concretas hacia la resistencia abierta.[34] Como si se tratara de botones de muestra, menciono varios hechos. Uno de ellos se produce en abril de ese año, a partir de una ley sancionada por la Junta de Representantes, donde ella se guarda el derecho de aprobar o no lo acordado por el gobierno encargado de los negocios nacionales (Buenos Aires) y el imperio del Brasil.[35]

El tema es importante, ya que si el Poder Legislativo (también es la postura de Salta) decide finalmente no adherirse al Tratado, el mismo obviamente pierde toda su legitimidad en la medida que la decisión de la Convención deja de ser representativa por la negativa de una de sus partes fundantes. No es casual, y mucho menos inocente, que los editores del diario pro unidad El Tiempo aprovechen la oportunidad para descalificar la realización de la Convención, empleando algunos argumentos que ya se advierten en otra publicación un tiempo antes.[36] A su juicio, esta decisión corrobora la actitud de los cordobeses de no respectar ningún pacto o acuerdo, ya que tampoco respetaron lo que prometieron en el Congreso del año 1826. Completando este razonamiento afirma que, si cuando no cumplieron en ese último año llamaron igualmente a una nueva reunión nacional, lo más probable, aseguran, es que ahora vuelvan a caminar por el círculo de esta misma lógica política, repitiendo la misma actitud cambiante con la Convención. Lo que es muy claro a sus ojos es la desenfrenada ambición del gobierno federal de Bustos de apoderarse del mando de la nación sin asumir ningún tipo de compromiso o fidelidad con las demás provincias.[37] Un doble conflicto, el que separa a provincias federales entre sí y el que dispara la intervención en ella de los grupos pro unidad para agudizarlos, con el claro objetivo de ampliar la base de la fuerza de ese grupo y minar la de los federales.

Como ya insinuamos, un segundo hecho se produce en la primera reunión preparatoria de la Convención, cuando los diputados mediterráneos se retiran por juzgar que no estaban representadas allí todas las provincias y por esta causa no podía admitirse el funcionamiento de un ámbito que actuase como "deliberante" cuando no reúne esos requisitos mínimos y elementales.[38] Un tercer gesto puede advertirse en una nota del gobierno de Córdoba (con fecha 25 de agosto, contestando a la enviada por el cuerpo el día 8), la cual se leyó en el recinto de la Convención. La carta va dirigida, no por casualidad, al "diputado" por Buenos Aires Echeverría (presidente del cuerpo). Y, con una clara intención política, lo hacen de esta forma porque Córdoba "desconoce la representación del Presidente y del Cuerpo que preside".[39] Al mismo tiempo, hace saber que la provincia ha "dictado sus providencias sobre la incorporación de sus diputados sancionadas en 14 del mismo mes en ampliación o explicación de la 13 de julio, y se reducen a que esperen la concurrencia de los de las provincias que aceptaron la invitación; que sin este requisito no podrán incorporarse ni aun en sesiones preparatorias".[40] Como se ve, el problema de representación de la Convención es un argumento clave en esta disputa política y, por este motivo, los vemos repetirse en los discursos una y otra vez. Un cuarto hecho pude señalarse unos días más tarde cuando se presenta en el recinto una nota de sus diputados (al mismo tiempo de la que envían los correntinos), quienes protestan por los mismos motivos que expresaron estos últimos.[41] En noviembre y principios de diciembre se discute en la legislatura de Córdoba sobre los insistentes pedidos de la Convención para que sus diputados la integran, mas luego de varias sesiones deciden no hacerlo y que sus representantes "cesen en sus funciones".[42]

En suma, hacia 1828, en el marco de la apertura de la Convención, Córdoba se resiste abiertamente a integrarse. A modo de conjetura resulta posible inferir que por lo menos se presentan dos cuestiones que podrían haber incidido en este cambio de perspectiva y de estrategia. Uno de los motivos puede buscarse en su desplazamiento del espacio inicial de su organización, de ser el principal promotor junto con Buenos Aires, rápidamente cede espacio al dominio de estos últimos, quienes comienzan a tejer alianzas interprovinciales y a prometer que solventarán económicamente los gastos de las provincias que no pueden hacerlo por sus propios medios. Buenos Aires y Santa Fe, a la hora de realizarse la Convención, aparecen como sus cabezas visibles. De este modo, las diferencias producidas entre provincias del mismo signo político no se pueden leer linealmente como una disputa ideológica, sino que aquí hay una lucha dentro del espacio federal y puede definirse como de orden faccioso.

Un segundo aspecto que refuerza al primero es la mirada que tiene la administración cordobesa del sector unitario. Bustos, en su mensaje a la Legislatura, describe la tranquilidad que goza su provincia y la vigencia de sus leyes; al mismo tiempo, la República tiene a sus ojos esa misma paz luego de las victorias obtenidas por las armas federadas en Santiago, Vinará y Rincón, hechos en los que Córdoba tuvo en su opinión una parte sobresaliente. En este recreado escenario, el primer mandatario sostiene que en el presente sólo hay "pequeñas conmociones en Tucumán, efecto de no haber concluido los primeros autores de aquellos movimientos anárquicos promovidos muy especialmente por el gobierno de Salta, último vástago de esa funesta aristocracia, que tantos males causó a la patria en el año anterior, ha sido pasajera, cediendo a su misma impotencia".[43] Como puede apreciarse, el diagnóstico trazado por el hombre fuerte provincial consiste en ubicar a sus adversarios pro unidad como un actor que no se muestra poderoso y que no resulta temible. Ahora estamos mejor preparados para comprender por qué Bustos puede llegar a considerar que, ahora, la disputa no pasa por luchar contra los hombres pro unidad como en el año 1827, sino que tal confrontación por el poder puede trasladarse hacia el propio terreno federalista. Que esto es así lo prueba el hecho de que (luego de todas las resistencias mencionadas) la administración mediterránea decide integrarse a la Convención justamente cuando se produce el golpe de Estado de los grupos pro unidad en Buenos Aires, en diciembre de 1828.[44] No obstante, es de notar que hasta el movimiento de Lavalle en Córdoba se mantenía la actitud hostil, proceso abruptamente trastocado por aquellas circunstancias. Las dificultades de este cambio de ánimo se evidencian en la situación que revela el intenso debate generado en el recinto legislativo a la hora de enviar estos diputados.[45]

Caso Salta

Esta provincia, como se ha dicho ya, es una de las más hostiles en relación con la idea de una nueva experiencia nacional con impronta federal. [46] Tanto la prensa en Buenos Aires (el caso más notables es El Tiempo)[47] como en Santa Fe reproducen diversos documentos oficiales en donde se expresa esta posición. Material, claro está, que es motivo de discusiones tanto en esas publicaciones periódicas como en las sesiones de la Convención. La diferencia que existe en las noticias publicadas en diarios pro unidad porteños y en El Argentino de Santa Fe,[48] es que el segundo tiene la intención de dar a publicidad una posición oficial que considera útil dar a conocer y sobre todo discutir; en el primero resultan más numerosos y, más allá que comparte esa intención, además se esfuerzan por reproducir las discusiones vertidas en las sesiones legislativas, con el evidente propósito de poner especial énfasis en esta iniciativa que complica el accionar de la reunión en Santa Fe. El diputado Santiago Saravia, por ejemplo, en la sesión de 29 de febrero de 1828, expresó su posición con respecto al tratado de Brasil, postulando que es un error dejarlo en manos de un gobierno incapaz.[49] Por otro lado, refiriéndose al caso salteño y cordobés, en una simple pregunta (casi con respuesta incluida) puede cifrarse su imagen negativa: "¿Qué puede una Convención cuyos diputados no tienen facultades ni para autorizar por sí mismos al gobierno que deba ratificar un tratado?"[50] Las palabras y los argumentos salteños son muy parecidos a los que se puede advertir tanto en El Tiempo como en El Liberal de Buenos Aires. Lo que hacen es reforzar su propia retórica.

Ahora bien, ¿qué es lo que claramente se plantea en los documentos de esta provincia norteña que se reproducen en El Tiempo y en El Argentino? En primer lugar, su reivindicación del sistema de unidad impuesto en tiempos de la Presidencia y su rechazo inicial a la convocatoria hecha por Córdoba y Buenos Aires.[51] En segundo lugar, presenta a las provincias una propuesta que denomina "otras bases para la Convención". Ese plan que desean se ponga rápidamente en obra consta de seis artículos. Como ya seguramente adivina el lector, se trata de una iniciativa alternativa a la que encarnan los líderes federales de provincia. Su esquema argumental, como es de esperar teniendo en cuenta las afirmaciones contundentes ya comentadas, comienza con un diagnóstico obviamente diferente al planteado por los gobiernos provinciales federales. Cuestiona la idea tan divulgada por aquellas últimas administraciones de que los problemas comienzan con la experiencia de la Presidencia; por el contrario, a su juicio esos hombres "dejaron sus puestos y restituyeron a los pueblos los poderes que les habían confiado, dejándolos en plena libertad para disponer de sí". Así, no puede seguir moviéndose esa alta ola de quejas y de lamentos porque a sus ojos no tienen ningún fundamento.

Luego de levantar este escenario previo señala la primera propuesta. Si las autoridades nacionales han cesado en sus funciones, el mismo camino deben recorrer las autoridades que corresponden a las áreas provinciales. De este modo, sostiene, una vez recibida la nota oficial de haberse instalado la Convención, "todos los Gobernadores que entonces existieren harán dimisión del mando en lo político y lo militar, a que no podrán ser reelectos hasta después que la Constitución se hallase puesta en ejecución." Y, además, "todas las legislaturas actuales cesarán igualmente, y serán remplazadas por otras elegidas en la forma ordinaria". Pues bien, ¿cómo se pondría en ejecución? Lo dicen concretamente. Para hacerlo efectivo debe realizarse una nueva elección de los gobernadores y, de esta forma, esa pasarela institucional debe ser transitada y estar a cargo de las "nuevas legislaturas". Estos cambios, por cierto, son vistos como fundamentales, ya que de no respetarse propone directamente suspender las actividades de la Convención.[52]

Cumplidas entonces las exigencias de renovación política, sí se "procederá a formar una Constitución para la República bajo un sistema federal, en que se especificarán todos los cargos que deben estar sujetos los nuevos estados federales". Esto es exactamente lo que se afirma en el artículo cuarto. El quinto, por su parte, explica que la nueva Constitución, así como la sancionada por el "Congreso General el 24 de diciembre de 1826, se remitirán al examen de las legislaturas", quienes estudiando ambos documentos podrán finalmente decidirse por la que consideran más oportuna de acuerdo con sus intereses. Como se ve, y este es el aspecto más sobresaliente, y de nuevo la última palabra política queda en la boca de las provincias.[53]

¿Cómo puede interpretarse esta propuesta? A modo de conjetura puede pensarse que la postura salteña hace uso de dos recursos que pueden expresarse de este modo: uno de ellos es la estrategia de "ganar tiempo" a partir de las disposiciones y la lentitud en su realización institucional; el otro, es lo que podríamos definir como la imposición de un "resguardo institucional", esto es, el uso de una instancia legal que permita garantizar la posición que se defiende.[54]

Podemos explicarlo de otro modo. Las autoridades de la provincia norteña tratan de ganar tiempo y para ello eligen el camino largo de la legalidad institucional. En un contexto desfavorable resulta un argumento perfectamente lineal a la voluntad popular completar varias fases institucionales: esto es, los cargos representativos actuales deben cesar y volver a ser elegidos. Es del todo probable suponer que con la estrategia de "ganar tiempo" se especule con la expectativa de influir en la opinión para lograr su apoyo, o bien se pueda preparar un movimiento de fuerza, como los que ya ocurrieron en algún momento tanto en Salta como en otras provincias, con el cual se pueda cambiar la base de fuerza de los grupos en disputa.

En una segunda etapa se supone que los funcionarios elegidos por todas las provincias finalmente votarán por una Constitución federal, según manifiesta el documento dado por los gobiernos provinciales organizadores, y como señalan los pactos interprovinciales (cuadro 2). La tercera fase es que la legislatura de cada lugar debe elegir entre la nueva Constitución federal y la anterior con impronta unitaria (la de 1826). Es aquí donde aparece el recurso del resguardo institucional, en la medida que la llave política que abre finalmente la puerta de entrada para la sanción de un código escrito es finalmente votada y legitimada en el ámbito de la soberanía provincial. Y es justamente en este momento y en esta instancia que la legislatura salteña puede rechazarla, sosteniendo que su voluntad no es la de constituir un código nacional federalista.

En suma, estamos en presencia de un escenario de contrastes, en un agitado movimiento político que se mueve en aguas con corrientes y contracorrientes: por un lado es posible advertir un intento concreto de organizar la nación desde varias provincias federales, donde se ponen en obra la iniciativa porteña y cordobesa con el envío de emisarios, la realización posterior de pactos interprovinciales, la puesta en obra de la Convención Nacional y la colaboración económica bonaerense, tanto para los gastos de las provincias con problemas financieros como el aporte de la imprenta para obras diferentes como la de las publicaciones periódicas en la batalla por las ideas; y por otro lado una contracorriente caracterizada por la política facciosa, que mezcla elementos diferentes: la defensa del sistema de unidad de Salta, la lucha por la hegemonía del federalismo por parte de Córdoba, que la hace disputar el poder con la Convención dominada por Buenos Aires y Santa Fe; el conflicto territorial de Corrientes y Misiones, que evoca la defensa de la soberanía y su interacción con el poder nacional expresado en la reunión de Santa Fe; y las quejas habituales (pero no menos importantes) de provincias como Catamarca, que buscan un sostén económico para poder negociar su ingreso.

¿Qué hacer con los unitarios luego de la caída de la Presidencia?

El lugar de los unitarios

El tratado entre Buenos Aires y Córdoba, que abre el camino a la reconstrucción de las provincias hacia una posible iniciativa de nación federal, tiene al mismo tiempo un acuerdo de carácter secreto. Sus pormenores son revelados con posterioridad por Manuel Moreno, en un opúsculo publicado en Londres. En una nota confidencial, firmada el 30 de agosto de 1827, Pedro Bustos le acercó un papel con cuatro nuevos artículos más de los ya estipulados, los cuales de aprobarse tendrían no un conocimiento público, sino reservado. Justamente en el primero puede advertirse cómo los federales no dejan pasar en silencio lo hecho por los unitarios en la experiencia de la Presidencia. Se señala directamente "la seguridad y permanencia en el país de toda persona que haya pertenecido al anterior gobierno y que haya cesado en sus funciones antes del 3 de julio".[55] Con extremada celeridad, el 31 de agosto Manuel Moreno le contesta que todos los artículos fueron aceptados. De este modo, en el mismo momento que se firma el tratado que se da a publicidad también se hace lo mismo con este último, el cual mantiene su anonimato. ¿Qué significado tiene ese artículo? Lo que queda claro es que los dirigentes políticos que participaron en la experiencia de la Presidencia pueden pasar por la pasarela judicial. Ahora bien, lo que no se define es cuándo se podría realizar ese acto y el modo en que debería hacerse. Son precisamente las provincias federales (esto es, las que impulsan la Convención hacia fines de 1827) las verdaderas responsables de adoptar esas decisiones cuando lo crean pertinente.

En este marco debe entenderse por qué desde la prensa federal porteña se presenta una retórica cuestionadora de la experiencia de la Presidencia, haciéndolos responsables, entre otras consideraciones, de ser los iniciadores de la guerra civil o de haber intervenido en el avasallamiento de los derechos de las provincias.[56] Esta impugnación, si bien debe ser leída como una habitual forma de deslegitimar a los hombres que actúan detrás de las ideas de la unidad, es, al mismo tiempo, una muy nítida mención al espíritu de aquel artículo. Por ello no es casual que en esa retórica de rechazo se haga notar que sería conveniente, para no volver a esos viejos problemas, evaluar la posibilidad del juzgamiento de altos ex funcionarios unitarios.[57]

Si la actitud de las provincias federalistas es avanzar en un plan institucional del país, desde la tienda de los defensores de la unidad o aquellos que rodean de algún modo sus iniciativas presentes o pasadas, se presenta otra postura. La más notoria y pública es la defensa del sistema de unidad y el rechazo de la nueva propuesta federal. Este es el caso de Salta, ya señalado. Pero también es la perspectiva que puede leerse en la prensa pro unidad que reivindica abiertamente la experiencia de la Presidencia. Es permanente el paralelismo histórico que allí se establece entre esta última y la administración de Manuel Dorrego. La gestión militar y diplomática es, en ese sentido, un ejemplo elocuente. Mientras en mayo el Gobierno federal no pudo alcanzar la paz con Brasil, se sostiene que en los días de 1827 se festejaban victorias militares de primera importancia para el país.[58] Incluso van más lejos, al afirmar que el manejo diplomático que realizó la gestión de Manuel García (en sus tratativas con los agentes portugueses) fue notoriamente más eficaz que el propuesto por el gabinete dorreguista.[59]

La guerra civil es otro nudo esencial de discusión, pues su responsable debe cargar las culpas del fracaso nacional. El Liberal impugna la idea de los federales del Correo Político, quienes señalan que la guerra civil comenzó con la caída de la Presidencia, al considerar que aquellos "no fueron sus autores" porque esa contienda bélica se inició y terminó en 1827 con ese experimento político. El problema, a sus ojos, es que tanto La Gaceta como el Correo Político (diarios federales) no aceptan que en 1828 empezó otra guerra civil distinta a la del año anterior. En este último año "se han batido en la Banda Oriental los valientes que debían haber ido a engrosar las filas de nuestro ejército y se han batido Sres." Esos sucesos, concluye, no pueden llamarse de otra manera que "guerra civil y 1828".[60] Como es habitual en este tipo de prédica, que se manifiesta casi sin fisuras, tanta reivindicación y alabanza no puede, por cierto, concluir sin la afirmación de que la solución a los males del presente sólo podrá lograrse con una vuelta a los años que transcurren "entre 1821 y 1826", la que denomina, para que no quede ningún tipo de duda, una "época feliz".[61]

Un matiz de esta posición, lo cual sigue mostrando que se presentan intervenciones de distinto tenor, puede notarse en aquellos que muestran una postura de desconcierto o reacomodo. Y no es casual que la misma puede advertirse durante el periodo inmediato posterior a la Presidencia. Esta actitud de reacomodamiento se puede percibir en la carta de uno de los militares más salientes de la Presidencia, Araoz de la Madrid (quien es enviado al norte en un primer momento y luego ocupa por la fuerza la gobernación de Tucumán), cuando envía una carta a su adversario federal Facundo Quiroga señalando que acabada la experiencia de Rivadavia, principal obstáculo entre ambos, pueden ahora confraternizar, convivir en una nueva etapa histórica.[62]

Como se ve, el lugar de los unitarios de la Presidencia ocupa un espacio en el paisaje político posterior a su derrumbe. Llegados a este punto, no es extraño entonces que surja casi inmediatamente a la caída de aquella experiencia política el tema de qué hacer con ellos. La pregunta que los papeles públicos señalan es doble: por una parte la cuestión que está arriba de la nueva mesa política es si los militantes del unitarismo que colaboraron en la gestión presidencialista deben ser juzgados. Como se ha señalado, a los ojos de los diferentes contingentes federales esos grupos de opinión se han deshonrado al forzar una organización nacional que los pueblos de las provincias no aceptaron, y por este motivo primero mostraron su descuerdo y luego se revelaron, provocando rápidamente un clima de guerra civil y, a fin de cuentas, la caída del edificio del Poder Ejecutivo Nacional. La interrogante más frecuente es la de si merecen un castigo y, en caso afirmativo, ¿cómo debe procederse y cuál es el tiempo o el momento en que debe realizarse? Por otra parte, un segundo orden del problema remite a la actuación actual de los que hacen política dentro de ese mismo espacio de opinión. Aquí la preocupación alude a si es necesario contestar sus propuestas y, al mismo tiempo, si algunos de sus cuestionamientos, considerados "verdaderas ofensas", merecen también una sanción.

La mirada de un diario de Santa Fe

Juzgar e inmovilizar políticamente al "otro" unitario. La postura del Vete Portugués que aquí no es. Su redactor, Francisco Castañeda, considera que quienes opinan que debe someterse a juicio a los unitarios de la Presidencia caída, como es el caso de El Argentino,[63] dejan abierta una ancha puerta para la entrada de cualquier tipo de arbitrariedad, las cuales evocan la denominada "reacción" o "revoluciones" (se refiere al acceso a los poderes provinciales basados en la violencia); de ahí que a sus ojos sería oportuno que los que fomentan o fomentaron estas ideas transiten directamente por el camino judicial. En este esquema interpretativo no se establece ninguna diferencia entre los integrantes de este contingente político, que ya hicieron su experiencia gubernamental (1824-1827), y quienes actúan ahora en el abundante presente.

Su postura también parte de un diagnóstico. Los errores de la Presidencia señalados hasta aquí forman parte de sus columnas. No voy a insistir en ellos. No obstante, algunos cuestionamientos resultan más importantes que otros y se diferencian de los discursos de la misma franja —que podemos llamar pro Convención—. A su juicio, las principales equivocaciones fueron cometidas en materia religiosa. "El Presidente, se desplomó oprimiendo con su mismo peso a los ateístas de su círculo". Para mañana o pasado mañana, su ruina política aleja a sus ojos cualquier tipo de temor y de posibles amenazas. Para nuestro cura, por este motivo, de ahora en adelante "la religión nada tiene que temer ya de unos hombres insignificantes y que efectivamente serán a su tiempo residenciados como reos que son de la nación."[64] De esta forma, por un lado, resulta oportuno destacar que este tipo de argumento no es extraño en su línea discursiva, pues continúa la sostenida durante el periodo de reformas religiosas de los primeros años veinte;[65] sin embargo, sí es diferente al sostenido en El Argentino de Santa Fe o el Correo Político de Buenos Aires, donde no se apela de manera directa a cuestiones relativas a la religión. El otro punto que lo distingue de este último diario es la idea del castigo ejemplar para los ex funcionarios presidencialistas que,[66] por otro lado, aparece como la única solución —o "primera medida de precaución" — que para Castañeda deben adoptar todas las provincias presentes en la Convención Nacional.[67] Su principal finalidad es lograr una medida de ejemplaridad, lo cual "servirá para que sea más expectable el escarmiento" y, al mismo tiempo, evitar que "se repitan en América atentados de esta especie".

La segunda medida de precaución se vincula con la primera. En ella considera que es necesario no mover las aguas del poder vigente en las provincias. De esta manera sostiene "que hasta que se verifique la tal residencia no se mude un solo gobierno en todas las provincias", y si es posible que "se suspenda" todo acto electoral para evitar que "los residenciados ocasionen algún trastorno para burlar a la nación como lo tienen de costumbre". Como habrá advertido el lector, una y otra vez se hace referencia a la posición ya señalada de la legislatura salteña. El contraste no puede ser mayor. Si estos últimos quieren que todos los hombres de poder de las provincias renuncien a sus cargos (recordemos que la mayoría son de impronta federal), como lo hicieron los hombres de la Presidencia, para poder de alguna forma, como se dice, barajar y dar de nuevo; nuestro cura-escritor, por el contrario, quiere que sólo se juzgue y castigue a los responsables de la política unitaria anterior, los funcionarios, pero también a los hombres de la prensa de esa época que divulgaron sus ideas y, al mismo tiempo, se les prohíba cualquier posibilidad de acceder nuevamente al poder.

Esta postura inicial del padre franciscano, que puede cifrarse en la fórmula juzgar e inmovilizar al enemigo, se extiende también, como ya señalamos, a los unitarios que por esos días tienen influencia pública. Así surge, en su opinión, una segunda fórmula: el peligro político es la reacción de los jacobinos unitarios. Este contingente político, según el Vete Portugués, reúne una serie de características que los alejan del pueblo y los acercan a la ilegalidad y a las ideas de la reacción: son violentos, no respetan la ley, ni la voluntad popular; son pocos —no son populares sino elitistas—; emplean palabras vacías con el objetivo de manipular al pueblo, y por este motivo podría trazarse la figura de los demagogos: son pro-monárquicos y muestran actitudes propias de ambiciosos tanto por el poder como por el dinero.[68]

Los sectores pro unidad sólo pueden tener poder por la fuerza, sus diputados sólo desean perpetuarse en sus cargos, pero nunca lo hacen a través del voto público. Por eso incentivan puntos de reacción.[69] Con cierta dosis de preocupación sostiene que "cada vez que registro los números de El Tiempo y demás periódicos empeñados en cruzar las medidas que toma la administración actual, no puedo menos de recelar que amenaza", sin duda, "alguna reacción bastante poderosa".[70] Este peligro, a sus ojos, es aún más grave porque quienes deben combatirla la subestiman abiertamente al no tomarlas en cuenta. Su accionar lo imagina no sólo en el interior de algunas provincias, sino también en ciudades del exterior del país, por lo cual en su opinión no son simples gestos retóricos, "no son manotazos de ahogado, como muchos piensan".[71]

El empleo de la violencia está directamente vinculado a su escaso peso en la preferencia popular. "Sabemos que los de la constelación son muy pocos, sabemos que no cuentan con las masas".[72] ¿Cómo intenta este grupo político resolver este punto tan básico y elemental en un periodo donde la fuente de la soberanía radica en la voz del pueblo? La alternativa para ellos, según señala Castañeda, es colocar el mayor peso de las decisiones de poder en aquellos que están preparados por su poder y saber, es lo que en los papeles públicos se conoce con la expresión los que tienen "opinión". Por ejemplo, en las páginas de El Liberal, recorriendo el sentido de este argumento, es materia frecuente y casi cotidiana el señalamiento sobre la carencia de hombres ilustrados tanto en el gabinete dorreguista[73] como en la Sala de Representantes.[74] Esta mención no es casual, la señalo porque es justamente la publicación periódica que elige el Vete Portugués como blanco predilecto de sus cuestionamientos.

Así, desde esta última tribuna se cuestiona a El Liberal, en tanto sostiene que "la opinión está en los hombres decentes" y, al mismo tiempo, se afirma que esto es así por una razón muy simple, "porque no estando ilustradas las masas es un desatino el creer que estas pueden tener opinión propia".[75] Las masas, en la opinión de Castañeda, siempre tienen el problema de que son captadas por grupos que las manipulan, amparándose en su ignorancia. Las masas "no conociendo en qué consiste ni la verdadera libertad, ni el todo de sus goces no es extraño que se dejen alucinar de aquellos que tienen el arte de confundir con ellos, seducidos por el uso de las palabras huecas, de promesas agradables".[76] Este último argumento encierra la figura del demagogo que ya señalamos. El tercer aspecto que cierra este círculo de sentido es que con este tipo de razonamiento de los unitarios (y aquí evoca directamente a Rivadavia), las masas deben estar subordinadas a la opinión de los hombres decentes (unitarios) y, por un simple deslizamiento de sentido, la voluntad popular, la fuente de soberanía de los nuevos tiempos, debe estar sometida a esos hombres decentes e ilustrados.[77]

Como se ve, el problema para nuestro cura-escritor es triple: la falta de ilustración del pueblo, la imposición de la "opinión" por parte de un pequeño grupo de dirigentes políticos por encima de la voluntad popular, y su aprovechamiento por parte de los grupos unitarios a partir del empleo de una retórica vacía. Bien podría decirse, utilizando una metáfora literaria, que los partidarios de la Presidencia —y sus voceros de prensa como El Liberal— creen, a los ojos de nuestro padre franciscano, que todavía pueden construir una realidad distinta sólo con palabras. Pero ese intento es propiedad exclusiva de la literatura. La política es posible sólo cuando las palabras y las cosas reconocen cierta conexión.

Una vez más llegamos a un punto que se repite en el esquema argumental del Vete Portugués: las ideas, los valores y los ideales de la religión fueron tumbados por las ideas modernas de los jacobinos locales que copian a Rousseau y a otros escritores; la única alternativa es derribar a estas últimas y volver a tomar el camino de la religión. Hay aquí una línea implícita al orden colonial, son a sus ojos los hombres de la Iglesia quienes deben ser considerados como los atentos vigilantes del orden estatal, que, desde 1810, está contaminada por dirigentes que copian las nuevas ideas de la Revolución francesa.[78]

A su juicio, lo que se presenta aquí es una "crisis de ideas",[79] en el sentido amplio que lo plantea Giovanni Sartori, la cual alude a una crisis de entendimiento y a una crisis del saber. El vocablo ideas no evoca de esta manera "cualquier cosa que nos pasa por la mente". Son aquellas que importan porque justamente modifican el devenir de los hombres, el curso histórico. En los hechos, como dice el cientista político italiano, "los verdaderos y grandes problemas del mundo real están a la deriva, mal entendidos y, aún más, peor enfrentados". Como se ha visto a lo largo de estas páginas (y también las que hemos analizado en otro estudio), en el caso de nuestro cura algunas de las ideas mal entendidas son, por ejemplo, las que encierran los fundamentos esenciales de la Revolución de Mayo (cuyo principal pilar es, a sus ojos, la religión católica) o de la soberanía popular, que permite actuar caprichosamente a los hombres de gobierno sin la guía de principios y valores considerados básicos, las cuales se repiten insistentemente en su discurso. Como ya sabe el lector, es justamente aquí donde resulta operativa la fórmula de juzgar e inmovilizar a los enemigos presentes.[80] Siempre todo conduce al mismo camino. La alternativa de hierro es tomar "medidas de precaución o acaban con todo".[81]

Como se ve, la postura de Castañeda es un punto diferente y, en otro, resulta parecida a la de El Argentino y el Correo Político porteño. Es diferente en cuanto considera que hay que juzgar y condenar sin distinción alguna a los hombres pro unidad de la época presidencial y a los que hacen política en el presente, pero también cuando coloca como un ingrediente clave en su trama discursiva lo que considera un maltrato a la religión (sus instituciones y sus hombres) durante los años de la Presidencia y los años previos a ella. Sin embargo, tiene con aquellos diarios cierto aire de familia, en cuanto considera que la administración de Dorrego debe actuar con ejemplaridad, juzgando a los hombres pro unidad que actualmente actúan no tanto a manera de grupos políticos locales o nacionales, sino como "enemigos".

A modo de conclusión

Este trabajo no comparte el criterio de aquellos que dejan entrever que luego de la experiencia de la Presidencia (y hasta los días de la conformación de la Liga Federal y la del Interior) se levanta un escenario donde prima el desorden político y el vacío de poder. Como una especie de punto de partida, compartimos la postura de otros historiadores que propusieron hace tiempo la hipótesis de que aquí se presenta un nuevo experimento político, cuyo eje está puesto en la voluntad de las provincias federales, basado en la reconstrucción del poder interprovincial. Teniendo presente esta última línea interpretativa, mi foco de interés (y la de otros de mis estudios paralelos) es avanzar sobre la idea que consiste en pensar que por esos días hay una iniciativa (un trabajoso intento, digamos) de organizar un poder nacional federal. Por tal motivo, en la primera sección de este estudio fue necesario señalar algunos de los aspectos centrales de ese propósito provincial: el envío de emisarios para buscar la adhesión de los gobiernos provinciales, la concreción de distintos pactos y acuerdos interprovinciales cuya meta es organizar un poder nacional federal, la apertura y realización de una Convención Nacional como paso previo a la convocatoria de un Congreso Constituyente. Bien podríamos afirmar que aquí se percibe una primera fase, lo que denominamos un momento de inicio de organización en la construcción de un poder nacional impulsado por algunas provincias federales. En este contexto organizativo observamos dos fenómenos muy importantes. Por un lado, considero que si bien es predominante la franja federal hacia el interior de estas unidades provinciales, no es del todo compacto ese predominio (como postulan algunos especialistas), y por ello tal iniciativa de nación no se concretó (ni se concretará) con la celeridad que prometían los primeros papeles de pactos interprovinciales. Por otro lado, se presenta casi de inmediato una incesante y creciente lucha facciosa que atraviesa las fronteras político-ideológicas (federales y unitarios), y con distintos niveles de dificultades a las distintas unidades provinciales, determinando, con el correr del tiempo, dificultades serias en esta iniciativa que al final derivó en una obra inconclusa.

La lucha facciosa no es lineal, no siempre es entre unitarios y federales, sino que de algún modo es múltiple y diversa; esto es, tanto de federales como de unitarios que ponen en jaque cualquier posibilidad de éxito a esa experiencia. Además, hay otros factores, como la oportunidad para exigir recursos a fin de poder asistir a la reunión nacional o bien las disputas por las soberanías locales (es el caso de la tensión entre Misiones y Corrientes).

Como producto de esa lucha facciosa y de la tendencia a gobernar el dominio público, en él surge la disputa por la idea de nación y por el lugar de los unitarios, la cual forma parte de la retórica de la batalla política en la prensa y en el recinto convencional. En otro lugar he tratado de probar que hay distintas ideas de organizar a las provincias:[82] la idea de provincialismo, que consiste en refugiarse dentro de la frontera local hasta que se presenten mejores condiciones que posibiliten imaginar una unión de tipo nacional, impulsada por diarios pro unidad de Buenos Aires; la vuelta a la Constitución de 1826, que propiciaba un sistema centralizador del poder desde Buenos Aires, como la defiende en algún momento Salta; y aquélla que goza de más fuerza en los días pos Presidencia: la que quiere una organización nacional de matriz federal y puede cifrarse en los pactos interprovinciales y en las instrucciones de los diputados de la Convención. El panorama, como puede apreciarse, es amplio y no es necesario esperar a la disputa entre la Liga Federal y la del Interior para observar esa batalla de ideas.

El lugar de los unitarios, uno de los temas que hemos tratado aquí, queda abierto a partir de un artículo incluido en un pacto interprovincial que abría la posibilidad de juzgar a los hombres de la Presidencia, el cual originó un interesante debate en la prensa santafesina que tendrá como resonancia última no sólo a este contingente político que podría atravesar la pasarela judicial, sino el cuestionamiento hacia la administración federal porteña por el papel que juega en este trámite.

Como se ha tratado de comprobar, el tema de los unitarios es relevante en la arena pública porque, ciertamente, se presentan como un actor que tuvo una gravitante experiencia previa y tiene aún en ese presente su espacio de incidencia. Lo que es interesante resaltar aquí es cómo su lugar tiene, por parte de los distintos actores, un diagnóstico y una actitud diferente. Hay por lo menos tres posturas diferentes. Mientras Córdoba no percibe a los unitarios como un sujeto capaz de poder incidir en la escena. Por este motivo puede conjeturarse que aquí estaría una de las claves por la cual, luego de pactar con Buenos Aires el inicio de la Convención Nacional, se pone en la vereda de los que resisten a integrarse a ella. Bien podría decirse que hay aquí una especie de disputa de poder por la hegemonía del federalismo nacional, y, por este motivo, no acepta el dominio que tienen allí Buenos Aires y Santa Fe. Por su parte, Dorrego no tiene una situación de estricta adhesión en su provincia. Es cuestionado permanentemente por la prensa pro unidad, y es interpelado por este motivo por la prensa federal porteña y de Santa Fe, ya que se muestran alarmados por esos gestos públicos y por la inacción del gobernador porteño. Aquí se conjeturar que, o bien no lo hace porque subestima el poder de fuego de estos grupos —no los cree adversarios de temer—, o bien porque considera que no tiene fuerza suficiente para enfrentarlos y ponerlos en su lugar. Una tercera perspectiva es la que ya empezamos a enunciar, remite a la prensa porteña y a la santafesina. El diagnóstico que exhiben es claro, los unitarios actúan como una suerte de fuerza enemiga y pretenden desestabilizar e invalidar la legitimidad tanto de la administración dorreguista como de la Convención de Santa Fe. La respuesta es recorrer el sendero de la acción por parte del gobierno porteño y para ello no escatiman esperanzas de que sea un castigo ejemplar, con miras a evitar que vuelvan los días de la experiencia de la Presidencia.

Esa disputa de argumentos tiene su importancia no sólo en la lucha facciosa de esos días agitados, donde los grupos pro unidad resistieron por la prensa y por los gabinetes provinciales que simpatizaban con ella (como es el caso de Salta), sino que tuvo su punto culminante a comienzos de diciembre de 1828 en el golpe militar protagonizado por Juan Lavalle en Buenos Aires,[83] que determinó un punto de inflexión en la vida de la Convención Nacional (a partir de allí ya no hubo intentos serios de seguir con la idea de organizar una nación federal) y en un cambio radical en el tablero político nacional que hizo que en un breve periodo se desarrollara una guerra civil en la provincia de Buenos Aires y, poco tiempo después, el derrumbe del federalismo cordobés en manos de José María Paz. A esa altura de las cosas, con el derrocamiento y el posterior fusilamiento de Dorrego y la salida del poder provincial de Bustos (los promotores de este experimento político), la escena de las provincias se torna muy diferente a aquella con que iniciamos este trabajo.

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