Este artículo presenta un bosquejo de las experiencias campesinas que tuvieron lugar en algunos ejidos del noreste de Yucatán, a partir de dos coyunturas ligadas a la implementación de las reformas neoliberales en materia agraria en México, a saber: el inicio del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (PROCEDE) y el adelgazamiento del apoyo gubernamental a la producción ejidal, particularmente a la ganadería y al cultivo del maíz, actividades que desde los años setenta y hasta principios de la década de 1990 fueron la base de la subsistencia en los pueblos de dicha región.

En varias zonas de México, la conjugación de estas dos coyunturas —la posibilidad de mercantilizar la tierra ejidal y el fin del apoyo gubernamental a la producción canalizado a través del ejido— está permitiendo la culminación de un proceso iniciado décadas atrás, tendiente al desmantelamiento del papel que durante un largo periodo el Estado asignó al ejido como elemento central en la subsistencia campesina y como corporación primordial en su relación con los campesinos.[1] En gran medida, este panorama está presente en la realidad de algunos pueblos del noreste de Yucatán, donde los saldos actuales de las reformas neoliberales en materia agraria se materializan en varios problemas, entre los cuales destacaremos aquí, por una parte, la casi total desaparición de actividades productivas ligadas al ejido y, por otra, la presencia de un intenso proceso de circulación y cambio de manos de la tierra ejidal.

En la presente década, y desde mediados del siglo XX, la ganadería de vacunos ha sido la principal actividad productiva de ese espacio social, a tal grado que en la actualidad se le reconoce como elemento definitorio de su carácter regional, si bien durante la primera mitad de dicha centuria la producción de maíz tuvo mayor preeminencia en la zona.[2] Aunque en este proceso de diferenciación regional del noreste de Yucatán como zona ganadera fue de gran importancia la participación de diversos personajes locales, también fue relevante la inserción de numerosos ejidos en la actividad, sobre todo entre 1970 y 1980, cuando en el estado se implementaron varios programas gubernamentales que tenían por objetivo el fomento de la ganadería ejidal. En este artículo queremos destacar que este proceso de expansión ganadera en tierras ejidales dejó consecuencias duraderas, entre las cuales posiblemente la más significativa sea el desplazamiento de la milpa y, en general, de casi cualquier forma de agricultura.[3]

Los problemas que resultaron de la ganaderización de los ejidos se hicieron notorios justamente a partir de la implementación de las reformas neoliberales. A principios de la década de 1990, la falta de financiamiento a la actividad propició que la ganadería ejidal entrara en periodo de crisis —en la que permanece en la actualidad—, situación que, aunada a la ausencia de alternativas productivas, implicó para muchos ejidatarios no sólo la imperativa de buscar nuevas fuentes de subsistencia —dentro y fuera de los ejidos mismos—, sino que también planteó la disyuntiva de qué hacer con la tierra ejidal ante la posibilidad, recientemente abierta, de enajenarla.

En las siguientes líneas presentaremos las respuestas de algunos ejidos de la región mencionada ante este entorno, centrando el análisis en dos elementos: por una parte, la reconfiguración que, frente a esas condiciones, experimentó la subsistencia campesina y, por otra, el papel que se otorgó a la tierra ejidal.

En especial analizamos las experiencias de dos ejidos de Tizimín (fig. 1), el municipio más grande de Yucatán, enclavado en la porción noreste de la entidad. Hacia la mitad del siglo pasado fue uno de los principales municipios productores de maíz del estado, y ahí también tuvo lugar la actividad forestal más extensa de la entidad. En la actualidad el cultivo del maíz ha menguado drásticamente, al igual que el aprovechamiento forestal, y en cambio la ganadería bovina desarrollada en ranchos privados constituye la principal actividad productiva del municipio.[4]

Asumi mos que en Tizimín las reformas neoliberales fueron decisivas en la producción de un entorno agrario caracterizado por la declinación de la ganadería ejidal y, sobre todo, por la culminación de la crisis de la producción del maíz, actividad de gran importancia en el esquema de la subsistencia de los campesinos de la región. Sin embargo, reconocer este proceso no implica considerar que la estructura agraria previa haya sido una suerte de pasado ideal que, en algún momento de los años noventa, fue roto hasta degenerar en el estado de cosas actual. Al contrario, planteamos que en los ejidos de Tizimín las reformas de los años noventa asumieron su peculiar faceta debido al modo como las políticas agrarias precedentes fueron implementadas en esta zona de Yucatán, en particular lo accidentado

e incompleto de la reforma agraria, y la enérgica imposición gubernamental de la ganadería en los ejidos. Con esta apreciación, en los primeros dos apartados presentamos un panorama general de la trayectoria agraria moderna de Tizimín, desde el periodo posrevolucionario hasta los últimos años del desarrollismo mexicano, con el propósito de mostrar el estado de cosas que resultó del conflictivo acceso a la tierra y a los financiamientos estatales a la producción ejidal durante esta etapa. Estos apartados también tienen el objetivo de ser una modesta contribución al reconocimiento de los procesos agrarios que han tenido lugar en Yucatán más allá de la zona henequenera, que hasta la fecha ha acaparado la atención de los estudios sobre la entidad.

En el último apartado presentamos los casos de los ejidos Chan Subin y La Amistad (fig. 2), los cuales pueden ser concebidos como polos de las experiencias campesinas en Tizimín durante las dos últimas décadas.[5] El primero se caracteriza por haber mantenido la propiedad de la tierra en manos del núcleo ejidal original y sus descendientes, y por el hecho de que la tierra ejidal aún proporciona recursos de cierto peso para la subsistencia. El segundo ejido llama la atención por el radical cambio de manos de la tierra, la cual ha pasado de los ejidatarios fundadores y sus descendientes a un reducido número de pequeños y medianos propietarios de la zona; se trata de un proceso que ha estado acompañado de la drástica transformación en la estructura de la subsistencia, que actualmente depende en su totalidad de labores y oficios llevados a cabo fuera del ejido.

Este escrito pretende inscribirse en dos discusiones. En la primera, por una parte, en el estudio antropológico y sociológico de las bases y las consecuencias sociales del neoliberalismo, el cual busca rebasar la visión que lo reduce a una mera política de ajuste económico, y en cambio prefiere comprenderlo como una compleja fuerza política, cultural y social de enorme incidencia en problemas como la gestión del poder público, el crecimiento de las brechas sociales y la educación, entre otras problemáticas. La segunda discusión, por otra parte, integra los debates contemporáneos sobre el campesinado en México, los cuales sopesan los efectos que en las poblaciones rurales del país está teniendo el neoliberalismo agrario, las posibilidades de acción de las comunidades agrarias, las transiciones demográficas en los ejidos y los cambios en la propiedad de la tierra ejidal, entre una amplia variedad de problemáticas.[6]

Los repartos agrarios en Tizimín

De acuerdo con los datos más recientes del INEGI, en la actualidad casi la mitad de la superficie territorial de Tizimín es de propiedad ejidal, y en ella existen más de ochenta ejidos que se extienden en 195 700 hectáreas de las casi 400 mil que abarca el municipio. Esta distribución de la propiedad de la tierra hace eco del dato que por lo general se maneja en las esferas de gobierno, según el cual en México aproximadamente la mitad del territorio nacional pertenece a ejidos y comunidades, es decir, a la propiedad social.[7] Aunque de acuerdo con estos datos la extensión de la tierra ejidal en Tizimín es importante, en realidad los repartos agrarios en este municipio se concretaron lentamente y no fue hasta hace un par de décadas que alcanzaron tal dimensión. Como veremos enseguida, en esta singular concreción de la reforma agraria en Tizimín, el predominio de la propiedad privada de la tierra y las limitaciones que ello implicó para el acceso de los campesinos a ella fueron problemas decisivos en las limitaciones de la tierra ejidal para la subsistencia, situación que permaneció así hasta el momento en que se pusieron en marcha las reformas de los años noventa.

En general, podemos reconocer dos amplias fases en la ejecución de los repartos agrarios en Tizimín. La primera transcurrió entre finales de la década de 1910 y la de 1950, y la segunda a partir de los años sesenta.

Con respecto a la primera etapa, en Tizimín los primeros ejidos se formaron en un periodo temprano de la posrevolución, a partir de las acciones del gobernador Felipe Carrillo Puerto en los años veinte, mientras los demás ejidos fueron creados o ampliados en diversos momentos en las décadas siguientes, sobre todo entre 1940 y 1950. Se debe destacar que si bien la delimitación de estos primeros ejidos precisó realizar afectaciones a algunos de los amplios terrenos de propiedad privada —localmente conocidos como fincas o haciendas— asentados en el municipio, varios fueron formados sobre la base de las tierras de comunidad que los gobiernos liberales decimonónicos habían reservado a los indios de ciertos pueblos, como fue el caso del ejido de Chancenote y del de la cabecera municipal, también llamada Tizimín.[8] Otros ejidos fueron delimitados tomando porciones de terrenos baldíos o nacionales.

Durante esta etapa, los repartos de tierra fueron débiles, y en cambio predominó la concentración de la misma en manos de unos pocos propietarios. La situación se hace evidente en los siguientes datos. Así, para 1960 existían en todo el municipio 19 ejidos, cuya extensión era de aproximadamente 49 mil hectáreas —es decir, algo más de 12%; de la superficie del municipio—, las cuales estaban destinadas al disfrute de 1 385 campesinos, quienes sembraban maíz y otros cultivos de autoconsumo, dependientes del temporal, como por entonces era común entre los campesinos de la región.[9] El escaso alcance de esta extensión de la tierra ejidal cobra realce frente a la presencia, en ese año, de más de 27 mil habitantes entre hombres y mujeres en todo el municipio.[10] Pero sobre todo queda en relieve si se le compara con las casi 250 mil hectáreas, que en ese momento abarcaban menos de una decena de fincas y varios predios de propiedad nacional otorgados en forma de concesiones a inversionistas privados, superficie a la cual hay que añadir los terrenos menores, también de propiedad nacional, ocupados por personajes de distintas clases sociales —incluso campesinos— al amparo del decreto del 2 de agosto 1923, aquel complementario a la ley de la Reforma Agraria que facultaba la explotación de tierras nacionales o baldías.[11]

Diversas circunstancias condicionaron esta particular forma de distribución de la propiedad de la tierra en el Tizimín anterior a los años 1960, y reconocerlas es útil para visibilizar que en este espacio social los repartos de tierra respondieron a factores múltiples y cambiantes, en cualquier caso mínimamente conectados con las necesidades campesinas de tierra.

Quizá uno de los elementos más relevantes sea la posición de la región como lugar marginal al núcleo henequenero del noroeste de Yucatán, con Mérida como su centro, que en este periodo aglutinaba el mayor dinamismo político y económico de la entidad. En la zona henequenera, mediante la agresiva reforma agraria iniciada por el gobernador Carrillo Puerto y concretada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, el Estado arrebató a las élites locales gran parte del dominio que hasta entonces habían establecido sobre el henequén. Con ello no sólo se convirtió en propiedad pública amplias extensiones de tierra y lo que entonces era la principal industria de la entidad, sino que también se encararon problemas de orden político, como la adjudicación al Estado de la organización del trabajo social de miles de cortadores de henequén y la contención de las corrientes regionalistas y autonomistas que muchos plantadores de henequén estaban sosteniendo.[12]

En contraste con esta situación, en el periodo que nos ocupa en Tizimín las inversiones eran modestas, por lo que las acciones gubernamentales fueron de otro talante. En estos años existían actividades productivas importantes en el municipio, como la explotación de maderas, de chicle, de maíz y de sal, al igual que la ganadería, actividades todas desarrolladas en fincas de propiedad privada y predios nacionales concesionados a particulares. Sin embargo, con excepción de las industrias salinera de Las Coloradas y forestal de Colonia Yucatán, gran parte de estas explotaciones eran pequeñas, y las mayores estaban en manos de prominentes henequeneros, quienes consideraban sus negocios en el noreste de Yucatán como secundarios, o bien como recursos para conseguir créditos e hipotecas.[13] De modo que lo limitado de las inversiones en Tizimín es un factor que explicaría el exiguo interés del gobierno yucateco por conseguir el dominio de la tierra mediante una enérgica reforma agraria, como la de la zona henequenera.

Otro factor que, en el Tizimín anterior a los años 1960, habría sido decisivo en la debilidad de los repartos agrarios se relaciona con la apreciación que los gobiernos yucatecos pudieron tener de los campesinos de la región como sujetos políticos, y la conveniencia o necesidad de incorporarlos al régimen a través del ejido.

Uno de los indicios más significativos de ello está relacionado con la forma en que los campesinos de la región encararon la necesidad de tierra. Debido a la situación que prevalecía como resultado del predominio de las grandes propiedades privadas, muchos campesinos y sus familias vivían errando, moviéndose año con año en busca de espacios donde sembrar. Esta situación la experimentaban en algún grado incluso quienes eran beneficiarios de ejido, puesto que algunos polígonos fueron delimitados en áreas que no eran adecuadas para los cultivos —como fue el caso del ejido El Cuyo—, o bien eran insuficientes para producir un excedente más allá de la subsistencia.

Pese a la gravedad del problema, muchos campesinos desposeídos emplearon medios pacíficos para conseguir algún acceso a la tierra, entre ellos la constante remisión de solicitudes de dotación de ejido al Departamento Agrario, o bien la petición de porciones de terrenos nacionales.[14] Pero sobre todo recurrieron a las diversas formas de arrendamiento de terrenos que por entonces existían en la región. Entre tales formas, una de las más socorridas —que resulta interesante por permanecer vigente en la actualidad— fue un tipo de relación establecida con los dueños de las fincas, quienes durante este periodo iban especializándose en la ganadería bovina. A cambio de obtener acceso a una porción de la propiedad del finquero, en la cual el campesino podía hacer su milpa y levantar una sencilla choza como vivienda temporal, el campesino mismo se comprometía a sembrar zacate al levantar la cosecha, que había de servir para alimentar a los animales del finquero. El dinero no figuraba en ningún momento de la relación.

No obstante lo arraigado de este sistema, poco a poco algunos campesinos comenzaron a recurrir a acciones un tanto más conflictivas, entre las cuales cobraron particular relevancia la invasión de fincas y de ejidos ya constituidos y donde los campesinos invasores no sólo hacían sus milpas, sino también cortaban leña o alimentaban a los pocos animales que poseían. Aunque estas acciones podían llegar a tornarse violentas, en el periodo que nos ocupa el Ayuntamiento y el Departamento Agrario solían intervenir con cierto éxito en estos casos, logrando conciliaciones e indemnizaciones que impedían que los conflictos se agravaran.

Visto así, parece adecuado pensar que las dificultades para acceder a la tierra no necesariamente rompían el equilibrio que guardaba el estado de cosas, pues durante la primera etapa de la reforma agraria en Tizimín los repartos de tierras no figuraban en la racionalidad gubernamental como un proyecto urgente para la integración política de los campesinos al régimen, tanto menos para garantizar el control social de la zona.

Sin embargo, la situación cambió a fines de la década de 1950, y particularmente a partir de los años 1960, cuando la expresión de las demandas de tierra se intensificó y adquirió una faceta sumamente combativa, problema que es posible considerar como punto nodal en la transición a la segunda etapa, que hemos distinguido aquí.

En los años 1960 y comienzos de la década de 1970 en varios lugares de Tizimín tuvieron lugar numerosos conflictos protagonizados por campesinos, cuyo principal componente fue el reclamo por el acceso a la tierra. En algunos momentos estos conflictos adquirieron tintes violentos, y en particular enfrentaron a campesinos sin tierra, a solicitantes de ejido y a ejidatarios entre sí, y a ellos mismos con algunos propietarios de fincas. Aunque estos conflictos encarnaron verdaderas impugnaciones campesinas ante la carencia de tierras, o bien ante el abuso de los finqueros, hay indicios de que hubo intereses políticos extralocales que pudieron haberse incrustado en —y hasta promovido— la movilización. Sin duda, se trata de un proceso que requeriría un análisis más profundo. Baste con señalar aquí que la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos tuvo una presencia singular en estos conflictos, al convertirse en el principal portavoz de las demandas de tierra. La presencia de la Liga en Tizimín hay que enmarcarla en el contexto de acomodos internos de la sede yucateca de la Central Nacional Campesina, organización a la que se adscribía la Liga —la cual constituía un fuerte bastión del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entonces partido oficial—, y del ascenso notorio del Partido Acción Nacional (PAN) como partido de oposición en la política local. En cualquier caso, el fenómeno implica la emergencia de una nueva relación de los campesinos de la región con la burocracia local, independientemente de los intereses extralocales que pudieron haber intervenido en la gestión de sus reclamos por la tierra.

Los conflictos a los que nos referimos resultaron de las numerosas invasiones llevadas a cabo por centenares de campesinos a varios predios y a ejidos ya conformados. Como ejemplo de esos conflictos tenemos que, en 1957, casi 200 campesinos procedentes de distintos pueblos de la región se introdujeron en los terrenos de la finca San Enrique —donde se encontraban las instalaciones de la fábrica maderera del yucateco Alfredo Medina Vidiella— y realizaron desmontes con el propósito de hacer sus sementeras. En 1965 se registraron ocupaciones en los terrenos de la empresa maderera Colonia Yucatán, y decenas de campesinos más ocuparon un monte cercano al camino de Kantunilkín y otros parajes de la zona. Y en fin, en 1966 un grupo de 60 personas hicieron un desmonte en el ejido de X'can, produciéndose un conflicto en el que una persona falleció y otras tres resultaron heridas.[15]

Parece que estas movilizaciones fueron lo suficientemente importantes como para provocar la reacción gubernamental. Quizá como respuesta a las movilizaciones campesinas, en la década de 1970 se formaron en Tizimín numerosos ejidos y Nuevos Centros de Población Ejidal (NCPE), elemento que consideramos clave en la definición de la segunda etapa de la reforma agraria de este municipio. Sin embargo, es importante aclarar que estas acciones agrarias no estuvieron únicamente vinculadas a la presión de los campesinos o de las gestiones de ciertos actores políticos, sino que también estuvieron fuertemente conectadas con el desarrollo de dos proyectos gubernamentales federales. Por una parte, el Programa Nacional de Desmontes (PRONADE), que dio inicio en 1972, y con el cual el gobierno federal buscó abrir una enorme superficie del territorio nacional para los aprovechamientos ganadero y agrícola, mediante el otorgamiento de créditos a los campesinos con el propósito de que realizaran desmontes en los ejidos, ya sea para vender leña y maderas, o bien para preparar superficies para la introducción de ganado.[16] Y por otra parte, la política de colonización del trópico húmedo mexicano, puesta en marcha desde fines de los años sesenta y en el transcurso de la década de 1970, y que en varios estados de la República, como Chiapas y Quintana Roo, se llevó a cabo a través de la creación de numerosos NCPE.[17]

Así, entre finales de la década de 1960 y hasta 1979 se otorgaron aproximadamente 90 700 hectáreas a los campesinos de Tizimín, las cuales quedaron distribuidas entre 16 NCPE, 16 ejidos nuevos y las ampliaciones de tres ejidos conformados en las décadas anteriores. Esta superficie tuvo como beneficiarios a 2 747 campesinos. Una consecuencia importante de esta segunda fase fue que, con excepción de lo relativo a las ampliaciones, los campesinos beneficiados debieron desplazarse desde sus lugares de origen hacia los sitios de los nuevos repartos, generalmente distantes de aquéllos. Estos NCPE y ejidos nuevos fueron ubicados en la zona más oriental del Tizimín, debido principalmente a que se conformaron en porciones de extensos predios que en las décadas anteriores habían sido escasamente afectados, sobre todo las fincas El Cuyo y Anexas y San Enrique, al igual que otras propiedades de dimensiones menores.[18] Es posible plantear que estos repartos —aunados al extenso programa ganadero de las décadas anteriores— contribuyeron a la neutralización de la expresión abierta y combativa de las demandas campesinas de tierra, pues no hay indicios de que nuevas movilizaciones hubieran tenido lugar después del conflictivo periodo de los años sesenta.

Los últimos repartos agrarios se llevaron a cabo entre la década de 1980 y hasta 1992, periodo en el que se asignaron poco más de 42 mil hectáreas —es decir, casi una cuarta parte del total de la tierra ejidal en el municipio—, que constituyeron dotaciones a siete ejidos nuevos y ampliación de dos más, y se destinaron al disfrute de 1 921 campesinos.

Entre otros elementos, es preciso destacar dos rasgos centrales de los repartos de tierra concretados en esta segunda etapa de la trayectoria agraria de Tizimín. El primer elemento es que si bien estas dotaciones fueron importantes, sólo parcialmente cubrieron las demandas campesinas de tierra, ya que, como evidencian algunos testimonios orales, hasta bien entrada la década de 1980 el arrendamiento de tierras continuaba siendo una práctica común no sólo entre los campesinos sin acceso a la tierra, sino también entre quienes habían sido beneficiados con ejido. El segundo elemento es que estos repartos coincidieron con el desarrollo del amplio programa gubernamental de fomento a la ganadería ejidal en Tizimín —al cual nos referiremos con mayor detalle en el próximo apartado—, por lo que su conformación también respondía a la premura gubernamental de garantizar la disponibilidad de tierras para la expansión de esta actividad en los ejidos.

En general, podemos señalar que en el transcurso de las dos fases que hemos distinguido hasta aquí los repartos de tierra en Tizimín no fueron un proyecto integral —como lo fueron en la zona henequenera—, sino que en todo momento respondieron a las cambiantes coyunturas locales y a la también variante necesidad gubernamental de soporte a los diversos proyectos políticos y económicos emprendidos en la región. Esta característica no sólo explica la lentitud de los repartos de tierra en Tizimín, sino también orienta sobre las características de la subsistencia campesina durante los 77 años que duró la reforma agraria en esa región de Yucatán.

Ante las limitaciones que implicó esta particular forma de distribución de la tierra, en el transcurso de las dos etapas que hemos identificado aquí, en Tizimín la subsistencia campesina debió apoyarse en bases múltiples, por lo que ni siquiera en esa etapa estuvo exclusivamente ligada al aprovechamiento agrícola de la tierra. Hasta antes de la década de 1970 la siembra de cultivos para el autoconsumo —realizada en tierras ejidales, arrendadas, terrenos nacionales o espacios invadidos— y el desarrollo de una gran diversidad de actividades basadas en el empleo en las fincas —como por ejemplo, el trabajo de los campesinos como vaqueros, o en la extracción de chicle y en el corte de maderas— conformaron la estructura de la subsistencia en la mayor parte de los ejidos de Tizimín. A partir de dicha década este esquema fue paulatinamente sustituido por los recursos monetarios que fluyeron a los ejidos como parte del fomento gubernamental a la ganadería ejidal, tal como señalaremos en el apartado siguiente. Esta estructura de subsistencia permite reconocer que incluso en el periodo de mayor presencia de los repartos de tierra en la política agraria nacional, en Tizimín los ejidos nunca llegaron a constituir un soporte sólido para la manutención del común de las familias campesinas.

El apogeo de la ganadería ejidal

En el noreste de Yucatán, entre 1970 y principios de la década de 1990 tuvo lugar un extenso proyecto gubernamental orientado al fomento y desarrollo de la ganadería bovina en los ejidos de la zona. Su implementación produjo un cambio decisivo en las condiciones de vida de muchos ejidatarios y campesinos de la región, al entrar el Estado como nuevo interlocutor del trabajo, pero sobre todo debido a lo que resultó ser la imposición gubernamental de la ganadería bovina como principal actividad productiva de los ejidos.

Antes de esa etapa, la intervención del Estado en la promoción de proyectos productivos en los ejidos de la región fue poco extensa o indirecta, y cuando la hubo se concentró sobremanera en la producción de maíz. Así, por ejemplo, los gobiernos federal y estatal establecieron en Tizimín centros de compra del cereal donde ejidatarios y pequeños y medianos productores de la región vendían su producción a precios regulados por el Estado.[19] También distribuyeron semillas de maíz híbrido o mejorado, e igualmente pusieron en marcha varias campañas de combate a las plagas de langostas, que en las décadas de 1940 y 1950 causaron grandes estragos a los cultivos de la zona.[20] Por otra parte, en los años sesenta el Banco Nacional de Crédito Agrícola otorgó financiamiento para la producción de maíz en todo el estado, sobre todo en los municipios del sur y el oriente, donde por entonces se encontraban las principales explotaciones maiceras de Yucatán.[21]

En lo relativo a la ganadería ejidal, las acciones gubernamentales fueron más limitadas. Entre 1940 y 1960 el gobierno del estado implementó programas menores orientados a mejorar la ganadería en toda la entidad, entre los que destacaron la compra de animales de razas finas con el propósito de cruzarlos con el ganado criollo que predominaba en la entidad, y el establecimiento de bancos de semen para el mismo fin.[22] A algunos grupos de ejidatarios de varios municipios de la entidad se les otorgó sementales y pies de crías que habían de destinar a la engorda —y unos pocos, a la producción de leche—, mientras otros recibieron créditos para la adquisición de animales y de insumos para la mejora de los potreros, o bien para la construcción de sistemas de riego destinados a la siembra de pastizales. No obstante, estos programas tuvieron mayor alcance en la zona henequenera, y el caso de Tizimín permite vislumbrar sus limitaciones en el noreste del estado. En este municipio el gobierno del estado dio piezas de ganado a varios ejidos; sin embargo, su otorgamiento derivaba más de la inafectabilidad ganadera que benefició a ciertas fincas, que de un proyecto ganadero específico; por otra parte, sólo unos pocos ejidos llegaron a recibir créditos para la compra de infraestructura destinada a la explotación de ganado vacuno.[23] El nulo papel de la ganadería como proyecto ejidal en Tizimín hasta principios de los años setenta queda en relieve en el siguiente dato. A fines de la década de 1960 había en Tizimín 52 822 cabezas de ganado vacuno, de las cuales casi la totalidad (52 069 cabezas) estaban en manos de productores privados, mientras los ejidos y comunidades agrarias existentes en el municipio poseían únicamente 591 bovinos.[24] Cabe destacar que, aunque pequeña, esta promoción a la ganadería ejidal era discordante con la principal vocación productiva de los campesinos de la región, pues hasta entonces su experiencia en la ganadería de bovinos era mínima. Los campesinos solían contar con unas pocas piezas de ganado bovino de raza criolla, que por lo general no llegaban a la decena de animales, y sin que para ello contaran con ranchos, sino que los bovinos pastaban en los ejidos, o bien andaban sueltos por doquier.[25]

A partir de los años setenta tuvo lugar un notable cambio en la racionalidad gubernamental yucateca, el cual embonaba con la puesta en marcha del proyecto federal —señalado líneas atrás— encaminado a incrementar la frontera ganadera del país, mediante diversos planes de desmonte. En esos años, en Yucatán se planteó como imperativa la participación pública en la promoción de la ganadería. Desde la década de 1950 se venía aduciendo que la producción local de alimentos de origen animal era deficitaria, lo que obligaba a cubrir el abasto con importaciones de otras zonas del país, situación considerada como una pérdida para la economía yucateca. Sin embargo, fue durante el sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) que se planteó con más fuerza la necesidad de desarrollar la ganadería ejidal de Yucatán. Este objetivo también quedó plasmado en el Programa de Diversificación Agropecuaria implementado en los años ochenta, cuyo principal propósito era crear alternativas productivas que permitieran superar el monocultivo del henequén, actividad que por esos años entraba en una plena fase de decadencia.[26]

Con este cambio en la posición gubernamental en torno a la ganadería, alrededor de 1974 hubo un notable incremento en el flujo de recursos monetarios a la actividad, especialmente en los ejidos del noreste del estado.[27] La extensión e intensificación de la ganadería que de ello resultó tuvo fuertes impactos en las formas de vida de ejidatarios y campesinos en general, trazando nuevas condiciones en la subsistencia. Nos parece importante destacar en particular dos elementos: en primer lugar, la imposición de la ganadería bovina como actividad central de muchos ejidos, y del colectivismo y la empresa capitalizable como bases de su funcionamiento; y, en segundo lugar, el desplazamiento de la agricultura de la estructura de subsistencia. Con la finalidad de canalizar los recursos a los ejidos, el primer paso fue la formación de numerosos grupos ejidales para los cuales la ganadería de bovinos se convertiría en su actividad principal. Estos grupos ganaderos fueron formados según la convocatoria de las autoridades agrarias; estaban integrados por entre diez y doce ejidatarios, y había ejidos que podían contar con hasta seis agrupaciones. A fines de los años setenta en todo el estado se contaban 1 011 grupos, distribuidos en los 96 municipios de Yucatán. Sólo en Tizimín se formaron 55 agrupaciones en esa década.[28]

El principal propósito de los grupos era ser sujetos colectivos de crédito, y que al mismo tiempo trabajaran a partir de la división de actividades entre sus integrantes, por lo cual el colectivismo necesariamente debía regir su funcionamiento. Cuando los grupos recibían los recursos, debían destinarlos a la compra de animales y de infraestructura —como potreros, cercos y abrevaderos—, y también a la manutención diaria de sus integrantes, como una forma de jornal, o bien para pagar a otras personas por la realización de trabajos como el mantenimiento de las praderas y guardarrayas, y la atención a los animales.[29] Después de un periodo inicial de casi dos años, los grupos podían llevar a cabo las primeras ventas de animales, cuyo producto —conocido como utilidades— sería reservado en primera instancia al pago del crédito, y en segunda a la ganancia de los integrantes del grupo, que debía ser repartida equitativamente entre todos.

Este tipo de organización era novedosa por varias razones. Hasta ese momento en los ejidos de Tizimín predominaba una forma de organización del trabajo basada en la familia, al igual que el uso comunal —pero no colectivista— de la tierra. Entre los ejidatarios la producción de maíz la llevaban a cabo unidades familiares, haciendo sus milpas en porciones del ejido cuya ubicación variaba según las características del suelo y los tiempos de descanso asignados a la tierra.[30] Si bien se llevaban a cabo algunos trabajos colectivos —como en el ejido de Chan Subin, donde tareas como la quema de guardarrayas o el tumbe del monte se realizaban entre varias familias, sistema conocido como "mano tras mano"—, la siembra, la cosecha y el disfrute de la producción eran asuntos que sólo concernían a la familia.

Numerosos testimonios contemporáneos del pasado indican que la escasa experiencia de los ejidatarios en la forma colectivista de organización fue uno de los elementos más problemáticos del fomento gubernamental a la ganadería bovina, que a la larga contribuyó a su decadencia. Por ejemplo, hablan de las relaciones desiguales que comenzaron a producirse al interior de los grupos al momento de llevar a cabo las tareas grupales y gozar de los beneficios de las utilidades que aportaba la venta de los animales, problema que en muchas ocasiones se originaba por la posición ventajosa que algunos ejidatarios asumían debido a sus nexos con políticos locales influyentes. Es decir, en teoría los grupos se organizaban de manera igualitaria, pero la realidad es que las relaciones entre sus integrantes estaban atravesadas por criterios que marcaban profundas diferencias y posibilidades de acción entre ellos.

Por otra parte, la imposición de la organización colectivista de la tierra, que también devino de la formación de los grupos, derivó en conflictos importantes, entre los cuales tuvo particular relevancia el desplazamiento del cultivo del maíz. Para la construcción de potreros y la siembra de pastizales fue necesario delimitar porciones de los ejidos que habían de destinarse exclusivamente a ese fin; la parte restante se dedicaría a la siembra de maíz. La pequeña extensión de los ejidos implicó serios problemas en esta nueva forma de asignar el uso de la tierra ejidal. Como señalan varios testimonios, los ejidos que tenían ganado por lo regular ya no podían sembrar maíz, puesto que para incrementar el número de animales —y así obtener más utilidades— era necesario destinar más tierra a la siembra de pastizales. La ganaderización de la tierra ejidal, generada por este tipo de situaciones, no solamente propició el desplazamiento de la milpa, sino además impidió que los campesinos pudieran contar con medios individuales o familiares para su sostenimiento, entre los cuales algunos señalan que hubiera sido más factible sembrar zacate para vender a otros ganaderos, o bien la siembra de cultivos comerciales.

Además de los problemas resultantes del colectivismo, otra situación que se presentó con los grupos ganaderos fue que también se impuso a los campesinos criterios económicos capitalistas, supuestamente tendientes al beneficio social, pero en última instancia orientados a la acumulación. Ello entraba en choque con la experiencia que la mayoría de ellos habían tenido en la producción orientada al autoconsumo, y mínimamente dedicada a la creación de excedentes destinados a la comercialización. Esta situación tuvo serias repercusiones en la forma como los grupos ejidales administraron los créditos. Debido a que las utilidades que resultaban de la venta de los animales se destinaban de manera prioritaria a pagar los préstamos, para muchos grupos resultó en verdad muy difícil acumular excedentes. A este problema se añadían otros, intrínsecos a la posición desfavorable de la mayoría de los campesinos y a los abusos cometidos por algunas autoridades. Por ejemplo, al momento de llevar a cabo la venta de los animales había compradores que pagaban cantidades tan bajas que apenas alcanzaban para cubrir los costos de la producción. O bien, en otros casos, cuando compraban crías para destinar a la engorda —generalmente, las adquirían en los ranchos particulares de la región— obtenían animales enfermos o en tan malas condiciones que resultaban una mala inversión. Problemas de esta naturaleza, aunados a los ya mencionados, propiciaron que la mayor parte de las agrupaciones se hicieran dependientes de los créditos, y no tuvieran condiciones reales para funcionar sin ellos.

A comienzos de la década de 1990 quedó claro que el gran proyecto estatal de ganadería ejidal había sido un fracaso como medio para construir una base sólida para la subsistencia del común de las familias campesinas de Tizimín. En esos años, como resultado de la alza en las tasas de interés del Banrural (que pasaron de 13.5% en 1979 a 100% en 1994), la mayor parte de las agrupaciones se encontraron en imposibilidad de cubrir sus préstamos con el banco. Pero el problema no quedó ahí, sino que, debido a la crisis de carteras vencidas del Banrural —por la que, desde 1988 se venían reduciendo los créditos refaccionarios en todo el país—, las agrupaciones ganaderas de Tizimín resintieron el mismo efecto que numerosas organizaciones en otras regiones de México: el financiamiento dejó de fluir y la única relación que quedaba con el banco era liquidar el adeudo.

Con la finalidad de pagar los préstamos al Banrural, pero sobre todo debido a que la empresa era insostenible sin el financiamiento del banco, casi todas las agrupaciones emprendieron la misma estrategia: vender los animales y partes de las instalaciones, pagar en lo posible los adeudos con el banco y dividir el remanente entre los integrantes. Aunque no podemos afirmar que esta trayectoria hubiera sido pareja en todos los ejidos de Tizimín —hay casos de pocas agrupaciones ganaderas o lecheras que continuaron trabajando por varios años sin necesitar los créditos gubernamentales—, sí encontramos que la situación más o menos generalizada que precedió a la entrada en vigor de las reformas neoliberales estuvo caracterizada por ejidos recientemente involucrados en la ganadería, pero que no habían contado con las condiciones suficientes para sostener la actividad y, en cambio, la agricultura se había visto casi totalmente desplazada. ¿En qué elementos se sostendría la subsistencia campesina ante tal panorama, y qué papel tendría en ella la tierra ejidal? ¿Qué capacidad tendrían los ejidos, en tanto forma de organización social, para negociar las condiciones de su obligada participación en el neoliberalismo agrario mexicano? En el apartado que sigue presento los arreglos mediante los cuales los ejidos de Chan Subin y La Amistad afrontaron estos problemas a partir de los años noventa y durante la década siguiente.

Reformas neoliberales en dos ejidos de Tizimín

Como ya hemos señalado, los ejidos de Chan Subin y La Amistad constituyen polos del abanico de respuestas campesinas al entorno neoliberal que es posible encontrar en el municipio de Tizimín, el cual básicamente implicó que, en un corto periodo, los ejidatarios dejaran de contar con los recursos necesarios para realizar inversiones importantes en sus tierras. A esta situación se aunaba el profundo cambio que trajeron las modificaciones al artículo 27 constitucional, las cuales permitían a los ejidatarios decidir de manera legal sobre el destino de la tierra ejidal. Presentamos, a continuación, el modo como los ejidos mencionados respondieron a este nuevo escenario.

Chan Subin

Chan Subin se ubica al sureste de la cabecera municipal de Tizimín. Hay noticias de su existencia como pueblo desde el periodo colonial temprano. Su ejido fue creado en 1942 —es decir, en la primera etapa de la Reforma Agraria que reconocimos aquí—, dotándosele con 920 hectáreas destinadas al disfrute de 190 campesinos, sin que después hubiera tenido lugar ninguna ampliación. A mediados del siglo pasado, la producción de maíz era la principal actividad productiva en Chan Subin, llevada a cabo tanto por ejidatarios en las tierras de ejido como por campesinos no beneficiados con la dotación ejidal, quienes tuvieron que recurrir a la renta de tierras en una finca cercana, también dedicada al cultivo del cereal. A pesar de la importancia del cultivo del maíz, la subcontratación de los varones en el corte de maderas en las fincas de los alrededores y como capeadores o vaqueros en los ranchos vecinos, era un componente de gran importancia en su subsistencia. En tiempos más recientes, durante el apogeo del fomento a la ganadería ejidal, Chan Subin contó con cuatro organizaciones ganaderas, integradas en total por 60 campesinos, las cuales se disolvieron en el transcurso de la década de 1990.

En lo relativo a la estructura actual de la propiedad de la tierra ejidal, es posible señalar que en Chan Subin la totalidad o gran parte del ejido permanece en manos de ejidatarios y de posesionarios, es decir, de todas aquellas personas que integraban el núcleo ejidal antes de la implementación del PROCEDE, incluidos los descendientes de los ejidatarios fundadores.[31] Esta distribución de la tierra se ha dado de la siguiente forma. Al ejecutarse el procede en 1996, casi la totalidad del ejido fue dividida para conformar 435 parcelas individuales, cuyo tamaño oscilaba entre ocho y 25 hectáreas. Estas parcelas fueron asignadas de la siguiente forma: 200 parcelas quedaron en manos de ejidatarios, mientras que las parcelas restantes pasaron a los posesionarios. Además, se formaron ocho parcelas colectivas en las que se encontraban los potreros y otras instalaciones que sirvieron a los grupos ganaderos ejidales en la época de apogeo de la actividad; estas parcelas fueron divididas entre unos pocos ejidatarios y posesionarios. Asimismo, de acuerdo con información verbal, en la actualidad no se reconoce la existencia de avecindados.[32] Así, en conjunto estos rasgos muestran que no ha habido un cambio de manos sustantivo en la propiedad de la tierra ejidal, sino que permanece bajo control del núcleo original de ejidatarios.

Esto, sin embargo, no implica que la emergente posibilidad de parcelar y enajenar la tierra ejidal no haya tenido consecuencias en Chan Subin. Aunque en lo fundamental la tierra ejidal no cambió de manos hacia actores externos, sí tuvo lugar una importante circulación de las tierras entre los integrantes del núcleo ejidal. Mediante este proceso algunos posesionarios o ejidatarios compraron, vendieron o intercambiaron entre ellos fracciones de parcelas o parcelas completas. Debido a que muchas de estas transacciones no han sido inscritas en el Registro Agrario Nacional, y dadas las dimensiones del ejido, resulta difícil tener un dato certero de cuántas parcelas han circulado de esta forma.

Hay, al menos, tres motivaciones importantes que han intervenido en estas transacciones, y que resulta de gran importancia reconocer para identificar la apropiación local de la nueva ley agraria. Sin duda, la más recurrente es la de conseguir terrenos colindantes o cercanos con los de los familiares, sobre todo hermanos y padres; quienes han procedido así por lo regular lo han hecho con el propósito de emprender actividades productivas en las que únicamente tomen parte personas reconocidas como familia. Una segunda motivación ha sido conseguir parcelas que en su interior cuenten con alguna obra o característica importante —por ejemplo, electrificación, cercos, sistema de riego o cenotes—, las cuales en el corto o mediano plazo les permitirían desarrollar alguna actividad productiva o vender a mayor costo. Una tercera y última motivación se relaciona con el hecho de que en Chan Subin al momento de ejecutarse el procede hubo desigualdad en la asignación de las parcelas, ya que mientras que algunos socios recibieron parcelas menores a 10 hectáreas, a otros se les asignaron parcelas mayores de 20 hectáreas, e incluso hubo casos de personas beneficiadas con más de una parcela. De manera que mediante la compra-venta varios ejidatarios o posesionarios han buscado incrementar la parcela propia, o simplemente conseguir una parcela en el ejido; esta última razón es señalada por los descendientes de ejidatarios que no obtuvieron ninguna parcela (quince personas).

Cuando la venta de parcelas se dio entre ejidatarios y/o posesionarios, la transacción tuvo lugar a precios relativamente bajos, de modo que en 2013 hubo parcelas de 20 hectáreas que fueron vendidas entre 40 mil y 60 mil pesos. Como señalaré más adelante, estas sumas pudieron cubrirlas sobre todo aquellas familias o personas que consiguieron empleo en las zonas turísticas de la costa de Quintana Roo.

El destino que ejidatarios y posesionarios han dado a estas tierras también es diverso, un elemento de gran importancia para reconocer qué efectos han tenido los cambios al artículo 27 constitucional en la forma que está asumiendo la subsistencia en los ejidos del noreste de Yucatán.

La mayor parte de las personas de Chan Subin que cuenta con parcelas tienen en ellas un reducido número de animales, que no supera las 20 cabezas, y que pueden ser tanto vacas, acaso con algún semental, o bien cerdos y aves de engorda. En el caso de los bovinos, los animales pueden ser propios o ajenos. Cuando se trata de animales propios los gastos que implica su sostenimiento son cubiertos con el trabajo de los integrantes del núcleo familiar fuera de la población, quienes se emplean ya sea como vaqueros en los numerosos ranchos que abundan en el municipio de Tizimín —donde obtienen salarios, por lo regular, bajos—, pero sobre todo en los puntos turísticos de la costa de Quintana Roo, donde los ingresos son mayores; o bien con pequeños comercios en el propio pueblo, pero este caso es el menos frecuente. Algunas personas cuentan con apoyos gubernamentales dispersos, como el Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGRAN), que no necesariamente constituyen paquetes crediticios como en el pasado, sino que más bien se trata de la entrega de recursos en especie —por ejemplo, aretes para la identificación de los animales o capacitación técnica—, o bien de estímulos monetarios directos por animal.[33]

El principal propósito de la ganadería de bovinos —cuando los animales son propios— es criarlos y/o engordarlos para vender, y en el caso de los cerdos o las aves de patio, engordarlos ya sea para el autoconsumo o también para su venta. Es una actividad que la mayoría de las personas no puede realizar continuamente, dado el reducido número de animales con el que cuentan —y desde luego, también por el pequeño tamaño de las parcelas—, sino sólo de manera ocasional, cuando existe la necesidad de una cantidad considerable de dinero en efectivo. En ese sentido, es notable la reaparición del viejo esquema presente antes del fomento gubernamental a la ganadería en los años setenta, cuando la posesión de animales constituía más una forma de ahorro que una inversión supuestamente capitalizable.

Por otra parte, hay personas que suelen tener animales ajenos en sus parcelas, estableciendo el mismo tipo de acuerdos que tuvieron lugar en las décadas anteriores, en los cuales el dueño de la parcela permite que las vacas y toretes de otras personas pacen en sus tierras, corriendo también por su cuenta el cuidado de los animales; al final de cierto periodo de tiempo, por lo general uno o dos años, las dos partes se dividen las crías que se produzcan durante el tiempo que duró el acuerdo. Es el acuerdo conocido como "repasto" o sociedad, y que en otros términos constituye una forma de aparcería, actividad que comenzó a ser legal con la nueva ley agraria, y que en la actualidad es fomentada por el gobierno federal con la finalidad de disuadir a los ejidatarios de deshacerse de sus tierras.[34] En Chan Subin el repasto ha sido un recurso importante para conseguir animales cuando no se cuenta con el dinero suficiente para comprarlos. Otro tipo de acuerdo de cierta presencia en este ejido es el llamado "pasto", que no es otra cosa que la renta de tierras pero sin que el propietario de la parcela adquiera responsabilidades por el cuidado de los animales; en 2013 el pasto se pagaba en dos pesos por día por la estancia de cada animal en la parcela.

La presencia de estos acuerdos en Chan Subin es importante, pues da cuenta de que si bien de facto las parcelas no han cambiado de manos, en realidad algunas de ellas están siendo utilizadas por personas ajenas al núcleo ejidal, en arreglos que dejan muy pocos beneficios a los dueños de las parcelas. Cabe destacar que tampoco tenemos información precisa del número de parcelas en este ejido destinadas a ese fin.[35]

Además de la cría y engorda de animales, en Chan Subin hay varias personas que aún siembran maíz y otros cultivos, y aunque no cuento con datos precisos, se trata de una cifra menor en comparación con los que tienen animales. Quienes cultivan maíz siembran pocas hectáreas, y lo producido lo destinan casi totalmente al autoconsumo. Algunas personas cuentan con apoyos del programa gubernamental PROCAMPO, un estímulo que se entrega mediante recursos monetarios directos a los productores, según la superficie sembrada. Hay varias razones para que el cultivo del maíz haya salido, en gran medida, de las actividades productivas cotidianas de la gente de Chan Subin. Una de ellas es el hecho de que, ante la ausencia constante de varios miembros de la familia al trabajar fuera del ejido, existen pocos brazos disponibles para llevar a cabo la siembra y la cosecha; esto a diferencia de la ganadería, que requiere de pocas personas para manejar a los animales. A ello deben añadirse los cambios ambientales, y que —según varias personas entrevistadas en Tizimín— en los últimos años han mermado la capacidad y el rendimiento de las milpas.

Aunque la siembra de maíz ha disminuido considerablemente, algunos parcelarios llevan a cabo otras actividades agrícolas, en particular la siembra de cultivos comerciales, como la papaya y el chile habanero, práctica aún no generalizada pero que es importante destacar porque no sólo tiene lugar en Chan Subin, sino que se está extendiendo a varios ejidos de Tizimín. La producción se destina a intermediarios que distribuyen estos productos en los centros turísticos de Quintana Roo.

La situación expuesta hasta aquí concierne a las parcelas que, en su mayoría, permanecen en manos de las personas que integraban el núcleo ejidal antes del PROCEDE.

Además de esta situación, en Chan Subin también tiene lugar la venta de parcelas a actores externos al ejido, aunque en menor escala. En términos proporcionales, el total de parcelas vendidas a actores externos no representa ni dos por ciento del total de la tierra ejidal; sin embargo, podría haber implicaciones importantes en este escaso número de parcelas comercializadas. En Chan Subin alrededor de diez parcelas —todas las cuales tienen la característica de contar con cenotes— han sido vendidas a personas vinculadas a empresas trasnacionales del ramo turístico, que cuentan con parques de diversiones en varios puntos del Caribe mexicano. Sus precios son mucho más elevados que las parcelas vendidas entre ejidatarios, pues han llegado a ser comercializadas entre 500 mil y 700 mil pesos por hectárea.

Como conclusiones de la situación que vive el ejido de Chan Subin podemos señalar dos. La primera es la presencia de un minifundismo de base familiar, en el que la tierra tiene un papel sumamente limitado para asegurar la subsistencia, y que es sostenido por el trabajo que algunos integrantes de las familias desempeñan fuera del ejido. Parece apropiado pensar que si este minifundismo no constituye el principal soporte de las familias, entonces quizá la determinación de sostenerlo no se deba tanto a sus aportes económicos, sino más bien a los deseos de reproducir una suerte de ethos campesino.

La segunda conclusión es que precisamente este minifundismo familiar hace posible la continuidad de la propiedad original del ejido, en el sentido de que permanece todavía bajo control de los fundadores del mismo y sus descendientes. Sin embargo, no hay indicios de que este proceso sea resultado de la necesidad de mantener al ejido como comunidad política. Más bien el hecho de que la tierra ejidal permanezca en manos de los ejidatarios es el resultado de la conjugación de numerosas iniciativas particulares que han tenido a la familia como su punto de partida, y no el sentido de pertenencia a la organización colectivista en el ejido. Esto explicaría que la asamblea ejidal no haya rechazado la venta de parcelas individuales a empresas cuya eventual instalación podría tener consecuencias mayores para toda la población.

La Amistad

En contraste con Chan Subin, en Tizimín hay varios ejidos que han experimentado notables transformaciones en su propiedad. En estos ejidos el cambio más drástico es que ha habido una gran circulación de tierras, mediante la cual parcelas completas o fracciones de ellas han sido vendidas entre los mismos ejidatarios y posesionarios, pero también, y en mayor proporción, un número importante de ellas ha pasado a manos de actores externos al ejido.

El caso del ejido La Amistad es representativo de esta situación. El ejido se encuentra a pocos kilómetros de la pequeña franja costera perteneciente al municipio de Tizimín, ubicada en la esquina noreste del estado de Yucatán. Se trata de un NCPE creado durante la segunda etapa que hemos distinguido en la historia agraria de Tizimín; es decir, como respuesta a las demandas de tierra por parte campesinos que no habían accedido a los ejidos conformados durante los primeros repartos agrarios. La mayoría de las personas que conformaron el ejido de La Amistad eran originarias de Chichimilá, Tinúm y la cabecera municipal de Tizimín, poblaciones ubicadas en el oriente de Yucatán. La resolución de su conformación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en agosto de 1965; sin embargo, la ejecución formal no se dio sino hasta finales de los años setenta, como ocurrió con otros ejidos conformados en ese periodo. Al concretarse dicha ejecución, el ejido fue dotado con 907 hectáreas, las cuales estaban destinadas al uso de 27 ejidatarios.

Al igual que en Chan Subin, en La Amistad la subsistencia tuvo bases múltiples, al gravitar en torno a la producción de maíz, el corte de maderas de bajo valor económico, que eran vendidas a la fábrica maderera de Colonia Yucatán, y el empleo como vaqueros o chapeadores en los ranchos cercanos. Durante el periodo de promoción a la ganadería ejidal La Amistad contó con dos agrupaciones ganaderas conformadas por casi una veintena de varones, las cuales tuvieron el mismo derrotero que las de otros ejidos: buen funcionamiento durante el flujo de recursos gubernamentales y disolución posterior al cese de los mismos.

A fines de los años 1990 el ejido de La Amistad estaba integrado por 37 ejidatarios. En 1999 tuvieron lugar las asambleas y trabajos para implementar el procede, en las cuales se tomaron dos importantes acuerdos. El primero fue la aceptación de la renuncia voluntaria de diez ejidatarios y un posesionario a sus derechos ejidales, quienes supuestamente encontraron medios para ganarse la vida fuera del ejido, y hacía tiempo no residían en la población ni trabajaban la tierra ejidal.

El segundo acuerdo fue el reconocimiento de los derechos agrarios de más de una veintena de personas vinculadas por diversos grados de parentesco a los integrantes del núcleo ejidal original, y quienes por varios años habían estado viviendo en la población o disfrutando las tierras ejidales. Así, en consonancia con este acuerdo, durante las asambleas del PROCEDE se otorgó la categoría de posesionarios a doce personas (todas mujeres) y de avecindados a catorce personas más. Hasta aquí, los dos acuerdos implican que al inicio del PROCEDE en La Amistad estaba teniendo lugar cierta reconfiguración del ejido, en la que una importante proporción (casi una tercera parte) del núcleo original renunciaba a él, mientras un conjunto de personas —en algún grado ligadas a éste— reclamaba derechos sobre la tierra ejidal. Después de la parcelación del ejido, en La Amistad comenzó a presentarse un creciente proceso de venta de parcelas, principalmente a personas externas al núcleo ejidal. Según la información obtenida en trabajo de campo, de 39 parcelas individuales formadas como resultado del PROCEDE, hasta la fecha 26 han sido vendidas a ganaderos que poseen ranchos en los alrededores del ejido. Se trata de cinco ganaderos, cada uno de los cuales compró entre cuatro y seis parcelas individuales, a precios que en la década de 2000 no rebasaban 20 mil pesos por parcela. Además, en los últimos cinco años fueron vendidas, también a ganaderos de la zona, tres de las cuatro parcelas colectivas donde se encuentran las instalaciones que en otro tiempo sirvieron a las agrupaciones ganaderas ejidales. Estas últimas parcelas se vendieron en más de 20 mil pesos por hectárea. En resumen los datos implican que, en el ejido La Amistad, de 43 parcelas individuales y colectivas en que se dividió el ejido, 29 han pasado a manos de los ganaderos de la zona, lo cual representa más de la mitad de la tierra ejidal. Todas estas transacciones, cabe recalcar, no han quedado inscritas en el Registro Agrario Nacional.

Ante este panorama, La Amistad es hoy una población prácticamente abandonada. Entre las personas que todavía cuentan con parcela, unas pocas siembran maíz que destinan al autoconsumo, casi siempre en extensiones menores a cuatro hectáreas. Entre las actividades desarrolladas en las parcelas que están en manos de ejidatarios y posesionarios destacan la cría y engorda de un reducido número de bovinos, cerdos y aves, y en menor medida la siembra de chile, cítricos y coco destinados a la comercialización. Todas estas son actividades que tienen poco peso en la subsistencia de las familias, pues la mayoría depende del trabajo de algunos de sus integrantes fuera del ejido, ya sea en los centros turísticos del Caribe mexicano, como vaqueros en los ranchos de la región o como jornaleros en los plantíos de chile y de papaya de los pueblos cercanos y de Quintana Roo. A diferencia de otros ejidos, en La Amistad el establecimiento de arreglos con ganaderos mayores para formar las llamadas "sociedades" y la renta de parcelas para el agostadero de animales son prácticas poco comunes, y además no tendrían sentido porque la tierra ya está en manos de esos ganaderos.

Ideas finales

Este artículo tuvo como directriz central caracterizar las contrastantes respuestas de algunos ejidos del noreste de Yucatán al entorno neoliberal, a partir de dos problemáticas: los cambios al artículo 27 constitucional y la disminución del apoyo estatal al fomento de las actividades productivas ejidales, en particular la ganadería de bovinos. El propósito fue reconocer cómo estas dos problemáticas incidieron en la subsistencia campesina y la propiedad de la tierra ejidal en dicha región.

Para ello presentamos los casos de dos ejidos del municipio de Tizimín. Expusimos que en uno —Chan Subin — habían surgido acomodos que, pese a provocar cambios importantes en lo que hasta ese momento había sido la forma común de procurarse la subsistencia, permitieron que la totalidad o gran parte de la tierra ejidal permaneciese bajo el dominio de los ejidatarios; mientras en el otro —La Amistad— había tenido lugar un denodado cambio de manos de la tierra ejidal, favorable a la expansión de los ranchos ganaderos, conforme el trabajo asalariado rural y urbano se arraiga como base de la subsistencia.

La coexistencia de respuestas tan contrastantes en un mismo espacio social resulta notable no sólo por evidenciar las heterogéneas consecuencias de las reformas neoliberales en un mismo espacio regional, sino por mostrar la pobre capacidad que tuvieron los ejidos para sostener a una parte de la población campesina, y mantenerse como elemento central de la organización ante las profundas transformaciones a partir de los años noventa. Como también señalamos, esta pobre capacidad no solamente es resultado del entorno neoliberal reciente, sino también, y en gran medida, de las limitaciones impuestas por una reforma agraria incompleta y de motivaciones cambiantes.

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